El ex juez Federal de Orán fue durante 11 años la única autoridad judicial en 700 kilómetros de frontera caliente por el narcotráfico y la violencia.
El juicio que comenzará hoy en la sede de los Tribunales Federales de Salta no solo buscará desentrañar la responsabilidad del ex juez Federal de Orán, Raúl Reynoso, en el presunto favorecimiento de narcos a cambio de coimas, sino que también dejará expuesta la cruda realidad del norte argentino, afectado por el narcotráfico y la violencia.
Reynoso fue durante 11 años el único juez con jurisdicción en 700 kilómetros de frontera en el norte, en donde el ingreso de cocaína se volvió incontrolable, permitiendo la instalación de grandes organizaciones dedicadas al crimen organizado.
Asumió el cargo en 2005 y lo ejerció hasta el 22 de diciembre de 2015 cuando el Consejo de la Magistratura resolvió suspenderlo en virtud de la imputación que acababa de decretarse sobre él.
Estuvo en libertad hasta el 1 de mayo, cuando perdió los fueros que lo amparaban por decisión propia, ya que renunció al cargo, a sabiendas de que a los pocos días iba a comenzar el jury de enjuiciamiento en su contra que iba a resolver separarlo definitivamente de su puesto. Pese a que son ocho los procesados por integrar una asociación ilícita que favorecía a narcos, Reynoso es el único que cumple prisión preventiva.
A las 9.30 iniciará la primera audiencia en la causa contra Reynoso y otros siete imputados por asociación ilícita, cohecho y prevaricato
Poco antes del allanamiento del Juzgado Federal de Orán –realizado el 4 de noviembre de 2015-, hecho que constituyó el conocimiento público de que la Justicia Federal investigaba a Reynoso, el por entonces magistrado contó detalles de su trabajo en números.
Aseguró que llegó a tener 24.000 kilos de droga decomisada en sus casi 11 años al frente del Juzgado, entre las que destacó casos de cocaína blanca, negra, camuflada en carbón, líquida y otras drogas como heroína y marihuana. El norte argentino se transformó en la puerta de ingreso de la droga proveniente de países como Colombia, Bolivia y Perú para llegar hasta el puerto de Buenos Aires y de allí ser transportada a Portugal, Francia e Italia y a Estados Unidos.
Dijo haber elevado a juicio unas 850 causas con más de 1500 presos entre los que destacó la presencia de muchos extranjeros con antecedentes entre colombianos, bolivianos, peruanos, ecuatorianos, españoles, franceses, belgas, turcos, rusos, afganos, búlgaros, serbios, croatas, lituanos.
El Juzgado de Orán trabaja en todos los fueros judiciales, por lo que en total trabajó en 31.500 expedientes, de los cuales 4.000 fueron penales con delitos nuevos como el tráfico de ilegal de inmigrantes, destacando la gran cantidad de chinos y africanos que fueron encontrados en la frontera.
Otro aspecto que resaltó fue el crecimiento de la violencia y de los casos de homicidios. Aseguró que había advertido, desde 2011, un aumento en los casos de asesinatos con rasgos de haber sido perpetrados por sicarios, habiendo contabilizado nueve de ellos.
En 2013 Reynoso fue noticia nacional cuando resolvió liberar a 36 personas que estaban presas en unidades penitenciarias de Orán y Tartagal amparándose en que los presos estaban en graves e inconstitucionales condiciones de hacinamiento.
También marcó el paso de Reynoso por la Justicia Federal de Orán las denuncias de amenazas en su contra. La más conocida fue la última que efectuó antes y después del conocimiento público de la causa en su contra.
Dos días después del allanamiento, el por entonces juez difundió audios con las amenazas y aseguró que a quien se escucha en el audio sería el empresario Iván Cabeza. Se trata de un hombre que fue detenido en mayo de 2015 y era acusado de comandar una supuesta asociación ilícita que se dedicaba al narcolavado.
Esa causa es una de las 13 en las que se cuestiona a Reynoso por sus sospechosas resoluciones que, según los fiscales, habrían estado motivadas en el cobro de coimas.
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