El porcentaje de movilidad, anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, en un acto con jubilados transmitido por YouTube, lleva el incremento acumulado en todo 2022 a 72,5%, un valor que estaría 27,5 puntos porcentuales por debajo de la inflación de 100% que se estima para todo el año.
Eso significa que, en el caso de las personas a quienes no les llegan los bonos establecidos por decisiones discrecionales (es decir, por fuera de la fórmula), habrá una pérdida en sus ingresos, en términos reales, de 13,8% de punta a punta del año. Dicho de otra forma, con sus ingresos del último mes del año podrán comprar el 86,2% de lo que podían adquirir en el inicio de 2022, siempre contrastando las recomposiciones con el índice de inflación esperado.
Para quienes perciben el haber mínimo, en cambio, si se considera el bono de $10.000, la diferencia con el ingreso de fines de 2021 -de $29.062- es de 107%. Ese es el dato que destacó ayer Raverta: “Podemos decir con tranquilidad que las jubilaciones le ganan a la inflación”, dijo la funcionaria, a la vez que agregó que “se refuerza la idea de que vinimos a recuperar la alegría” y los puntos perdidos antes por las jubilaciones frente a la inflación.
El índice de diciembre conllevaría este año la aplicación de un tope (si bien no se aclaró ese punto), que fue previsto en la ley de movilidad aprobada por el Congreso en diciembre de 2020, a propuesta del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Es un tope vinculado con la variación de la recaudación de los recursos que van a la Anses, y analistas especializados en materia previsional, como el economista Sergio Rottenschweiler, habían advertido que esta vez se activaría esa cláusula, según había informado el sábado último por LA NACION.
Cómo será el nuevo bono
En el anuncio se confirmó que, a la par de la suba porcentual determinada por la movilidad, se abonará un refuerzo en diciembre, enero y febrero, que será de $10.000 mensuales en el caso de quienes cobren el haber mínimo y, luego, de un monto decreciente hasta llegar a $7000 para quienes perciban $100.248, es decir, el equivalente a dos veces el ingreso mínimo. Para las prestaciones algo mayores a ese monto habrá refuerzos de menor cuantía (para completar los $107.248). Y quienes cobren más que eso, no tendrán compensación.
A partir de septiembre -el mes en que se otorgó el reajuste anterior- y hasta el actual mes de noviembre, se está abonando junto con los haberes un bono de hasta $7000. Ese refuerzo, que fue dispuesto en su momento con una vigencia de tres meses, dejará de percibirse y será reemplazado por la nueva compensación.
En el caso del haber mínimo, si se considera el descuento con destino al financiamiento del PAMI y se suma el nuevo adicional, en mano se cobrará un total mensual hasta febrero de $58.620. A esa cifra, en diciembre se le sumará la segunda cuota del aguinaldo que, al ser calculado sobre el valor ya reajustado resultará, en su valor neto, de $24.310. En total, en el último mes del año se percibirá un neto de $82.930 (el monto será menor si existen otros descuentos, como cuotas de la moratoria). En marzo deberá otorgarse otro incremento, siguiendo la fórmula de movilidad.
Las cifras del párrafo anterior son solo el ejemplo para el caso del haber mínimo, pero el reajuste porcentual de los haberes se aplica sobre la totalidad de los jubilados y pensionados del sistema general que gestiona la Anses.
La Asignación Universal por Hijo, que también se actualiza por el índice de movilidad porque así lo establece la ley, se elevará de $8471 a $9795 (se cobra cada mes el 80% y el 20% queda sujeto a la acreditación anual del cumplimiento de determinadas condiciones). Y en el caso de las asignaciones por hijo que cobran asalariados y monotributistas, se actualizarán los montos a cobrar y los ingresos topes para estar en cada uno de los tramos, pero no está previsto que se reajuste el salario máximo para poder percibir la prestación. El congelamiento de esa variable produce que muchos trabajadores bajo relación de dependencia queden al margen de la prestación.
La ley de movilidad dispone la vigencia de cuatro reajustes cada año, en marzo, junio, septiembre y diciembre. El primero de 2022 fue de 12,28%, casi cuatro puntos por debajo de la inflación del primer trimestre, de 16,1%. En junio, el reajuste fue de 15%, con lo cual se acumuló un 29,12%. Y en septiembre la suba fue de 15,53%, con lo cual el incremento total al noveno mes fue de 49,2%. En tanto, la inflación (según las estimaciones del índice correspondiente a octubre, que el Indec dará a conocer la semana próxima) trepó, al décimo mes del año, a alrededor de 77%, con lo cual los ingresos de los pasivos que no cobraron bonos -a los que se recurrió para compensar las brechas entre la movilidad y el alza de precios- tuvieron, a octubre, una caída de poder adquisitivo de alrededor de 16%.
En el cálculo de la movilidad intervienen la variación interanual que tuvo en un trimestre la recaudación de los impuestos con los que se pagan en parte las prestaciones de la seguridad social, medida por beneficio, y la evolución trimestral de los sueldos según uno de dos índices oficiales: la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) o el índice salarial difundido por el Indec (se elige el que haya tenido la mayor suba en el período de referencia que, en este caso, es el tercer trimestre del año).
El tope para el índice de diciembre
El mecanismo vigente para la movilidad trimestral es el previsto en la ley 27.609, de fines de 2020. El cálculo prevé la eventual aplicación de un tope para el porcentaje a otorgar en el último mes del año, que está vinculado con la variación de la recaudación de recursos, tanto tributarios como originados en los aportes y contribuciones, que van a la Anses. Lo establecido implica que el aumento que los jubilados reciban en todo el año no puede ser superior a la variación de la recaudación de recursos que van a la Anses por beneficio, incrementada en un 3%.
El reajuste de diciembre alcanzará a casi 5,7 millones de jubilados y pensionados del sistema contributivo (que son perceptores de casi 6,9 millones de beneficios), 1,8 millones de beneficiarios de pensiones no contributivas, 4,35 millones de chicos por los que se percibe la AUH, otros 760.000 hijos de quienes cobran prestaciones no contributivas, y 3,7 millones de personas por las que se cobra la asignación por hijo del sistema contributivo (chicos a cargo de asalariados y de monotributistas). En total, son poco más de 17,5 millones de prestaciones, cobradas por algo más de 16,3 millones de personas, según datos estadísticos publicados por la Secretaría de Seguridad Social.
Además, por el índice de movilidad se actualizan trimestralmente el piso y el techo de las remuneraciones para el cálculo de los descuentos a la seguridad social y los aportes previsionales de los autónomos. Todo subirá un 15,62%.
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