El PJ, el massismo y los K, además de Lousteau, apoyaron la aprobación en general. Pero trabaron el debate por artículo al imponer la vuelta a comisión. Se trataría recién en febrero.
Luego de un largo y accidentado debate, la Cámara de Diputados no pudo darle media sanción este martes al proyecto que busca combatir las mafias del fútbol que impulsa Mauricio Macri.
Sorpresivamente, tras acompañar la aprobación del texto “en general” -fue por unanimidad-, los bloques peronistas lograron trabar la discusión e impusieron su mayoría para devolverlo al debate de comisión. Sin la aprobación del articulado completo no se considera sancionado un proyecto.
Así, la iniciativa no podrá convertirse en ley este año y se habla de una nueva convocatoria presidencial a sesiones extraordinarias en febrero, para tratar el tema. La ministra Patricia Bullrich ya no podrá contar con esta herramienta, como era su pretensión, para los torneos de verano.
La suspensión del debate se dio en medio de una extensa discusión respecto al artículo 10, que establece penas para los que tengan en su poder entradas adulteradas. El titular del cuerpo, Emilio Monzó, hizo votar la moción del pase a comisión, que -otra sorpresa- fue promovida por un aliado del oficialismo, Martín Lousteau, del bloque Evolución Radical.
El resultado fue de 115 a favor, 84 en contra, y 2 abstenciones (Marco Lavagna, del massismo, y el jefe del bloque PRO, Nicolás Massot).
El FpV, el Peronismo Federal, casi todo el massismo y varios provinciales aportaron su mayoría para que la iniciativa volviera a comisión. Alegaban que la redacción de buena parte del articulado no era clara.
Sin embargo la votación “en general” fue unánime: 201 votos afirmativos y 3 abstenciones (de la izquierda). Pero el Gobierno quiso darle tratamiento exprés y se complicó: al momento de la discusión “en particular” (artículo por artículo) y con muchos cabos que habían quedado, el debate se empantanó.
Influyó que en el Senado, por la tarde, por diferencias en la bancada del PJ que conduce Miguel Pichetto, ya se había decidido no tratar la ley antibarras en la sesión de este miércoles. Eso le quitó presión a Diputados.
El primero en sugerir la vuelta a comisión fue el kirchnerista Adrián Grana. Pero la moción de orden la terminó haciendo Lousteau. “La verdad que si los barrabravas están viendo televisión a esta ahora saben que no vamos a poder resolver nada esta noche”, dijo.
En general, como reflejó la votación, hubo amplio consenso en una ley que busca combatir las barras, a través del agravamiento de las penas, la creación de nuevos delitos que antes eran contravenciones y apuntando a cortar las fuentes de financiamiento de los grupos violentos.
Para el Gobierno, fue un revés: como pasó con la Ley de Alquileresy la de financiamiento político, otras dos iniciativas que pedía Macri y que terminan sin aprobación este año. El Presidente extendió incluso las extraordinarias, pero tampoco alcanzó.
En la negociación con la oposición se bajaron penas y se incluyeron sugerencias del Frente Renovador, Argentina Federal y Red por Argentina. También del FpV, como la creación de una base de datos de las personas imputadas, procesadas o condenadas. Los K votaron en general a favor aunque “la ley nos gusta poco”, definió el jefe de bancada, Agustín Rossi.
Felipe Solá, de Red por Argentina, criticó por “oportunista” la intención del Presidente de apurar el proyecto tras el escándalo del frustrado Superclásico.
La sesión arrancó minutos después de las 13. Como se preveía, en el país del fútbol decenas de diputados de todos los colores quisieron expresarse. La radical jujeña Gabriela Burgos, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, sostuvo que la iniciativa “no va destinada a los violentos”, sino a “la sociedad en general que quiere disfrutar del fútbol, sin violencia”.
Los diputados fueron definiendo su apoyo, pero no dejaron de cuestionar el apuro (Solá) o manifestar su escepticismo de que la ley no va a terminar con las barras (el kirchnerista Darío Martínez).
La peronista jujeña Carolina Moisés, se opuso a hacer incompatible la función pública con el rol de directivo de club. “El fútbol no es Boca River y las mafias de las barras que tienen acá. Los clubes del interior no se mantendrían si no fuera por el compromiso de los políticos”, dijo.
En cambio, Rossi coincidió con Elisa Carrió en impulsar la incompatibilidad.
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