Opinión

Análisis Los sótanos de la democracia

Por Carlos Pagni

Hay una serie en Netflix que se llama El Mosad y arranca con un epígrafe de John Le Carré, que dedicó toda su vida a escribir sobre espionaje, que dice: «Los servicios secretos miden la salud política de una Nación y son la única expresión real de su inconsciente».
Lo que quiso decir Le Carré es que hay una especie de sótano en la democracia, una zona no controlada por el voto popular que depende exclusivamente del que manda, donde no se rinden cuentas, donde las operaciones son por definición secretas, donde se manejan fondos reservados que no hay que explicar demasiado. En esa región se mide la calidad de una democracia.
La Argentina está desde hace muchos años, probablemente desde finales del gobierno de Raúl Alfonsín, con una democracia vapuleada por el mal manejo de los Servicios de Inteligencia. Y en esto ha habido una llamativa continuidad prácticamente entre todos los gobiernos.
Ahora aflora de nuevo este problema. Vimos hace poco un listado de mails en los que se basa una denuncia de la nueva titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, que no es nada más que una lista de direcciones de mails, sin las intervenciones ni más detalles que eso. Una cosa bastante rara porque es solo un listado de casillas de correos electrónicos, como si los que ahora están investigando lo que hizo la administración anterior no hubieran mirado más que eso. Aparentemente esa lista se encontró en un pen drive, en alguna computadora de algún directivo de la AFI. Este es un tema, a mi juicio, intrascendente.
En cambio hay otro asunto, que forma parte de una causa judicial muy inquietante que lleva adelante el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena. En ella aparece un narco en la zona de Lanús: Sergio Rodríguez. Lo llaman «Verdura» o «Tomate». La policía lo iba a buscar permanentemente, pero se escapaba. Es evidente que alguien le avisaba. Hasta que en febrero de este año le mandan 400 policías y termina cayendo con su familia.
Probablemente para salvar a su familia da una información que desencadena una investigación muy tenebrosa. Él dice: «A mí me cubren desde la AFI», es decir, la antigua SIDE. «A mí me contactó un abogado, Facundo Melo, para hacer un trabajo que consistía en llevar una bomba a un domicilio de la avenida Callao entre Arenales y Juncal y dejarla en la puerta de ese departamento». Una bomba, que no sabemos si iba a estallar o no.
Importa lo de esta bomba, entre otras cosas, porque de ella hablamos acá en Odisea mientras sucedían los hechos. No se movió el amperímetro. A nadie le llamó la atención. Hubo una nota en LA NACION, de Mariano De Vedia, el 29 de agosto de 2018, y tampoco llamó la atención del Gobierno. Una bomba en la Recoleta en el domicilio de un señor que se llama José Luis Vila. Un militante radical, cualquiera que se haya aproximado con cierto detenimiento a la vida interna del radicalismo debería conocerlo, porque es un hombre que estuvo muy ligado a Alfonsín y a Enrique Nosiglia, durante toda la transición de la democracia. Fue una figura crucial en el manejo y en la información que tuvieron Alfonsín y Nosiglia en el momento del levantamiento carapintadas. Es decir, un hombre clave en el sostenimiento de ese proceso democrático que estaba amenazado por los militares.
Vila hizo una carrera como analista de inteligencia, trabajó en Estados Unidos y en el último gobierno, el de Cambiemos, era el encargado de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa. Una especie de Canciller del ministerio, de quien dependían todas las delegaciones militares del exterior.
En la casa de Vila, un narco, que dice estar contratado por la AFI, puso una bomba en 2018. Es decir, en la casa de un funcionario de alto rango del gobierno anterior y militante histórico del radicalismo, un alfonsinista. Esto se publicó, se mencionó, no pasó nada, hasta que cae «Verdura», el narco, y dice que lo contactó un abogado, Facundo Melo. El juez Villena va detrás de Melo, se hacen allanamientos, se toman los teléfonos, y a partir de entonces se empieza a descubrir una red muy curiosa y atípica porque es de funcionarios que serían funcionarios activos de la AFI, no de una banda de informales. No D’Alessios, por decirlo de alguna manera.
Empiezan a encontrar una cantera importantísima de información sobre seguimientos que hacía la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri. Y aparece algo crucial, que produce cierto escalofrío. La foto de la bomba que pusieron en la casa de Vila, tomada y comunicada antes de ponerla. Es decir, con fecha anterior al día en que la dejaron ahí, que era una casa donde él ya no vivía y en un momento donde estaba por razones de su trabajo en Moscú.
Quiere decir que alguien comunicó: «bueno, la bomba ya está hecha», probablemente lo que quiso decir es «paguen el trabajo». Esa foto aparece en los celulares de agentes de inteligencia.
De este abogado Facundo Melo se pasa a otro agente, Alan Ruiz, muy ligado a Silvia Majdalani, la segunda de la AFI, donde el jefe era Gustavo Arribas, un hombre de total intimidad de Macri, ligado al negocio de la compra-venta de jugadores de fútbol. Majdalani estuvo ahí por sus antecedentes. Una íntima relación con Francisco Larcher, que era el segundo de la SIDE durante todo el período de Néstor Kirchner, hasta que lo echaron, en una operación muy meritoria, Cristina Kirchner y Oscar Parrilli. Bueno, allí estaba Silvia Majdalani como una especie de heredera del peor orden anterior.
Ellos trabajan con dos agentes más, un expolicía de la ciudad de Buenos Aires de apellido Araque y un funcionario del Servicio Penitenciario Federal, de apellido Sáez, quien tiene un hermano que trabaja también en el Servicio Penitenciario Federal y que aparentemente habría realizado algunas prestaciones muy valiosas para los Servicios de Inteligencia del Estado en el gobierno anterior.
El juez Villena empieza a ver los teléfonos de Araque, de Sáez, de Alan Ruiz, los teléfonos de Facundo Melo y la cuestión empieza a escalar. Aparentemente, todos reportan más arriba. Allí encuentran infinidad de fotos, de seguimiento de personas, chats, audios de conversaciones, etc., sobre tres jueces de la Corte Suprema de Justicia; Cristina Kirchner; e insistentes búsquedas, como una obsesión, sobre Florencia Kirchner. También, sobre el expresidente Duhalde. Seguimientos a Horacio Rodríguez Larreta y a María Eugenia Vidal. La aparición de Vidal es relevante. Ella en su momento había detectado la relación entre agentes de la AFI y narcos del conurbano. Se lo comunicó a Macri, y Macri la derivó a hablar con Arribas y Majdalani. Dijeron que iban a investigar. Pero no pasó nada. Ahora aparecen esas vinculaciones de espías oficiales y narcos.
Nicolás Massot aparece como «llave» en las conversaciones entre estos agente de inteligencia; también fueron bastante obsesivos con Diego Santilli; hay una conversación telefónica suya de una hora; Luis Barrionuevo, que es mencionado con el nombre de «Duraznito»; su esposa Graciela Camaño, para estos agentes «Ramona». El obispo de Lomas de Zamora Jorge Lugones, un jesuita con un vínculo muy estrecho con el papa Francisco, y su hermano, que aparecen mencionados como Lugano I y II. También, figuran seguimientos, investigaciones sobre tres periodistas de LA NACION y mucha gente del fútbol, que no debe sorprender, y del espectáculo. ¿Hasta dónde llegaba esto? ¿Hasta el jefe de operaciones, Diego Dalmau Pereyra, quien en determinado momento entra en conflicto con Majdalani y lo mandan a Chile? ¿Cuánto sabía Darío Biorci, jefe de Gabinete y cuñado de Majdalani, de todos estos seguimientos? ¿Y Arribas?
Son preguntas importantes porque ahora gran parte de la estrategia de esa conducción de la AFI es que todo esto se corte por lo más delgado. En los Tribunales, el juez Villena es conocido por cierta complicidad o cercanía con Majdalani durante el gobierno anterior, pero ahora está avanzando y pareciera no estar condicionado por esa antigua proximidad. Sin embargo, muy probablemente, Majdalani y Arribas pretenden cortar muy abajo el hilo, que se investigue hasta Araque y el turco Sáez, que esto no llegue a Alan Ruiz. ¿Serán entregados Araque y Sáez y ahí termina todo?
Desde el comienzo del gobierno de Macri, con mucha insistencia, hablamos de que se estaban manejando muy mal los servicios de inteligencia. Que había una enorme continuidad con el orden anterior, que no se había hecho ningún tipo de modificación y que más bien se había agravado todo. Las desprolijidades, incorrecciones, atrocidades y delitos que se podrían haber cometido antes estaban organizados alrededor de algunos caudillos, que de espionaje sabían, como por ejemplo Jaime Stiuso. Lo que vemos ahora, es el mundo Stiuso sin Stiuso. Es decir, anárquico, donde se traicionan unos a otros. Quizás esto sea producto de lo que Mauricio Macri le dijo a Laura Di Marco, en aquella entrevista para su libro: «En la AFI puse a Arribas porque es el más vivo de todos. El que sabe todas las trampas». Sin dudas, lo que se esperaba del gobierno de Cambiemos es que en la AFI pongan institucionalidad, no viveza. La viveza termina en esto que vemos ahora.
Esto tiene también otra dimensión. Desde 2017, cuando Arribas se enteró de que había seguimientos clandestinos por parte de la AFI y dijo que los iba a investigar, se inició una causa en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral llevada adelante por el propio Arribas y Majdalani. Esa causa durmió el sueño de los justos. Hasta que lo molestaron con algo a Canicoba y él la empezó a usar para ir contra otra gente y preservar a Arribas y a Majdalani. Por algo, el oficialismo anterior lo ha protegido tanto. Pareciera que ahora el kirchnerismo está en una gran discusión interna sobre si lo van a salvar o no. Daría la impresión de que Fernández sabe el costo que pagaría salvándolo.
El que sabe que el juez que lo tiene que investigar no lo hace, sigue haciendo fechorías porque tiene la garantía de la impunidad. Esta es la vinculación que hay entre servicios de inteligencia, política, seguimiento, Justicia federal. Con la novedad de que si todo esto es cierto, habría seguimiento de opositores y de propios. Con lo cual, el Gobierno debe estar festejando porque la noticia podría inquietar las aguas de Cambiemos y agitar esa interna.
Hasta aquí la agenda del sótano, donde circula el poder en estado puro. Por encima de eso, lo que tenemos es la prolongación indefinida de la cuarentena, ahora con un debate dentro de la política cada vez más intenso. Aparecen, cada día más claramente, las dificultades económicas de la cuarentena. Nos estamos encontrando con el límite del aislamiento, tanto económico como social y técnico. Hay un lugar, como las villas y los asentamientos urbanos de todo el país, donde la pandemia tiene otra lógica. Allí vemos que el Estado no tiene herramientas para pelear y también en esos barrios la cuarentena tiene un límite.
El problema es que tenemos miles de barrios en la Argentina y sobre todo en el conurbano bonaerense, en condiciones que no son susceptibles de asumir el protocolo sanitario, que no está pensado para aquellos que viven en situaciones vulnerables.
La cuarentena en algún momento es imprescindible. Hay que preparar a la gente y al sistema médico. Pero una vez que se logró eso empieza a ser irracional. Entonces, comienza el debate sobre cómo hay que actuar en las villas de emergencia. Cerraron la villa Azul, con lo cual se consolida la idea de gueto. Ese modelo con 300 policías, ¿se puede replicar en otras villas? No. Entonces este es el otro límite del aislamiento: el de las villas, que no es temporal, sino social.
El Gobierno y la política tienen que resolver esos dos límites. En la ciudad de Buenos Aires, que comparada con determinados lugares del conurbano es Bélgica contra África, también empieza el gobierno a dudar si se puede sostener el método. Sobre todo porque, si se calcula la cantidad de casos y la cantidad de muertes, el pico tarda mucho en llegar. El pico que se viene anunciando todavía no llega. La cantidad de camas de terapia intensiva y el número de muertes hablan de que todavía el coronavirus tiene una progresión muy lenta, consecuencia, muy probablemente, de lo bien que se manejó la cuarentena. El tema es cuándo será el momento justo para pasar de un estadio a otro.
He aquí la primera discusión que advertimos dentro de los que venían coordinando todo esto. Horacio Rodríguez Larreta está menos convencido que antes de seguir con esta estrategia, mientras que quien está preocupado ahora es Axel Kicillof. Con toda la razón del mundo, el gobernador bonaerense advierte el problema del conurbano, es muy grave en términos sanitarios.
Nos encontramos con otro inconveniente. Aparece lo obvio: el Estado argentino no tiene la fuerza ni los recursos suficientes para auxiliar a los que la pasan mal. Un ejemplo es el caso de Estados Unidos. El deleznable Donald Trump, reaccionario y retrógrado si los hay, como se puede ver en su discurso frente a la ola de protestas que hay en su país por la discriminación racial y las agresiones a los afroamericanos, destina por mes un punto del PBI para asistir a aquellos que se quedaron sin trabajo. Cifra que se traduce en 216 mil millones de dólares por mes.
En Estados Unidos cayó el empleo, pero subieron los ingresos porque esta ayuda del Estado, que llega por correo puntualmente a quienes se quedaron sin trabajo, supera muchas veces el sueldo que tenían antes los beneficiarios.
A diferencia de Estados Unidos, en la Argentina la ayuda equivale a 0,25% del PBI. Se destinan 70 mil millones de pesos para llegar a asistir a 9 millones de personas. Sin embargo, se llegó solamente a 7 millones de personas y ahora hay que pagar el segundo mes, que debería llegar en junio. ¿Es la responsabilidad de Alberto Fernández? No. Es el Estado, es la Argentina deficitaria, quebrada, que nos pone frente a la otra cuarentena.
¿Cuál es la otra cuarentena? La de la deuda, que el Gobierno también va prorrogando. Y se puede demorar aún más porque ha habido una nueva oferta por parte del Gobierno con un dispositivo clave: un nuevo bono. Ese bono que se va a pagar en 2034. ¿Para qué? Con el objetivo de pagarles a los acreedores todos los intereses que se vayan devengando, es decir, que haya que pagar hasta el cierre definitivo del acuerdo. Un cambio central a favor de los acreedores, que además le permite a Guzmán seguir estirando su propia cuarentena para la deuda.
No es el único cambio, pero es importante porque entonces estamos hablando de un nuevo bono para 2034, que aumenta la cantidad que el país se compromete a pagar. Por otro lado, la nueva propuesta achica la quita de capital de la primera. Al principio iba a haber una quita del 5%. Ahora se achicó. De 3200 millones de dólares de quita que había en la primera propuesta de Guzmán, ahora se pasó a 130 millones. Es decir, que el capital va a ser casi el mismo, no se recorta: otra concesión a los acreedores.
Si se toman todos los bonos de la oferta que Guzmán ofrecía y se hace el cálculo de cuál es la duración, el resultado da 13,4 años. En cambio ahora, si se hace la misma oferta y se mide de la misma manera da 13 años. Es decir, que se achica también el plazo. Pero entonces, ¿por dónde viene el recorte? Viene por el interés. Porque antes por la deuda argentina se pagaba una tasa de interés superior al 6%. En la primera oferta de Guzmán se ofrecía un interés aproximado de 2,39 %. Pero en esta nueva oferta se ofreció un interés de 2,64%. Si bien se mejoró la tasa, sigue habiendo un recorte importante en ese rubro si no estuviéramos en default. Sin embargo se abre otra discusión. Los bonistas no quieren que les paguen menos que al FMI por la deuda. Quieren una tasa por encima del 3%. Sobre esta cuestión reside la pelea.
El dato importante es que Guzmán no tiene las manos libres para negociar, sino que está entre dos límites. Primero, la Ley de Administración Financiera que plantea que, si se va reestructurar, se tiene que conseguir una reducción del plazo, del capital o del interés. Bueno, le queda a Guzmán poder seguir ofreciendo mejoras en la tasa de interés para llegar a un acuerdo. Pero el margen es chico.
No obstante, hay otra innovación en lo que ofrece el ministro de Economía y es que el Estado argentino se compromete a empezar a pagar en 2022. Es algo que querían los bonistas. Pretenden que Alberto Fernández pague y se comprometa a tener cierta austeridad fiscal. Guzmán se compromete, entonces, a que el gobierno actual va a pagar algo de la deuda.
Está entonces aquel límite de la Ley de Administración Financiera, que dentro del Gobierno hay quienes dicen se podría cambiar. ¿Con un DNU? ¿En el Congreso? Difícil. Y hay otro límite: el FMI dice que la Argentina no puede hacer una oferta que suponga un ahorro menor a 50 mil millones de dólares. Guzmán está muy cerca de esa cifra. Atención: no es que el Fondo se plegó a la Argentina, simplemente nos espera para más tarde en su calidad de acreedor.
¿Qué es lo importante de toda esta secuencia? Que pareciera haber un error político de Guzmán, quien mostró su oferta inicial y ahora da a conocer lo que concede. ¿Cuánto podría llegar a ofrecer, entonces? Un papel que tendría un valor presente de 50 centavos de dólar por cada 100 dólares originales. Y los bonistas le piden uno de 55 centavos. ¿Cuándo van a llegar a un acuerdo? No lo sabemos.
Procrastinar es un verbo horrible de pronunciar, pero muy preciso en cuanto a su definición. Sobre todo, para referirse a esta cuestión. Procrastina el que posterga todo el tiempo, de un modo casi maníaco. Si miramos la cuarentena y la negociación de la deuda, se podría decir que para Alberto Fernández, parafraseando a Alberdi, gobernar es procrastinar.

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