Por Silvana Giudici
a creación de un observatorio para evaluar el grado de odio o maliciosidad contenido en las noticias o comentarios de las redes sociales, Nodio, pone en alerta a quienes reconocemos como fundamental el derecho a pensar, opinar y expresarse en libertad, sin tutelaje del estado ni censura.
Lamentablemente no es la primera vez desde la asunción del nuevo gobierno que se manifiesta la tensión existente entre la libertad de expresión y los contenidos digitales. En abril de 2020 la ministra Frederic encendió la polémica con la implementación del ciberpatrullaje para medir el humor social a través de los comentarios de los ciudadanos en las plataformas digitales.
Esta concepción vigilante del estado sobre los contenidos digitales, se profundiza ahora con la creación de «Nodio», en el ámbito de la Defensoría del Público. Un instituto destinado a combatir «mensajes favorables a la dictadura cívico militar, misóginos, sexistas, racistas, homofóbicos, que intoxican el debate democrático y refuerzan opiniones que promueven la polarización.» según lo expresado por su titular Miriam Lewin.
Los textos publicados en la página oficial, borrados luego, junto con el video del acto de lanzamiento, establecían que Nodio se creaba para «investigar detectar y desarticular estrategias argumentativas de las noticias maliciosas y la identificación de sus operaciones de difusión».
Es importante, más allá del debate global sobre fake news o del reconocimiento de las distintas estrategias que los países democráticos van tomando al abordarlas, resaltar tres consideraciones que revelan la gravedad de la iniciativa.
1) La Defensoría del Público está creada por la ley 26522. Cuenta para su funcionamiento el 5 % de la totalidad de los recursos que la radio y televisión privada aportan con sus impuestos al tesoro nacional. El organismo llegó a contar con más de 100 empleados en su plantilla, y un presupuesto, de alrededor de 180 millones anuales. Varios organismos del estado se le superponen en el ejercicio de sus mismas competencias. La Defensoría del Pueblo, el Inadi, los ministerios y secretarías de Mujeres, Géneros y Diversidad, Niñez, Niños y Adolescentes, y el INAI, entre otros tutelan derechos similares.
2) Ya existe un observatorio para evitar la discriminación y la violencia simbólica hacia la mujer en los medios audiovisuales. Fue creado en 2007 y funciona integrado el Inadi, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y Enacom.
3) Nodio tendría facultades para iniciar procesos sancionatorios. El artículo 19 inciso a) de la ley 26522 le otorga a la Defensoría del Público legitimación judicial y extrajudicial para actuar de oficio, por sí, y/o en representación de terceros, ante cualquier instancia judicial o administrativa, independientemente de la existencia o no de causa individual, con legitimación tanto subjetiva como objetiva sobre derechos de incidencia colectiva.
Por tales motivos queda claro que la iniciativa de la defensora Lewin no puede tener lugar en el ámbito estatal. Es necesaria la intervención de la Comisión Bicameral de la cual ella depende, a fin de corregir el abuso de autoridad cometido con la creación de un instituto sin competencia específica y a contramano de la Constitución Nacional.
No se trata de un debate académico o de ejercicios intelectuales, que suelen esgrimir aquellos que se regocijan al otorgar premios a Nicolás Maduro como referente de la libertad de expresión, se trata de una medida tomada por un organismo público, que en sus inicios fue utilizado para abrir sumarios, y exponer públicamente a periodistas críticos bajo la premisa de supuestas afectaciones contrarias a derechos consagrados.
Con la sanción del DNU 690/20, que declara de servicio público la provisión de internet, habíamos alertado sobre el riesgo de crear condiciones regulatorias invasivas para la web. Distintos funcionarios salieron a aclarar que el estado no tiene facultad regulatoria sobre contenidos digitales. Contradiciéndolos, Nodio certifica que la idea de un Estado vigilante, determinador de la veracidad de las noticias, aleccionador ideológico sobre todo aquello que no coincida con su corriente de pensamiento, sobrevuela las cabezas de muchos dirigentes del kirchnerismo.
En momentos de tensión sobre las libertades individuales, como los que estamos experimentando, Nodio podría constituirse en un brazo ejecutor de las ideas de supremacía ideológica, que tienda a eliminar del discurso público las voces críticas acusadas de formar parte de la «derecha antagónica que fomenta el odio» o a cuestionar la validez democrática de las expresiones de todo aquel que, en palabras del actual jefe de Gabinete, no sea considerado como parte del «pueblo».
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