Lo decidió el juez federal de Morón, Néstor Barral. Involucra a su esposa, su hijo Pablo y sus dos hijastros.
El juez federal de Morón, Néstor Barral, dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario del sindicalista Hugo Moyano, su hijo Pablo, su mujer, Liliana Zulet; y sus hijastros Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet, en el marco de una causa en la que se investiga si cometió el delito de lavado de dinero. La medida según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, alcanza además a tres empresas familiares que tienen entre sus principales clientes al sindicato de Camioneros.
La medida fue dispuesta el 29 de diciembre y se notificó recientemente a la fiscalía y se libraron las correspondientes notificaciones a los organismos públicos: Banco Central, AFIP y a las entidades involucradas en el expediente.
Ahora, el Banco Central y la AFIP podrán entregarle a la justicia toda la información bancarias, tributaria y fiscal de los integrantes de la familia Moyano. «Lo primero que se busca corroborar son los dichos de la denuncia sobre dos propiedades que se compraron en Parque Leloir y si hay movimientos de dinero tanto en ingresos como egresos que justifiquen o no dicha inversión», señalaron fuentes de la causa a Clarín.
La decisión judicial trascendió, aunque fue adoptada a fines del año pasado, en medio de las tensiones cruzadas entre el líder camionero y el gobierno de Mauricio Macri, de cara a la marcha del 21 de febrero en la que el actual presidente de Independiente espera movilizar a 300 mil personas.
El juez Néstor Barral del juzgado federal 3 de Morón, lleva adelante la causa contra el líder de camioneros por presunto lavado de dinero en la compra de dos propiedades a raíz de una denuncia radicada el 21 de diciembre pasado por un vecino del municipio de Vicente López, tras recibir un anónimo.
Se investiga en este expediente la presunta compra irregular de dos propiedades en Parque Leloir. Según la denuncia, las operaciones comerciales se realizaron por intermedio de empresas vinculadas a Moyano. «Lo primero que se busca a hacer con esta medida es corroborar los dichos de la denuncia», aseguraron fuentes judiciales a Clarín.
La primera hipótesis en la causa es que los fondos aplicados a la compra de los inmuebles podrían ser resultado de una sobrefacturación al gremio de Camioneros utilizando dichas firmas. En el conglomerado de empresas figuran los hijastros de Moyano, Juan Manuel Zulet y Valeria Salerno, y en listado de sus principales contratistas se encuentra el gremio y su obra social.
Moyano y su esposa Liliana Zulet en la inauguración de una clínica de camioneros.
Entre las firmas alcanzadas por el levantamiento bancario, fiscal y bursátil, se encuentran Aconra Construcciones SA, Iarai SA (contratada por la gerencia la Obra Social de Camioneros), y Dixey SA dedicada al diseño de indumentaria de trabajo y servicios informáticas. Todas ellas le facturan al gremio de Camioneros y se analizará la documentación se las mismas.
Las tres empresas tienen a su vez, vínculos con la compañía de seguros, Caminos Protegidos Aseguradora de Riesgos de Trabajo, que es administrada por el vicepresidente de Independiente, Pablo Moyano.
Ahora, la justicia busca determinar-según señalaron fuentes de la causa a Clarín-, con la información que comenzará a llegar al juzgado del juez «cuál es el flujo de fondos que manejó el grupo familiar» y si el mismo «guarda relación con las inversiones inmobiliarias realizadas». Además, del circuito de dinero entre las empresas de los Moyano y los fondos que podrían provenir «desde el sindicato».
En este contexto, el Banco Central deberá recopilar la información de las distintas entidades bancarias en las que se hubieren registrado movimientos de los Moyano y de la mujer de Hugo, Liliana Zulet y sus hijastros: Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet.
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