Miguel Antonio Medina, juez federal de Salta, declaró vigente la acción penal por el asesinato de Rubén Fortuny, jefe policial designado por el gobernador Miguel Ragone. El magistrado hizo lugar al planteo del fiscal Eduardo José Villalba, quien enmarcó el hecho en el accionar de grupos parapoliciales que actuaban en la provincia en los años setenta.
El juez federal de Salta, Miguel Antonio Medina declaró vigente la acción penal en la investigación del asesinato de Rubén Fortuny, jefe civil de la Policía designado por el entonces gobernador, Miguel Ragone, ocurrido en 1973. El magistrado hizo suya la posición del fiscal Eduardo Villalba, quien enmarcó el crimen en el accionar de grupos parapoliciales que por entonces operaban en la provincia.
En el homicidio de Fortuny, un militante del espacio peronista que lideraba Ragone, se vislumbra «una plataforma fáctica considerablemente más amplia que lo sucedido entre el tirador y la víctima y la definición de la sentencia del tribunal de juicio provincial», señaló Villaba, citado hoy por el sitio fiscales.gob.ar.
Emilio Pavicevich, autor material del asesinato cometido en un bar céntrico de Salta el 27 de noviembre de 1973, fue condenado en 1978 por la Justicia provincial a tres años de prisión por homicidio en estado de emoción violenta.
Pero, como señaló el juez Medina, la Fiscalía sotiene que «hubo un plan ilegal» y que «en la planificación y ejecución de ese plan hubo intervención de funcionarios» estatales «relacionados con el imputado, que permitieron que el tirador se fuera del lugar del hecho y luego abandonara el país sin dificultad alguna”.
El magistrado citó además lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Arancibia Clavel, Enrique”, donde afirmó que “cualquier tipo de actos dirigidos a perseguir y exterminar opositores políticos pueden ser considerados crímenes contra la humanidad».
En coincidencia con el fiscal, señaló que «la acción penal respecto de la nueva plataforma fáctica propuesta como orientativa de una nueva investigación se encuentra vigente».
«Respecto de los nuevos hechos relatados por la Fiscalía, existe el deber de investigarlos que recae en los órganos federales competentes para investigarlos, para buscar la verdad y así poder dar una respuesta adecuada, en plazo razonable, a los interesados”, concluyó el juez y precisó que la acción penal en este caso será ejercida de acuerdo al Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984), que se encuentra vigente.
El fiscal Villalba recordó que en esa época sectores de derecha con los que se alineaba Pavicevich, junto a miembros de las fuerzas de seguridad, protagonizaron frustrados intentos de derrocamiento a Ragone, sucedidos por el accionar de grupos parapoliciales.
En consecuencia, pidió investigar «los pormenores que rodearon al hecho criminal» para «verificar y confirmar» que el asesinato de Fortuny «no fue un hecho delictivo aislado, sino que se presenta como una grave violación a los derechos humanos».
Ragone gobernó Salta entre el 25 de mayo de 1973 y el 23 de noviembre de 1974, cuando la entonces presidenta María Estela Martínez dispuso la intervención de la provincia. Según estableció la Justicia Federal,MIGUEL RAGONEfue secuestrado y asesinado el 11 de marzo de 1976 al salir de su domicilio para dirigirse a su trabajo.
Los secuestradores intentaron no dejar testigos del hecho, por lo que balearon a Margarita de Leal, una transeúnte que sobrevivió, y a Santiago Arredes, un vecino que murió.
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