La votación de la expropiación de YPF , que dio lugar al juicio que tendrá lugar en Nueva York tras la negativa de trasladar el caso a Buenos Aires, se realizó en 2012. La ley fue sancionada en Diputados, con el apoyo mayoritario del kirchnerismo y sus aliados.
El proyecto para expropiar el 51% del patrimonio de YPF que envió la entonces presidente Cristina Kirchner fue aprobado en una sesión maratónica el 3 de mayo de ese año por 208 votos afirmativos contra 32 negativos. Pro, Coalición Cívica y Unión Celeste y Blanca fueron algunos de los que rechazaron el proyecto kirchnerista.
Entre los legisladores que votaron afirmativamente hubo muchas voces que hoy critican al kirchnerismo. Entre ellos, Ricardo Gil Lavedra, Ricardo Alfonsín, Mario Negri, Gerardo Milman, Miguel Bazze, Ricardo Buryaile o Julio Martínez, entre otros. Claro que también se destacan referentes que hoy están cerca de la ex presidenta Cristina Kichner, como Diana Conti, Carlos Heller, Andrés Larroque, Facundo Moyano, Mayra Mendoza, Agustín Rossi, Felipe Solá, Victoria Donda, Fernando Solanas, Héctor Recalde, Rosana Bertone, y hasta Omar Perotti.
Entre los que votaron negativamente, en cambio, están Elisa Carrió, Patricia Bullrich, Graciela Camaño, Graciela Ocaña, Jorge Triaca, Eduardo Amadeo, Alberto Asseff, Gustavo Ferrari y Laura Alonso, entre otros. Los ausentes más notables en esa votación: Margarita Stolbizer, Gabriela Michetti, Oscar Aguad y Silvia Majdalani.
De acuerdo con esto, los abogados argentinos de la Procuración del Tesoro y la representación local en Estados Unidos, a cargo del estudio Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, presentaron hoy mismo una nota en el juzgado de Loretta Preska, heredera de Thomas Griesa y figura clave en el futuro judicial del país, para que iniciecuanto antes el juicio.
Una vez que lo haga, la defensa argentina reclamará otra vez que se traslade a Buenos Aires. Uno de los principales argumentos de Burford para esquivar los estrados locales era que el Kirchnerismo había desarrollado una especie de persecución contra el fondo, algo que no garantizaba imparcialidad.
En la práctica, la exprocuradora del Tesoro, Angelina Abbona, junto al extitular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, iniciaron una demanda en el país contra Burford. Pero esa denuncia ya fue cerrada por el fiscal Guillermo Marijuán.
Para la Casa Rosada, el hecho de que ya no esté vigente la demanda contra Burford cambia el contexto, justifica que no hay persecución y muestra que en el país hay un ámbito equitativo para litigar.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom y la Procuración estuvieron en los últimos meses juntando pruebas para presentar ante un eventual litigio. Muchas de ellas las guardan bajo siete llaves para sorprender a los querellantes y creen que en pleno juicio tendrán las manos libres para ser más agresivos.
Mencionarán, también, que la demanda contra el país se hizo a través de dos empresas creadas por la familia Eskenazi para comprar parte de YPF en una acción que, intentarán demostrar, fue oscura.
También mencionará algunas supuestas irregularidades en España. La Procuración preguntará, por ejemplo, por qué la justicia ibérica no le ofreció primero el juicio a la propia YPF, una de las grandes interesadas en la demanda, y terminó yendo a las manos de un fondo buitre.
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