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La Justicia ordenó a la Municipalidad de Salta entregar información sobre la publicidad oficial

La acción de amparo fue presentada luego de que el Ejecutivo municipal se negara a brindar información sobre las contrataciones de publicidad y propaganda durante los meses de enero a octubre de 2015.

La acción judicial fue presentada por el abogado Guzmán Coraita. El municipio debe entregar en 10 días detalles de las pautas  publicitarias contratadas en 2015 y los gastos de implementación de la campaña Revolución Verde.

El martes 27 de junio, el Juzgado Civil y Comercial de 10ª nominación, a cargo de Bibiana Acuña, hizo lugar al amparo entablado por Gonzalo Guzmán Coraita, abogado y titular del sitio Salta Transparente. El fallo de la magistrada ordena a la Municipalidad de la Ciudad de Salta a brindar la información requerida por el accionante en un lapso de diez días.

La acción de amparo fue presentada luego de que el Ejecutivo municipal se negara a brindar información sobre las contrataciones de publicidad y propaganda durante los meses de enero a octubre de 2015; además de las copias de las constancias de pago emitidas a alumnos de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) para llevar a cabo el censo forestal y la copia presupuestaria de las partidas municipales destinadas a la ejecución de dicho censo y al Programa de Recuperación de Arbolado Urbano.

El abogado aclaró que el 25 de noviembre de 2015 realizó los pedidos formales de información, durante la gestión de Miguel Isa. “No me respondieron en ese momento y ahora, con la nueva gestión, tampoco me responden, es por eso que presenté un amparo el 20 de septiembre de 2016. Con el amparo, lo primero que hizo la jueza es convocarnos a una audiencia de conciliación. En esa audiencia, la Municipalidad asumió el compromiso de entregar la información en diez días hábiles”, dijo, según informó El Tribuno.

Guzmán Coraita comentó que después de que se firmó el convenio, desde la Municipalidad acompañaron la información sobre la publicidad oficial pero “a cuenta gota”, mientras que al pedido sobre la Revolución Verde le aclararon que estaban “recopilando la información”. Tiempo después, desde la Secretaría de Hacienda expresaron que no había registros contables sobre esos gastos.

“No se puede tomar como verdadera una respuesta que no tenga una información legal, cuando es una obligación legal tenerla, porque ellos por la ley de contabilidad pública deben registrar cada erogación que hace el Estado. Eso inevitablemente se registra, salvo que se haya sustraído la información. No dijeron qué pasó”, expresó el abogado.

Por esta negativa, Guzmán Coraita pidió que se tenga por decaído el acuerdo conciliatorio, se continúe con el trámite del proceso y se los condene a entregar información. “El expediente se habilitó en la feria, es por eso que va a estar habilitado, o sea que la Municipalidad ya está notificada, por lo tanto empezaron a correr los diez días hábiles”, explicó el director de Salta Transparente.

Guzmán Coraita argumentó que si la Municipalidad dice que no tiene la información “hay una irregularidad”, entonces la Municipalidad tendrá que actuar en ese caso. “Ya sea pidiendo que se hagan auditorias para deslindar responsabilidades administrativas, además de dar intervención a la Justicia porque por lo pronto puede haber un delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esto como mínimo, ya que de la investigación pueden surgir cosas más graves”, detalló el abogado. Y agregó: “Si la Municipalidad no contesta tengo que pedir a la Justicia que le fije una multa diaria por cada día de incumplimiento”.

Contexto

Uno de los motivos de este pedido es que el 2015 fue un año electoral en el que se observó una intensa y particular campaña publicitaria por parte de la Municipalidad de Salta. Según lo publicado en el sitio Salta Transparente hasta la fecha se desconoce cuánto gastó en publicidad oficial la Municipalidad durante ese año.

A mediados de 2011, el municipio difundió por medio de una intensiva campaña de comunicación que realizaría un censo forestal para conocer cuántos árboles había, en qué estado estaban y cuántos faltaban. A seis años de esa fecha, todavía no se publicaron los datos del censo de árboles ni se sabe cuánto fue el dinero que erogó el municipio.

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