Una nena de 13 años integra la lista. Bachelet mostró su preocupación por el alto número de muertes como resultado de operativos de seguridad.
Melany Cabezas, una nena de 13 años, y Wilder Gabriel Mujica, de 18 años, ambos estudiantes asesinados en Petare, el barrio más populoso de Caracas y América Latina, esta semana, forman parte de las 2.000 ejecuciones extrajudiciales en lo que va de año en Venezuela, denuncia Michelle Bachelet la Alta Comisionada de los DD-HH. de la ONU.
La niña Cabezas fue impactada con una bala perdida en su rostro mientras jugaba con su muñeca en la escalera de su vivienda y el joven Mujica fue baleado por resistirse al robo de sus zapatos, cartera y teléfono celular. Ambos jóvenes vivían en José Félix Rivas, la zona central de Petare.
La ex presidente de Chile presentó este viernes su informe de actualización, donde “le preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad. Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi Oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2.000 muertes desde enero de 2020″.
Calificó de positiva la detención de cinco miembros de la FAES, presuntamente responsables de la muerte de dos personas en Zulia el 21 de agosto.
«Las declaraciones públicas del Fiscal General sobre este caso muestran un patrón similar al documentado por mi Oficina, en los que, tras ejecutar a las víctimas ya neutralizadas, los cuerpos de seguridad las roban y manipulan la evidencia para presentar los hechos como un enfrentamiento», citó en su informe.
Bachelet resaltó que el Ministerio Público venezolano informó que recientemente habría imputado a 70 funcionarios de las FAES en distintos estados del país.
Matar en vez de juzgar
Su preocupación coincide con el informe que presentó la Misión Internacional Independiente de la ONU, presidida por Marta Valiñas, quien en rueda telemática con los miembros de Caracas Press Club, entre ellos Clarín, dijo que “funcionarios de las FAES confirmaron códigos y recibir órdenes de superiores para matar en vez de detener y juzgar”.
El informe de Bachelet actualizado fue presentado en la 45 sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra donde se denuncian las graves violaciones de los DDHH que se han ejecutado en Venezuela durante la pandemia del coronavirus.
Su oficina en Caracas siguió documentando casos de represión de protestas pacíficas en el contexto del Estado de alarma vigente desde marzo, incluyendo detenciones de manifestantes, quienes protestan por los bajos salarios y pensiones, las deficiencias de servicios públicos y la escasez de gasolina.
Subrayó que aún existen restricciones a la libertad de expresión. “Esto incluye la aplicación de la legislación en contra del odio, ataques en contra de defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas”, refirió.
Sobre el retorno de los migrantes venezolanos al país, reconoció los esfuerzos de las autoridades, sin embargo, manifestó su preocupación sobre el discurso estigmatizador de algunas autoridades que los responsabilizan de introducir la COVID-19 en Venezuela.
Salario mínimo, menos de US$1
Al referirse a la crisis generada por el COVID-19, aseveró que la pandemia se ha sumado a otras emergencias pre-existentes, como la alimentaria.
“Caritas reportó que la tasa de desnutrición aguda infantil alcanzó el 15 por ciento en julio de 2020. También reportó que un mayor número de familias acuden a estrategias de sobrevivencia, incluso dejar de comer para que otro familiar pueda hacerlo”, acotó.
El salario mínimo cayó este viernes a menos de 1 dólar (0,90) que solo alcanza para comprar una docena de huevos, el dólar paralelo se cotiza en 430.000 bolívares, y la inflación en más de 3.000%. El 96% de los venezolanos sobreviven en el umbral de la pobreza.
Muertes entre el personal sanitario
La Alta Comisionada indicó que a pesar de existir la implementación de protocolos de bioseguridad relativos a la COVID-19 en los centros de detención, se deben mejorar sustantivamente las condiciones de salud, acceso a agua, alimentos y medicamentos, y garantizar contactos regulares con los familiares y abogados, bien física o telefónicamente, así como de explorar medidas alternativas a la privación de libertad.
Asimismo, Bachelet informó que el 33% de las muertes por COVID-19 han sido del personal de salud debido a la carencia de equipos de bioseguridad y de agua en los hospitales.
Elecciones libres y democráticas
Bachelet también criticó la falta de libertad en la selección de los representantes de siete partidos políticos y el nombramiento no consensuado de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), la modificación de la representación indígena, los cambios del sistema electoral y el incremento de escaños de la Asamblea Nacional, violentando los derechos políticos consagrados en la constitución venezolana.
Destacó que “es crucial que en los próximos meses se proteja el espacio cívico y democrático y se continúe con las liberaciones de todas las personas que siguen privadas arbitrariamente de libertad por ejercer sus derechos.
“Hago un llamado a seguir trabajando en la construcción de acuerdos para alcanzar condiciones para el desarrollo de procesos electorales creíbles, libres, inclusivos y equitativos”, concluyó.
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