El titular de ese organismo, Félix Crous, firmó una resolución. En los expedientes que ya están en juicio, la OA se mantendrá hasta que termine la recepción de la prueba o haya sentencia.
Falta de personal. Con esa simple excusa, el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, justificó un anuncio que venía madurando desde su llegada al organismo: la OA dejará de ser querellante en todas las causas penales. Eso incluye los expedientes de corrupción de la gestión kirchnerista y las causas donde está procesada la vicepresidenta Cristina Kirchner. El retiro no será inmediato en todos los casos: en los expedientes que ya están en juicio, la OA se mantendrá hasta que termine la recepción de la prueba o haya sentencia, dice una resolución a la que tuvo acceso Infobae.
“Habrá de disponerse el desistimiento del rol de querellante en los procesos penales en los que se interviene en tal carácter. Para contribuir al orden de la litis, en aquellos que transitan la etapa de audiencia oral de juicio, se dará cumplimiento a lo aquí dispuesto cuando culmine la recepción de la prueba propuesta por la representación de esta Oficina. En aquellos en que, concluida la audiencia oral, se ha concretado la pretensión punitiva, cuando el Tribunal de juicio dicte sentencia”, explica esa disposición.
En el caso de la “ruta del dinero K”, aunque hubo cambios en el plantel de abogados, la OA hizo su alegato en junio de este año y pidió 8 años y 6 meses de prisión para Lázaro Báez. Siguiendo el criterio de la resolución, se mantendría en el juicio hasta la sentencia. Distinto es el caso del juicio de Vialidad, donde restan decenas de testigos.
Llamativamente, Crous se apoya en un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que menciona “indicios de politización y falta de neutralidad de la Procuración General de la Nación” durante la gestión de Alejandra Gils Carbó. La ex procuradora puso a disposición varios funcionarios para la nueva gestión de la OA.
En mayo, la OA dejó de ser querellante en el juicio unificado por las causas de Hotesur y Los Sauces, todavía sin fecha de comienzo y donde están acusados la vicepresidenta Cristina Kirchner, sus dos hijos, y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros. El anuncio impulsó un duro comunicado firmado por los referentes Juntos por el Cambio. También hubo una denuncia penal firmada por los legisladores Jorge Enríquez, Graciela Ocaña, Waldo Wolff, Fernando Iglesias y el radical Álvaro de Lamadrid.
Pese a los cuestionamientos, el titular de la OA adelantó en ese momento que el organismo también renunciaría a otras querellas. El proceso se viene dando, en cuentagotas, en diferentes expedientes.
Crous argumentó falta de personal y “limitaciones presupuestarias” para mantener las querellas. “Un análisis preliminar de la situación ha permitido comprobar que los recursos profesionales de esta oficina han sido asignados de un modo tal que la Dirección Nacional de Litigio Estratégico ha recibido un tratamiento privilegiado en desmedro de su par de investigaciones; y más aún de la destinada a la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad y la transparencia”, dice la resolución con fecha de este lunes.
Según el funcionario elegido por Alberto Fernández, “la dotación de la OA sufrió una merma de 42 bajas, y durante el mismo período sólo se produjeron 19 incorporaciones”. “A esas bajas se suma la situación generada por la promoción, durante la actual gestión, de cuatro agentes pertenecientes a la planta del organismo a cargos de Alta Dirección Pública de la estructura organizativa, que generaron a la vez nuevas vacantes en la planta de profesionales cuya cobertura no acompaña automáticamente a las bajas por promoción”, agrega la resolución.
Sin embargo, en mayo de este año, la OA contestó un pedido de acceso a la información de los diputados Juan Manuel López y Paula Olivetto donde afirmaba tener la misma cantidad de personal que en diciembre de 2015: 99 empleados. Esa respuesta lleva la firma de Nicolás Gómez, director de Asuntos Estratégicos.
“Crous viene vaciando el organismo para justificar esta decisión. Es el responsable de echar gente y de no renovar decenas de contratos de los abogados de la OA”, dicen en Cambiemos.
Para justificar su decisión, el titular de la OA también argumentó que el Estado seguirá representando en los expedientes a través de los fiscales. “La oficina cumple funciones que en buena medida se superponen con las específicas del Ministerio Público Fiscal, especialmente su órgano especializado en la materia, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (art. 25 de la ley 27.148), circunstancia reconocida ya en la ley de creación (ley 25.233)», dice uno de los párrafos de la resolución.
Efectivamente, los fiscales mantienen las querellas pero hay varios casos donde el rol de la OA fue clave para que se siga investigando. La causa por enriquecimiento contra Carlos Liuzzi, ex mano derecha de Carlos Zannini, ya estaría cerrada si no fuera por la apelación de ese organismo.
Crous argumentó los recursos de la OA ahora se concentrarán en las investigaciones. ¿Qué hizo la OA en los primeros seis meses de gestión? “Se han emprendido numerosas acciones y desarrollos —varios de ellos coordinados con otras instancias ejecutivas del Estado—, iniciando contactos institucionales a nivel federal, realizando y respondiendo consultas, y manteniendo encuentros con organizaciones de la sociedad civil, tanto como con las que reúnen a sujetos obligados por la normativa de cumplimiento y con colegios profesionales”, fue la respuesta que expuso el funcionario en su informe de gestión.
Las escasas denuncias presentadas en estos meses solo apuntan a la gestión de Cambiemos. El viernes último, la OA denunció a los ex ministros de Salud Jorge Lemus y Adolfo Rubinstein, y a la ex ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley por las vacunas que se vencieron y fueron “encontradas” en un galpón. Esa presentación quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello.
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