El comerciante damnificado exige la restitución de sus bienes y seguridad personal. Asegura que el caso pone en riesgo la seguridad jurídica de inversionistas.
Un comerciante salteño con 25 años de trayectoria en el rubro gastronómico denunció una brutal estafa en su contra orquestada a través del vendedor de un fondo de comercio y la «participación necesaria» de un contador público nacional.
Se trata del fondo de comercio de un negocio ubicado sobre avenida San Martín al 1000, que gira en el rubro restaurante.
Rubén Pérez, con la denuncia penal en sus manos, relató ayer las peripecias que vive a diario por la coacción del sujeto que le vendió el fondo de comercio, quien lo obligó a salir de su negocio bajo amenazas de muerte y que ahora a través del celular pretende cobrarle la totalidad de los pagarés firmados en su oportunidad y que prácticamente estaban cancelados con los pagos semanales que el comerciante le hacía, según informó El Tribuno.
Pérez dijo que «no solo el vendedor desconoce los cheques semanales que él mismo confeccionaba en mi chequera y que yo le firmaba (todos están cobrados) sino los 750.000 pesos que le entregué en persona al hacerme cargo del negocio, del cual tengo el recibo firmado por él».
«Todo ese dinero hoy lo desconoce. O sea niega la venta del local pero pretende seguir cobrando por él. De mi negocio me echó como si él fuera un gángster mexicano, mostrándome una pistola», afirmó.
«No quiero abundar en detalles pero desde el 1 de abril está utilizando mis máquinas, la mercadería que yo mismo compré para el negocio y está facturando solo para sí. Además está generando deudas a mi nombre mientras yo estoy lejos de la administración del negocio por una amenaza de muerte», añadió.
Según Pérez, «me vendió un fondo de negocio, cobró la primera parte y al ver que el negocio estaba saldando la parte final arremete con violencia y me despoja del mismo, donde dejé todos mis ahorros. Las pruebas están a la vista, todos los requisitos municipales están a mi nombre, los trámites y habilitaciones de Bomberos, el monotributo y la cuenta corriente en un frigorífico de primera línea y otras más que maneja mi abogado».
El fondo de comercio incluía el pago del alquiler, las maquinarias y mobiliario que posee el local, «todo eso prácticamente pagado por todos los aportes que hicimos y la entrega de 160.000 pesos en mobiliario y maquinarias que yo poseía en otro local comercial que cerré para poder pagar este fondo de comercio que no puedo usufructuar», se quejó.
«Lo más triste -dijo Rubén Pérez- es que el contador público nacional que debía gestionarme un crédito en el Banco Río se alió a quien me está timando y evitó que el dinero de ese crédito pusiera fin a una semana de aprietes violentos contra mi familia».
La gente debe saber que no me fui de mi negocio por propia voluntad ni siquiera debiendo; yo fui desalojado por la fuerza. Ayer incluso me amenazó con acciones legales por los pagarés que el sujeto que nos está timando tiene en su poder y ahora amenaza con rematarnos nuestra propia casa», dijo al hablar con El Tribuno.
«Exigimos justicia, que se nos devuelva el local comercial y la administración del mismo, porque hemos pagado como corresponde hasta aquí y si hay diferencias se deben homologar en la Justicia y no a punta de pistola o bajo amenazas. Nosotros tenemos un ejemplar comportamiento comercial desde hace 25 años, no hemos estafado a nadie pero no vamos a quedarnos de brazos cruzados ante este atropello, que pone en tela de juicio la seguridad jurídica de cualquier inversionista», dijo Pérez.
«De mi negocio fui echado a fuerza de amenazas, pero antes pretendieron convertirnos en empleados «hasta cobrarse el último peso’, de una deuda que estaba saldada. Para que sepan como terminó el inversionista y su esposa les cuento. Una noche llegó exigiendo los pagarés, puso a un hombre en la caja, me mandó a atender la parrilla y a mi mujer a la cocina. Al otro día al llegar nosotros al negocio puso su mano sobre la pistola que tenía en la cintura y nos echó», concluyó.
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