Salvo tres organizaciones, los demás trabajan sin control estatal
El coordinador general de Adicciones de la Provincia de Salta, Martín Teruel, a cargo de esta cartera desde hace cinco años, aseguró a El Tribuno que no se controla si los centros privados de tratamiento de adicciones se ajustan a la ley de salud mental, y reconoció que se puede trabajar de cualquier manera.
Los únicos espacios que están supervisados por la Agencia de Salud Mental y Adicciones, del Ministerio de Salud Pública, son los de gestión estatal y tres establecimientos privados que trabajan en red con Salud Pública: Asociación Betania, Fundación Revivir y Casa Terapéutica María Reina, que deben cumplir con el protocolo terapéutico de prestaciones profesionales establecido, según informó El Tribuno.
El funcionario reconoció que existen algunas ONG que le parecen “cuestionables”, y consideró que no están obligadas a integrarse a la red: “Se trata de las organizaciones que no tienen profesionalizados sus servicios, que se limitan a la ayuda mutua, a la consejería, en las que no hay diagnóstico de los pacientes, ni procesos terapéuticos sobre la base de esos diagnósticos”.
Según dijo, en la provincia hay cinco organizaciones que trabajan por fuera de la red: tres cumplirían con los estándares, aunque sin supervisión directa sobre los procesos, y un par no cumplirían con estos y funcionan igual.
En tanto que datos oficiales señalan que el 80 por ciento de las personas con problemas de adicción en Salta realizan los tratamientos en los programas estatales y el 20 por ciento restante, en las ONG con convenio. De las otras no hay datos.
Sin órgano de revisión
La ley nacional crea instituciones para controlar las condiciones generales de vida en las instituciones públicas y privadas que proveen internaciones por motivos de salud mental y adicciones. En el artículo 22, manda la creación del órgano de revisión, un equipo multidisciplinario en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, que debe recibir denuncias de violaciones a derechos humanos, monitorear instituciones y hacer recomendaciones de política pública.
Esta institución, que aún no fue creada en Salta, tendría el poder de policía para ejercer el control sobre los centros privados. Ante la anomia, profesionales que trabajan con la temática consideraron que la cartera de Adicciones tendría que regular y controlar los establecimientos privados que tratan a personas con problemas de consumo.
“Por lo menos, hasta que haya órgano de revisión, tendrían que hacer un censo de todas las instituciones que hay en Salta, verificar que cumplan las condiciones mínimas y la forma en que hacen el tratamiento”, expresaron, y consideraron que la inacción de esta área de Salud Pública pone en riesgo a la población que está en situación de vulnerabilidad.
Más regulación efectiva
El Consejo Consultivo Honorario de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, en un comunicado oficial, advirtió que en instituciones que proveen internación por motivos de adicciones ha habido históricamente “graves violaciones a los derechos humanos, que van desde abandono y negligencia hasta ejercicio directo de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes”. Por eso, invitaron a “reforzar la atención pública, universal, intersectorial e integral”.
Observaron que, “si bien el marco normativo es garante de derechos, el Estado aún mantiene una deuda importante en la supervisión, habilitación y control de estos establecimientos privados y públicos”.
El 21 de septiembre de 2011, en el marco del décimo séptimo Congreso Internacional Salud, Crisis, Reforma, en
Buenos Aires, el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en la Argentina, Pier Paolo Balladelli, disertó acerca de las claves para mejorar el sistema de salud argentino. Entre ellas, se refirió a la regulación efectiva del sector privado.
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