Por Oscar Rocha Alfaro*
La diferente normalidad, impuesta por la pandemia Covid_19 y seguramente sus mutaciones de cepas a nivel mundial, ha colocado a los distintos niveles institucionales estaduales en una situación inesperada.
Y en tal sentido, las respuestas institucionales fueron variadas, abarcando desde una verdadera integridad institucional y democrática hasta un preocupante retroceso en el marco de un razonable ejercicio de libertad personal, ambulatoria y hasta de libre albedrío.
La llamada “globalización” pareciera que cedió ante la renovación del concepto de “glolocalización”, es decir ante una pandemia mundial las respuestas locales, desde el orden regional al municipal, debieron ser casi inmediatas, con sus aciertos y errores, con sus excesos, defectos y virtudes.
Un dato de la realidad es que la propagación de la pandemia puso de vuelta sobre el tapete el concepto y la función específica de todo “Estado” en sus diferentes niveles, en particular el nacional, provincial y municipal en nuestro país.
Ahora, la posibilidad fáctica de acceder a la representación y manejo de todo Estado es la resultante de elecciones generales, democráticas, abiertas, públicas al control ciudadano en un real marco de integridad electoral.
A su vez, los esquemas participantes de dichos procesos electorales, tienen como principal instrumento constitucional a los llamados partidos políticos.
Y éstos se nutren de personas motivadas por los principios e ideas que cada partido político adopta en su identificación ideológica, política, social, económica.
Y los partidos políticos también deben tener la posibilidad cierta de renovarse periódicamente mediante procesos electorales internos con reglas claras, equitativas y absolutamente democráticas para que los conduzcan un grupo de personas que además de identificarse con las ideas propias del partido, construyan una cohesión política identitaria con una mirada común.
Este marco teórico, al contrastarlo con la realidad argentina, nos marca indisimuladas y preocupantes diferencias. En el orden nacional, la construcción de la llamada “grieta”, nos viene empujando, lamentablemente, a una discusión permanente e irreductible. Asimilar la llamada “tesis adversarial” para imponerse sobre el otro nos viene llevando al lugar donde estamos a nivel nacional, con todo lo que ello implica, para mí en una discusión bizantina o como discutir sobre el sexo de los ángeles.
En el orden local, si bien los gobernadores del pasado y del presente vienen resistiendo la imposición adversarial nacional, ello ha fortificado aún más el exceso de personalismo de dichos gobernantes.
Lamentablemente la provincia de Salta no goza de una razonable calidad institucional y democrática. Sus instituciones públicas, comenzando por el Poder Judicial luego por el Poder Legislativo y concluyendo en los órganos de control y contralor, vienen gozando de un desprestigio permanente. Las instituciones privadas, a su vez, padecen de una pasividad/sumisión al poder público gobernante que resulta harto preocupante.
Es sumamente necesario cambiar ciertas reglas institucionales que van desde una reforma constitucional provincial hasta nuevas leyes modernas, superadoras, desprendidas y hasta audaces en particular relativas al manejo del propio Estado y sus recursos.
Si se viene haciendo más o menos lo mismo desde hace más de 30 años porqué las cosas habrían de cambiar? La redistribución del ingreso en la provincia debe tener un cambio estructural y para ello se necesita capacidad, audacia, “piel de rinoceronte” y adhesión de la gente.
Por eso lo principal es que quienes aspiren a conducir los destinos de cualquier nivel estadual, sean personas formadas, con experiencia de vida, con legítimas ambiciones y con un enorme sentido común; pero por sobre todo con una convicción ética democrática, republicana que predique como el ejemplo.
Es hora de las conductas ejemplares en la política salteña.
- El autor es dirigente del PRS, exfuncionario provincia y exconvencional constituyente provincial
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