La medida de los manifestantes había provocado que se formará una fila de cerca de 5 kilómetros de vehículos varados de ambos lados por la protesta lo que hizo crecer la tensión en el lugar.
Personal de Educación y Salud cortaron el acceso a Salta este miércoles durante seis horas por lo que intervinieron una jueza y dos fiscales.
La protesta de los autoconvocados de la Educación y la Salud se agravó cuando los manifestantes decidieron realizar un corte total de la ruta nacional 9, a la altura del expeaje de Aunor, en el ingreso de la ciudad, dejando varados en la ruta a miles de personas. Finalmente, y a partir de la intervención de la jueza de Garantías Ada Zunino y los fiscales Rivero y González, el piquete se levantó.
Más temprano, y luego de que la Policía no lograra despejar la ruta ya que los manifestantes se enfrentaron a golpes con los efectivos de las fuerzas de seguridad, un grupo de camioneros intentó negociar con los manifestantes para poder ingresar con sus productos a la ciudad.
Ante la negativa de los autoconvocados, la paciencia de las personas varadas se fue agotando con el paso de las horas e intentaron quitar por la fuerza una de las banderas con las que cortaban la ruta, lo que fue repelido con violencia por los manifestantes.
Como primera medida, el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero, intentó entablar un diálogo con los manifestantes para garantizar el flujo vehicular de aquellos que intentaban ingresar y salir de la ciudad, dada la gran cantidad de familias, servicios de salud y contingentes varados en el lugar.
A pesar de los esfuerzos por parte de los fiscales, los manifestantes persistieron en bloquear la vía de comunicación y perturbar el tráfico vehicular. Ante esta situación, la Fiscalía dió intervención a la Jueza de Garantías Nº 1, Ada Zunino, quien se presentó en el lugar y ordenó el levantamiento del bloqueo. La magistrada solicitó a los manifestantes que cesaran su actitud y advirtió que, en caso de no hacerlo, se recurriría a la fuerza pública.
Antes de que se venciera el plazo establecido, los manifestantes, de manera voluntaria, despejaron la ruta, permitiendo así el flujo vehicular que se había acumulado en ambos sentidos, extendiéndose aproximadamente por 5 kilómetros.
De los incidentes participaron los trabajadores de la Educación y la Salud, quienes se trenzaron con camioneros y familias que, desesperados, exigían el cumplimiento de su derecho a circular. Incluso se necesitó la intervención del fiscal Pablo Rivero para permitir la circulación de una mujer embarazada, a la que insólitamente mantenían retenida en el piquete.
Tan grave se tornó la situación que en el lugar debieron presentarse la jueza Zunino y los fiscales Rivero y Gabriel González, quienes intentaron negociar con los manifestantes, que se mantenían intransigentes exigiendo la presencia de autoridades de primera línea del Gobierno provincial en el lugar.
La manifestación y los incidentes tienen lugar en momentos en que el Gobierno de la Provincia negocia con los gremios con representación las paritarias del 2023, negociación que pasó anoche a un cuarto intermedio. Sin embargo, los autoconvocados desconocen la representatividad de los sindicatos y exigen una negociación paralela.
La jueza Ada Zunino
Cerca de las 21 los autoconvocados aceptaron levantar el corte, en medio de un coro de bocinas de cientos de automovilistas que desaprobaban la protesta que los mantuvo retenidos durante más de seis horas, sin poder comer o ir al baño.
Fue la jueza Zunino quien logró disuadir a los manifestantes minutos después de las 20, mientras efectivos de Infantería se desplegaban en la zona.
La jueza les había dado a los docentes autoconvocados y demás manifestantes un tiempo límite para que se liberara la ruta y evitar de esa manera un nuevo enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.
«La situación se volvió de emergencia pública», consideró la jueza Zunino mientras permanecía en la zona donde se generó el corte. «Me hice presente en lugar, escuché los reclamos, les di mi punto de vista como ciudadana y como jueza, y les expliqué que había cumplir con la ley», agregó, según publicó El Tribuno.
La magistrada contó que una mujer, con una enfermedad y desesperada, le solicitó que intervenga, entre tantos otros requerimientos de quienes intentaban ingresar o salir de la ciudad.
«Los intimé a que depongan la actitud y les advertí que en caso de no hacerlo se iba a aplicar la fuerza pública», dijo Zunino.
La jueza dio más detalles de la conversación con los autoconvocados. «Les dije que toda persona tiene derecho a protestar, pero en este caso había un ejercicio abusivo y que impedía la libertad de trabajadores iguales que ellos, y que tenía que hacer cumplir la ley», añadió.
«No estuvieron muy de acuerdo, pero ante la intransigencia entendieron que se iba a cumplir mi orden».
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