Política

HacinamientoLa población carcelaria de Salta creció el 90% en diez años

El estado de hacinamiento está muy por encima de la media nacional. Entre el penal de Villa Las Rosas y la Alcaidía, hay un excedente de 800 reclusos.

Tras reunirse con el gobernador de la Provincia y sugerirle que Salta deje de adherir a la ley de microtráfico, el procurador general, Abel Cornejo, brindó una conferencia de prensa ayer para exponer las razones de su posición.

«Tenemos en este momento una superpoblación carcelaria que preocupa», sostuvo Cornejo antes de explicar que en 2018 la superpoblación en cárceles salteñas fue del 41%, cuando la media del país en el mismo año era del 25%.

Si bien existe una importante deuda por parte de Nación en cuanto a la transferencia de fondos, que se estima en más de 700 millones de pesos, el procurador aclaró que no son solo económicas las razones para plantear que Salta deje en manos exclusivamente de la Justicia Federal el combate contra «las mafias del narcotráfico».

«Desde el Ministerio Público hay un respeto a rajatabla de lo que dice el artículo 18 de la Constitución, que establece que la persona tiene que tener garantías mínimas, no solo de seguridad sino de salubridad», remarcó Cornejo y expuso la necesidad no solo de mejores condiciones sino incluso de mudar el edificio. «En el caso del penal de Villa Las Rosas, lo vengo diciendo desde hace muchísimos años, está en un lugar obsoleto e inadecuado que incluso hasta por desarrollo urbanístico no debe estar ahí».

El procurador graficó la situación de Salta al explicar que, por ejemplo, en la cárcel de Villa Las Rosas hay más de 1.400 personas detenidas, cuando la capacidad del penal es para mil internos. La Alcaidía, por su parte, tiene 700 detenidos, pero capacidad para 300. Cornejo advirtió, además, que «hay detenidos en la Alcaidía y comisarías, algunos condenados, y eso va contra toda normativa de los derechos humanos».

«Eso dificulta enormemente y genera responsabilidades anexas a la Policía de la Provincia, con lo cual nosotros también tenemos que advertir esta situación porque si le exigimos a la Policía que cumpla con su rol, debemos aclarar que no es una institución penitenciaria», advirtió.

Salto exponencial

En 2008, la población penitenciaria provincial era de 1.714 internos. Diez años después se incrementó en un 90% y llegó a 3.266. Al respecto, Cornejo resaltó que se trata de «cifras muy indicativas» porque «el salto se produce en 2014, con la adhesión a la ley de microtráfico, aunque no es el delito de mayor incidencia (cuarto en cantidad de casos), pero sí provocó un aumento exponencial».

«En 2018 había 440 presos por microtráfico en Salta, eso nos da una idea de que si entran 440 presos más en un solo año, cuánto puede ser el aumento de la población carcelaria en ese sentido», expuso.

Cornejo consideró que «hay que buscar establecimientos carcelarios más adecuados, también por la seguridad y salubridad de quienes están detenidos, con otras características totalmente diferentes, en otro lugar».

El procurador cuestionó que «este lugar (el penal de Villa Las Rosas) está a doce cuadras de la plaza 9 de Julio», y recordó que «se pensó en la década del 30, en el Siglo XX, con lo cual ahí tenemos un problema para resolver».

No obstante, ante las consultas en torno de si había propuesto algún lugar adónde mudar la unidad carcelaria, aclaró que «es algo que le atañe al Poder Ejecutivo».

«Con el cambio de administración, más las consultas que se me hicieron, creí oportuno señalarle eso al gobernador» de manera que «se puedan realizar los estudios necesarios para que, en al menos el mediano plazo, se pueda avizorar una solución».

Mientras tanto, anunció que propondrá la creación de una figura, que la tiene Nación, pero Salta y la mayoría de las provincias aún no, que es la del procurador penitenciario, «un funcionario que tiene la obligación de visitar en forma casi diaria las cárceles para ir informando en qué estados se encuentran, cuál es la situación de los detenidos”.

Unificar criterios

Cornejo puso el foco en que “históricamente me opuse a la desfederalización de la lucha contra la droga, no por capricho sino porque hay un principio que es el de igualdad ante la ley y, nosotros en Salta, en este momento tenemos dos criterios diferentes en una misma jurisdicción”.

“En materia provincial se aplican penas altas a mi modo de ver, a personas que son consumidores o dependientes de la droga; mientras que en la Justicia Federal se aplica la teoría de la insignificancia o de la irrelevancia y no se castiga”, detalló.

Advirtió además que “si nosotros realmente queremos combatir a las mafias del narcotráfico es imposible pensar que una provincia sola pueda hacerlo”, porque “es un problema del Estado nacional con las provincias que lo integran”.

Incluso afirmó estar “cada vez más convencido de que hoy ya es un problema regional, donde seguramente deberán hacerse acuerdos nacionales o multinacionales para que se puedan combatir esas mafias, porque el narcotráfico es un fenómeno transnacional que nos está traspasando. Esa es la realidad”.

Delitos sexuales, arriba

Cornejo aprovechó la conferencia para marcar un dato clave de la realidad de la provincia: las violaciones y delitos contra la integridad sexual son los que producen más condenados y procesados en Salta actualmente. En 2018, 730 personas estaban detenidas por delitos sexuales. “Son los delitos vinculados con la violencia de género”, advirtió.

 

Fuente: El Tribuno


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