Política

Denuncias Legisladores y funcionarios municipales se volvieron a cruzar por la Cooperadora

El bloque de la UCR denunció que en el organismo están “desapareciendo” documentos claves y los responsables del organismo confían en que la causa quede archivada

La denuncia penal que presentaron los tres diputados provinciales de la Unión Cívica Radical contra los responsables de la Cooperadora Asistencial por supuestas irregularidades en el manejo administrativo y financiero de la entidad, sigue generando polémica.

En las últimas horas, Héctor Chibán acudió nuevamente a la Justicia para solicitarle a la fiscal Mónica Poma, encargada de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, el “resguardo de pruebas” ante la supuesta “modificación y desaparición de documentos” claves para el caso.

“Aquí hay delitos probados porque fueron los propios responsables de la Cooperadora Asistencial quienes evidenciaron las irregularidades en las respuestas al pedido de informe que solicitó la Cámara de Diputados. Por ejemplo, figura el cobro de un cheque a nombre a de la vicepresidenta, Cristina Gómez, para comprar cotillón y eso no responde a la función social de la entidad”, aseguró el diputado.

En diálogo con LA GACETA enfatizó que resulta “aberrante” para la provincia “tener una sola fiscal para investigar al poder” y cuestionó la forma en la que la Municipalidad salió a responder la denuncia: “¿Cuánto le debe haber costado a la Cooperadora la publicación que publicó un semanario para de ensuciar mi imagen?, es la forma que tiene el fascismo”.

“La denuncia debe archivarse”

Cristina Gómez minimizó los dichos del diputado radical y sostuvo que a la denuncia por desaparición de pruebas hay que tomarla cómo de quién viene. “Su gestión se caracteriza por denuncias vacías de contenido. Chibán es conocido por hablar y amenazar con denunciar ciertos casos que nunca hizo”, afirmó.

La vicepresidenta de la Cooperadora informó a LA GACETA que desde el organismos “se contestó en tiempo y forma” los requerimientos de la Justicia y destacó que desde la gestión de Gustavo Sáenz se logró “despolitizar y transparentar” los manejos de la entidad.

“La denuncia se debe archivar, primero porque el proceso no correspondía y fue malicioso, pero además porque existen otros pasos para controlar la administración a través de la Auditoria de la Provincia, el Concejo Deliberante o el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad”, concluyó.

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