Lo dijo el presidente de la Conferencia Episcopal, quien denunció la represión y el desastre social. El Papa había llamado a la “concordia” entre gobierno y opositores.
Venezuela se desliza al abismo. La iglesia del país caribeño, combativa y distante de la moderación política que ha exhibido el Vaticano hacia el experimento bolivariano, acaba de caracterizar de ese modo la inminente asunción por parte de Nicolás Maduro de un nuevo mandato. El episcopado calificó al sucesor de Hugo Chávez de “ilegítimo y moralmente inaceptable” para ocupar el cargo y menos pretender continuarlo.
De este modo, la Iglesia venezolana se alinea con las críticas en igual sentido que han planteado los países del Grupo de Lima, entre ellos Argentina, que prometieron desconocer al gobierno y con la posición similar de la Unión Europea.
“Si seguimos por la senda en la que en nos encontramos, acabaremos en el abismo”, reiteró este martes en un comunicado José Luiz Azuaje Ayala, presidente de la Conferencia Episcopal local.
En el documento, el alto jerarca denunció el “deterioro humano y social en la población y en las riquezas de la nación” que ha causado el gobierno chavista. “No ha habido sensibilidad humana y social que sugiera que se producirá un cambio más adelante”, y enumeró “el índice de pobreza, la tasa de enfermos, las amenazas y el aumento de la represión”.
El arzobispo de Maracaibo y titular regional de Cáritas también señaló que “la historia, en su momento adecuado, dará su veredicto sobre la legitimidad del mandato de Maduro”.
En julio de 2017, la Conferencia Episcopal venezolana había divulgado otro áspero mensaje contra el régimen bolivariano al que consideró “dañino para el pueblo”. Un año después sostuvo que “perseguir, someter y enjuiciar arbitrariamente es el componente que se observa, mientras hay una multitud en el pueblo que pide alimentos, medicamentos, luz eléctrica, sueldos dignos, detener la inflación…”.
“Los obispos hemos encontrado que todos los males tienen una razón: la implementación de un proyecto político totalitario.”
En noviembre pasado, Azuaje Ayala declaró en Alemania que su país sufría una “escalada de intolerancia” en medio de “una situación límite de desplome y colapso”.
La posición de la Iglesia local se produce luego de que el lunes se divulgó una carta que enviaron al Papa Francisco 20 ex presidentes latinoamericanos criticando el contenido de su último mensaje de Navidad. El pontífice había pedido “que este tiempo de bendición le permita a Venezuela encontrar de nuevo la concordia y que todos los miembros de la sociedad trabajen fraternalmente por el desarrollo del país, ayudando a los sectores más débiles de la población”.
El argumento de la conciliación promovido por el Vaticano le ha venido sirviendo al régimen para escapar en los últimos años de la presión opositora. Lo usó para burlar la obligación constitucional de cumplir con un referendo revocatorio del mandato de Maduro hace dos años. En aquel momento se realizaron unas mesas de diálogo con la oposición en las cuales el oficialismo ignoró las demandas la libertad de presos políticos y la garantía de asistencia humanitaria, reclamos que también expresaba el Episcopado local.
Luego, el pretexto de la conciliación también fue usado por el régimen para imponer la reelección del presidente en una campaña que se basó en la proscripción o el arresto de la oposición.
La Iglesia venezolana se alejó de esa estrategia y ha venido llamando a los feligreses en las misas para que se alcen contra la autoridad a la que, ya en abril de 2017, había descripto como “totalitaria, militarista, policial, violenta y represora”.
Este último comunicado del Episcopado se conoció luego de la conmocionante huida a EE.UU. del juez del Tribunal Supremo Christian Zerpa, quien denunció que el Poder Judicial es sólo un apéndice del régimen y que cada sentencia de carácter política es dictada por el Ejecutivo.
Asimismo, el sábado pasado la Asamblea Nacional, el Congreso unicameral que controla la oposición, declaró la ilegitimidad del presidente por considerar que las elecciones de 2018 fueron fraudulentas y anunció la instauración de un gobierno de transición y el llamado a nuevos comicios. El gesto es apenas formal por la carencia de poder que exhibe el legislativo venezolano a raiz de la ofensiva del régimen en su contra.
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