La dirigente K de la Tupac Amaru fue encontrada culpable en la causa conocida como «Pibes Villeros». Fue juzgada por el millonario desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales.
Milagro Sala fue encontrada culpable de defraudación al Estado, asociación ilícita y extorsión en la denominada causa «Pibes Villeros» y condenada a 13 años de prisión. Además, quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos.
Durante el proceso se investigó el desvío de fondos estatales por más de 60 millones de pesos, cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales, entre 2011 y 2015, las cuales nunca se realizaron.
Para los jueces, Sala era la jefa de esta asociación ilícita, , que con la ayuda de funcionarios provinciales y municipales operaban para extraer dineros de programas habitacionales nacionales, los cuales «fueron utilizados con otros fines».
De esta manera, las cooperativas jujeñas «pedían trabajo y presionaban al gobierno provincial y a los municipios» para que se les entregue tierras y así conseguir la realización de diversas obras en barrios de la capital jujeña y localidades del interior.
Durante el juicio que se inició el pasado 23 de julio declararon 104 testigos y se analizaron documentos de diversos organismos y videos que se sumaron a la investigación.
Durante la tarde de este lunes, previo a recibir la condena, Sala realizó declaraciones a la prensa: «Nadie investiga nada, pero sí investigan a la negra, a la coya, a la chorra. Así que, queridos periodistas, ustedes son parte de la burocracia y son ustedes los responsables de implementar la Justicia en nuestra provincia».
También dijo que la Justicia «está cooptada por Gerardo Morales», gobernador de Jujuy, y profundizó: «Los jueces fueron apretados por Morales para que nos dicten una condena a todos nosotros. Y todos los compañeros son inocentes, no robaron nada. Lo único que hicieron fue buscar dignidad y vivir un poquito mejor».
Junto a la dirigente social fueron condenados su esposo Raúl Noro a tres años de ejecución condicional, la diputada provincial Mabel Balconte, a 8 años con pedido de desafuero y a más de veinte ex integrantes de cooperativas de trabajo que integraron la Tupac Amaru y la Red de Organizaciones Sociales.
Asimismo, la condena alcanzó a Lucio Abregú y Pablo Tolosa Perea, dos ex miembros del directorio del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), y a dos técnicos, uno del IVUJ y otro de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Milagro sala se encuentra con prisión domiciliaria y enfrenta varios procesos penales en forma simultánea. Había sido detenida en enero de 2016 y en primera instancia fue alojada en la Cárcel de Mujeres de Alto Comedero para luego recibir el beneficio de la domiciliaria por el fallo de la CIDH, ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Además de la causa conocida como «Pibes Villeros», la Justicia jujeña la condenó a tres años de prisión en suspenso por un violento «escrache» al gobernador Gerardo Morales, ocurrido en 2009, y la investiga por otra denuncia de desvío de fondos en torno a la construcción de viviendas sociales.
El mes pasado, el Tribunal en lo Criminal 3 le concedió la prisión domiciliaria en su casa del barrio Cuyaya con una pulsera electrónica debido a sus problemas de salud. Previamente se encontraba en una residencia en el dique La Ciénaga, pero había pedido el traslado.
Una semana antes había sido absuelta por el Tribunal en lo Criminal 2 en la causa «Balacera de Azopardo». Sala estaba acusada de haber pagado para que asesinen al dirigente Alberto «Beto» Cardozo.
No obstante, el ex miembro de la agrupación Tupac Amaru, Fabián «Chato» Ávila, sindicado como uno de los ejecutores de la orden de matar a Cardozo, fue condenado por tentativa de homicidio a seis años de prisión.
Los fundamentos de las condenas se van a conocer dentro de 10 días. Pero se basan en las acusaciones del fiscal de Investigación, Diego Cussel, quien imputó a Sala de dirigir, organizar y ordenar el accionar colectivo de un grupo de personas pertenecientes a la Tupac Amaru, mediante «el despliegue de medios intimidatorios».
«El objetivo inequívoco era defraudar de forma sistemática a la administración pública provincial, en provecho propio, y/o de integrantes de dicho grupo y/o de terceras personas», planteó el fiscal Cussel. Y añadió que «la organización de recursos suscitada por Milagro Sala y acordada con los integrantes de la asociación, tenía por objeto el apoderamiento ilícito de recursos dinerarios del Estado que alcanzaban alrededor de $ 60.352.790,80»
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