La ciudad siente una fuerte identificación con la empresa. Los vecinos en su mayoría rechazan la decisión del Gobierno.
Parece una paradoja. El escenario donde se define el concurso preventivo de Vicentin, una puja en la que interviene una empresa con 91 años de historia y múltiples unidades de negocios, 2.368 acreedores y deudas que podrían alcanzar los 1.350 millones de dólares, se define en una casa antigua. Coqueta, pero modesta. Un pequeño jardín, escaleras sin pintar y con parte del revoque caído. En el lugar funciona el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, en el norte de Santa Fe.
Adentro un juez amable que, “dadas las circunstancias”, prefiere mantener el silencio, pero que sigue adelante con la causa. Afuera calma. Mucha. Una postal que contrasta con la que se vivió el martes a la noche, cuando vecinos de Reconquista y Avellaneda se concentraron frente a las oficinas centrales de Vicentin y luego marcharon al hotel donde se encontraban los representantes de la intervención dispuesta por el Gobierno, que debieron marcharse insultados y protegidos por la custodia policial.
Sobre la vereda del Grand Hotel hay huellas de aquella noche de tensión. Dos marcas amarillas de huevos que estallaron contra el piso.
“No se va a dar ningún tipo de entrevista”, le explica a Clarín alguien del hotel que se presenta como personal de seguridad. Unos segundos después sale otro y se paran, uno a cada lado de la puerta, lo que deja en evidencia que prefieren evitar gente curiosa por la zona quizás porque adentro todavía permanezca gente que requiere de una custodia.
“Hubo mucha gente, pero el comportamiento fue bueno. Lo que pasa es que la gente está enojada por el atropello. Acá si la empresa tiene que rendir cuenta, que lo haga. Pero ante la Justicia. Porque hoy vienen por Vicentin, mañana por Techint, después por un campo y al final por tu casa”, explica Bruno, empleado de un comercio contiguo al hotel que participó de la manifestación.
En Avellaneda, la ciudad donde nació la firma y mantiene una serie de emprendimientos, los vecinos caminan con la serenidad de una localidad pequeña, en la que casi todos se conocen. Son 30 mil. Y dentro de esa población conviven la familia Vicentin y la mayoría de sus herederos.
La continuidad de negocios durante nueve décadas, el impulso a proveedores locales y el aporte en instituciones sociales, educativas y sanitarias de la zona explicarían la identificación de la gente con la empresa. Y es un detalle que se advierte no sólo en los mayores. Ana Laura tiene 19 años. Es estudiante. Votó a Mauricio Macri, pero admite que Alberto Fernández “venía bien” hasta que decidió la intervención de la agroexportadora local.
“Apropiarse de la empresa, así, no. Es mucho. Yo me pongo del lado de los trabajadores. Ojalá nadie pierda el empleo”, explica mientras hace ejercicio en la plaza principal. Otra mujer que prefiere no detener la marcha dice estar “a full” con la firma y cuenta mientras camina que el martes estuvo en la manifestación.
La firma cuenta con más de 2 mil empleados en la zona. Para el municipio de Avellaneda los tributos de Vicentin representan un 10 por ciento del total de los recursos corrientes y un 35 de lo que se cobra a las empresas. La operatoria nunca se detuvo, ni siquiera tras la admisión del “estrés financiero” y la posterior apertura del concurso. Eso permitió conservar empleos, abonar los salarios y sostener el movimiento comercial de la ciudad, un flujo que ahora no parece alterado ni siquiera por los efectos de la cuarentena.
“Sí, el movimiento ya es normal”, explica a Clarín el intendente Dionisio Scarpín. Cuando se habla de “normalidad”, aquí y desde anoche, se apunta a dos situaciones: los vaivenes de Vicentin y la cuarentena por el coronavirus.
En el 495 de la calle 14 se montó, tras la manifestación del martes, una carpa. Está ubicada a metros del ingreso a las oficinas centrales de la agroexportadora. La llaman “La carpa de la resistencia”. Es simbólica, pequeña. Hay una bandera de Vicentin y un cartel negro, con letras blancas, que reza: “No a la expropiación”.
Una patrulla de la policía santafesina custodia el lugar. Hay temor por la llegada de militantes del kirchnerismo, pero a durante la tarde todo transcurre con serenidad.
“¿Alguien quiere tomar mate?”, pregunta una mujer. “Tengo miedo al coronavirus”, responde un hombre entre risas. Unas cincuenta personas están reunidas en el lugar. Utilizan barbijos, pero el distanciamiento social está relajado. El edificio está ubicado frente a la plaza principal y a la parroquia Nuestra Señora de la Merced.
En la puerta principal, la misma que el martes no lograron atravesar el grupo de interventores porque estaba cerrada, hay una bandera argentina con el mástil atravesado y un cartelón con fotos antiguas y parte de la historia de la firma.
Luis Hacen tiene 48 años e integra la tercera generación de la familia que creó la empresa. Su mamá es Alcira Vicentin, que actualmente tiene 81 años y fue socia fundadora en la nueva composición de empresas generada por la firma, en marzo de 1958.
Hacen recuerda que desde los diez años se acostumbró a acompañar a su padre a esa oficina que ahora permanece cerrada. Cuenta que empezó archivando papeles. Ahora se encarga de supervisar y controlar gastos. “Esta siempre fue una empresa familiar, que siempre se quedó acá”, asegura, sentado sobre un lateral de las oficinas.
Acepta que no tuvieron forma de evitar el concurso y que trabajaban para alcanzar acuerdos con los acreedores. Hasta que el Presidente anunció la intervención y el envío de un proyecto al Congreso para avanzar con la expropiación “Fue un baldazo de agua fría. No es lindo que te quieran sacar lo tuyo”, explica.
“Lo tuyo”, según detalla el integrante de la familia Vicentin, se expone en la zona en plantas de bioetanol y de algodón, en un frigorífico y en una hilandería. En el complejo industrial Avellaneda ingresan los camiones y las chimeneas despiden humo. Se percibe el aroma del cereal y el ruido propio de un complejo industrial. Todo parece normal.
Avellaneda es un tablero de 100 mil hectáreas. El 65 por ciento es parte del valle de inundación del Río Paraná. Unas 35 mil son productivas. Apenas 200 forman parte del casco urbano, un sector que este miércoles a la noche volvió a alterarse con una nueva protesta.
Un cacerolazo, convocado ya desde el martes, resonó durante una hora frente a las oficinas de Vicentin a pesar de los canales de negociación que durante el día abrieron el Gobierno y la empresa. A las 21 desconcentró la mayoría. Un grupo quedó, tal como estaba acordado de antemano, haciendo custodia junto a la carpa de la resistencia.
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