Por primera vez, un juez procesó a la ex presidenta por supuestamente dirigir una asociación ilícita. Si es condenada, por este delito debería ir presa.
Para el juez federal Claudio Bonadio, Néstor Kirchner desde que llegó a la presidencia en el 2003 y hasta su muerte en el 2010 dirigió una “banda” para cobrar millonarios sobornos de empresarios contratistas del Estado como Cristóbal López y Lázaro Báez. Solo en contratos de alquiler éstos últimos les pagaron 26 millones de pesos, pese a que la ley prohíbe a los funcionarios tener negocios con los empresarios a los que le conceden contratos públicos, como obras, concesiones del juego o áreas petrolera.
Si bien en otras causas fue investigada por asociación ilícita, ahora un juez por primera vez la procesó por ese delito que tiene una pena de entre 3 y 10 años de prisión. Si bien le concedió la libertad durante el proceso, este delito complica a la ex presidenta para la etapa del juicio oral en la que si es condena debería quedar presa.
Tras el fallecimiento del ex presidente, la organización (asociación ilícita, según el fallo de 300 páginas), pasó a ser dirigida por “Cristina Elisabet Fernández, Máximo Carlos Kirchner, también con el concurso y aprobación de Florencia Kirchner”, sintetiza Bonadio, quien ya había procesado a la ex presidenta en la causa dólar futuro.
Luego de analizar la mayoría de las relaciones societarias de la inmobiliaria “Los Sauces” –no confundir con el hotel del mismo nombre-, el magistrado explica una por una las “vinculaciones que forman parte de una suerte de “enjambre societario”, que conduce a una confusión económica y jurídica de la mayoría de estos patrimonios y que demuestran las conductas endilgadas”. Así descartó la cortada de los Kirchner cuando declararon que Los Sauces era “una típica sociedad familiar” que había cometido solo desprolijidades en sus libros societarios.
Por el contrario. Bonadio destaca que “se observa que existen compraventas de inmuebles entre las mismas sociedades y que “las mismas personas ocupan puestos” en empresas que están de uno y otro lado del mostrador. Sólo de las descripciones “de compra venta y refacción de los inmuebles se denota que la mayoría de las transacciones se realizaron con empresarios amigos, que muy acertadamente, crearon las empresas simultáneamente a que el ex presidente Néstor Carlos Kirchner asumiera como Presidente de la Nación”.
El procesamiento destaca el rol de Osvaldo Sanfelice –el socio e íntimo de Máximo- y del contador Víctor Manzanares, quienes hasta ahora habían zafado de otras acusaciones. Sanfelice de ser “también el administrador de la firma “Hotesur S.A.”, propietaria de los hoteles «Alto Calafte», «posada «Los Sauces S.A,» y «Las Dunas» de la familia Kirchner, habiendo reemplazado también en dicha labor, a “Valle Mitre S.A.”, destaca el juez. En cambio, Víctor Alejandro Manzanares, contador de Néstor Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Máximo Kirchner, de la firma «Los Sauces S.A.,» y síndico del “Banco de Santa Cruz”, “resultó ser el organizador e ideólogo de los movimientos financieros de las personas físicas y jurídicas prenombradas, como así también de la administración de los bienes inmuebles que registran”.
En definitiva, Cristina procesada por el dólar futuro y por el direccionamiento de 3 mil millones de dólares de la obra pública a favor de Báez, ahora quedó mucho más complicada, cuando aún falta la imputación del fiscal federal Gerardo Pollicita por la causa Hotesur. Para su mala suerte, además, ayer, luego de que la Cámara Federal corrió a Sebastián Casanello, Bonadio se quedó con la causa en que se investiga si CFK ordenó “armar” causas contra el ex director de la SIDE, Antonio Stiuso, el ex espía al que más le tema le ex presidenta.
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