El juez dictó un nuevo fallo que dejó al joven más comprometido de lo que se esperaba.
Un nuevo fallo compromete a Lautaro Teruel a un año y medio de la denuncia que lo puso entre las rejas. En consecuencia de esto, el salteño podría abandonar la Alcaidía Judicial y pasar a la cárcel de Villa Las Rosas.
Se trata del fallo dictado por el juez de la Sala II del Tribunal de Impugnación, Eduardo Barrionuevo, quien decidió rechazar dos recursos de apelación interpuestos por la defensa de Teruel, y así confirmó la ampliación de la acusación penal.
Asimismo, Barrionuevo rechazó otro planteo que buscaba anular los archivos de audio aportados por la denunciante, como prueba contra Teruel, quien está detenido desde mayo de 2019 con prisión preventiva por delitos de abuso sexual.
Respecto al primer incidente planteado por la defensa, desde el Poder Judicial se informó que Barrionuevo entendió que «no corresponde al magistrado interviniente efectuar una valoración de los elementos de convicción desde el primer decreto de citación a audiencia de imputación y su ampliación, ni establecer el nexo lógico entre las premisas y las conclusiones. Mucho menos le corresponde examinar si la calificación de abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas es la que corresponde al hecho denunciado. En caso de suceder de esta manera sería el juez quien realice la acusación cuando antes el sistema aseguró al justiciable su imparcialidad».
Según informó el Nuevo Diario, el magistrado expresó: «la manera en que el fiscal realiza su investigación y la calificación del hecho denunciado, le compete exclusivamente a este órgano acusador, siempre y cuando se realice una relación circunstanciada del hecho y se expresen los fundamentos de la acusación. El juez solo podrá intervenir en caso de existir arbitrariedad o extrema irrazonabilidad, lo que no se vio reflejado en el caso en cuestión».
En relación a la apelación interpuesta en torno a la supuesta ilegalidad de los archivos de audio aportados como prueba por la querella, el juez señaló que no debe confundirse un allanamiento ilegal o una escucha ilegal con la grabación de una conversación por parte de su protagonista.
«Se trata de una grabación legal, realizada en un ámbito donde no había expectativa de reserva, ya que la víctima no es profesional de la salud, ni ministro de culto, ni abogado»
De esta manera subrayó que al efectuarse esta grabación no se afecta de modo arbitrario la intimidad de Teruel, ya que sabe con quién está hablando y expresa allí lo que quiere decir. En el caso en cuestión, no es un tercero el que intercepta la conversación, sino que es la destinataria del mensaje emitido, y es ella quien decide qué hacer con el mismo.
Tampoco puede considerarse como violatoria de la garantía de la no autoincriminación, ya que no existió ningún mecanismo coactivo, no fue obligado ni amenazado para decir lo que dijo y no se extrajo la declaración sin su consentimiento.
En cuanto a si los audios pueden ser utilizados por el Estado, la respuesta fue positiva, ya que fueron entregados por la propia víctima. «Se trata de una grabación legal, realizada en un ámbito donde no había expectativa de reserva, ya que la víctima no es profesional de la salud, ni ministro de culto, ni abogado, etcétera. Además fue legalmente introducida al proceso», dijo Barrionuevo.
Cargando ...
Agregue un Comentario