Ediles de Salvador Mazza y Joaquín V. González son algunos de los imputados por el tráfico de más de media tonelada de cocaína a Europa.
No son rumores ni es la vieja sospecha de que detrás del narcotráfico hay vinculaciones políticas. Son dos juicios que se llevan adelante en los tribunales federales de Salta que juzgan el tráfico de más de media tonelada de cocaína y que tienen entre los acusados a ex concejales de dos localidades salteñas atravesadas por el narcotráfico: Salvador Mazza y Joaquín V. González, según informó La Gaceta de Salta.
Ambas causas desandan sus tramos finales. Los testigos ya desfilaron y el debate ya concluyó, solo queda tiempo para los alegatos de las partes antes de oír el veredicto de los jueces. Las similitudes entre los casos no se agotan en la investidura política de algunos de sus imputados, sino también en el ingreso de la droga a través de vuelos clandestinos provenientes de Bolivia, extensas investigaciones y prófugos.
“Carbón Narco”
«Quiero decirle que hay un avión que tira paquetes de merca en los campos que están cerca de La Unión y de ahí lo llevan para un aserradero o carbonería en Joaquín V. González; el jefe se llama Waldemar o Paulo, yo me lo cruce en Bermejo y en Yacuiba, me parece que vive en Orán o Tartagal, por ahí espero que puedan hacer algo».
Eso decía el mail que llegó al correo de la Dirección Antidrogas de Gendarmería Nacional e hizo nacer la investigación el 7 de octubre de 2009 por vuelos clandestinos que dejaban estupefacientes en las localidades de La Unión, Rivadavia y Joaquín V. González.
LUIS CIFRE
El devenir de la investigación logró establecer que en la calle 20 de Febrero de Joaquín V. González existía un aserradero que pertenecería a Waldemar Ferreira, quien tenía como socio en la venta de madera a Luis Arturo Cifre, concejal electo de esa localidad por el Frente Para la Victoria y dueño de una carbonera.
Joao Paulo Ferreira Marques, hermano mellizo de Waldemar, mantenía una relación sentimental con Natalia Cifre, sobrina de Luis, de modo que el vínculo era profesional y familiar. Aquello resultó también por la existencia de un entramado societario compuesto por las firmas Mundicarbo SRL, Ecocarbono SRL, Tacuaral SRL y Consorcio Zona Franca Tucumán SA, que los vinculaba a los tres entre sí y con la venta de carbón vegetal, como actividad lucrativa, según consta el expediente al que tuvo acceso LA GACETA.
Los antecedentes penales de los hermanos Ferreira Marques en su país de origen, Portugal, referían que Paulo había estado imputado en una causa por tráfico de estupefacientes y que en 2005 había intentado obtener un DNI con los datos nominales de su hermano mellizo.
REYNOSO Y JOAO FERREIRA
A medida que la investigación, a base de seguimientos y escuchas, avanzaba por las misteriosas comunicaciones y operaciones comerciales, se constató que sobre la Ruta Provincial Nro. 41, a 95 kilómetros de Joaquín V. González y a 20 kilómetros de la intersección con la Ruta Provincial Nro. 52, en el interior de una finca, existía una pista clandestina que habría sido construida con máquinas propiedad de los hermanos José Andrés y Luis Cifre. Aquello fue corroborado mediante un reconocimiento aéreo.
En una comunicación telefónica del 23 de septiembre de 2011, el agente aduanero Jorge Gabriel Robles le dijo a Luis Cifre que ya fueron escaneadas las bolsas de carbón y agregó: “ya podés meter la merca tranquilo” y le pidió plata para pagarles a las personas encargadas del escaneo, que no eran otra cosa que agentes aduaneros.
La comunicación hacía referencia a la introducción, en las bolsas de carbón escaneadas, los 356,425 kilos de cocaína procesada con apariencia de carbón vegetal, disimulados en 15 bolsas tipo arpillera de color blanca. Ese cargamento fue secuestrado días después, el 19 de octubre, en un allanamiento en el inmueble ubicado en camino al cementerio esquina calle Venezuela, sin número, del Barrio Francisco Arias, de la localidad de Joaquín V. González, cuya tenencia detentaba Cifre (quien quedó detenido), pese a que este, en su declaración, lo negó.
Los alegatos de este juicio se comenzarán a escuchar el jueves. La Fiscalía, representada por Francisco Snopek, tiene a Joao Paulo Ferreira Marques como líder de la banda y nexo para exportar la droga a Portugal; a Luis Cifre como su mano derecha u hombre de confianza; a Natalia Cifre como socia comercial y encargada, junto a su tío, de las finanzas de la organización.
Resultaba evidente la necesidad de contar con un anclaje dentro de la zona franca aduanera que facilitara las maniobras de contrabando de estupefacientes y este rol fue desempeñado por el agente aduanero Jorge Robles y por el despachante de aduanas Juan Ángel Mecozzi. Pablo Giraldo Marulanda, Héctor Fernando Muñoz Restrepo y Jorge Miranda eran los encargados de obtener el material estupefaciente.
JOAO FERREIRA MARQUES
La banda funcionó al menos desde el 7 de octubre de 2009 (fecha de inicio de la causa), en las provincias de Salta y Tucumán, la que se dedicaba al tráfico ilícito de cocaína procesada con apariencia de carbón vegetal, la que era embarcada en el puerto de Rosario, Provincia de Santa Fe, con destino a la República de Portugal, mediante gestiones en la Zona Franca Tucumana.
El concejal y el portugués, beneficiados por Reynoso
La causa de Carbón Narco es una de las que integran el cúmulo de casos por el que se está juzgando a Raúl Reynoso, ex juez Federal de Orán, por beneficiar a detenidos por narcotráfico a cambio de dádivas.
Con la intervención de la abogada María Elena Esper (procesada junto a Reynoso por beneficiar a narcos a cambio de coimas), Ferreira Marques y Cifre fueron liberados por el ex juez. Luego, les cambió la calificación legal a partícipe secundario.
Cifre volvió a caer detenido en enero de 2016 por una orden que dispuso el propio Reynoso en septiembre de 2015, cuando aún era juez y meses antes de que estallara el escándalo que hoy lo tiene procesado, detenido y enjuiciado.
Una vez liberado, Joao Ferreira huyó a su Portugal natal pero el 21 de septiembre de 2017, la policía portuguesa lo detuvo en la localidad de Torres Vedras (a unos 50 kilómetros de Lisboa) en cumplimiento de un pedido de captura internacional de la Justicia Federal de Salta.
Operativo “Febrero Blanco”
Dos años y medio después del operativo que destapó una compleja organización dedicada al narcotráfico desde Salta, el juicio contra los cinco acusados, entre quienes se encuentra un ex concejal de Salvador Mazza -y debería haber otro pero está prófugo-, comienza a llegar a su fin.
El caso salió a la luz cuando se coronó el golpe maestro a la banda la madrugada del 14 de febrero de 2016, cuando en la localidad de Taco Pozo, Chaco, se detuvo un camión con más de 260 kilos de cocaína, se hicieron varios allanamientos y se detuvo a casi todos los integrantes.
José Martín Melgarejo, Sergio Rafael Velarde y Rubén Alfredo Maurín, están acusados de ser coautores responsables del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas; el ex concejal Gabriel Alejandro Maurín en calidad de partícipe primario y Julio César Vilaseca y Jesús Sebastián Gerónimo, como partícipes secundarios del mismo delito. Una pieza clave de la organización como el ex concejal Mauricio Gerónimo, sigue prófugo y con pedido de captura internacional. Estaría en Bolivia.
Según la Fiscalía, para asegurar el éxito de su plan, reclutaron a profesionales (un veterinario y un abogado), políticos (dos concejales) y lugareños o baqueanos. La idea era asegurarse la recepción de la droga en el monte que ingresaba vía aérea desde el Estado Plurinacional de Bolivia, su acopio y posterior colocación en camiones para su traslado a los puertos, pasos fronterizos o a las grandes ciudades, ya sea para continuar viaje a otros continentes o para incorporarla al mercado para su comercialización.
La historia comenzaba en Bolivia de la mano de un poderoso empresario, Wilson Maldonado Balderrama, quien era el que enviaba a nuestro país, por medio de avionetas, bultos cargados de cocaína que eran bombardeados en los departamentos de Metán y Anta, fundamentalmente en Las Lajitas y Joaquín V. González. Los paquetes con droga secuestrados tenían como marca de identificación la sigla “W”.
Cuando la “lluvia” cesaba, Escudero y Rubén Darío Velarde recibían los paquetes y los ocultaban, lo que quedó acreditado gracias a la interceptación de llamadas telefónicas. Estas personas recibirían el apoyo de conocedores del lugar. Algunas personas, estarían en la zona y serían las encargadas de realizar excavaciones en las fincas para ocultar la droga. Para sacar la droga del lugar, la organización se valía de vehículos de tracción 4×4 o camiones.
A partir de ese momento, el abogado Rubén Alfredo Maurín era la persona que no solo se encargaba de buscar el medio de transporte para llevar la cocaína, sino que también tenía intervención en la dirección y control de la acción. Incluso fue el “puntero” del convoy detenido en Febrero Blanco, cuando debía avisar cualquier anomalía en los controles de ruta.
Su hermano, el ex concejal Gabriel Alejandro Maurín, está acusado de ser el nexo entre los distintos operadores de la maniobra, teniendo un importante grado de decisión, dirección y control de la actividad ilícita. Su captura pudo lograrse después ya que abandonó el país al día siguiente del procedimiento para dirigirse a Bolivia, donde se habría entrevistado con Wilson Maldonado Balderrama, con quien tenía una fluida relación.
Un trabajo similar ejecutaba el ex edil Mauricio Gerónimo, quién está prófugo desde el mismo día del operativo que detuvo a sus compañeros, ya que logró huir cuando también actuaba como puntero. A fines de marzo de 2016, el ya destituido concejal subió a youtube un video grabado desde la clandestinidad en el que manifestó su inocencia y disparó contra el Estado y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
En la audiencia de hoy será el turno de alegar del fiscal Carlos Amad. La semana pasada, la Unidad de Información Financieras –es querellante en la causa- alegó y solicitó la pena de 14 años de prisión para todos los imputados a excepción de Julio César Vilaseca y Jesús Sebastián Gerónimo, para quienes pidió 9 años de cárcel por ser partícipes secundarios.
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