Presentaron una acción de amparo contra la obra social de los jubilados.
En un intento por cambiar una situación desesperante de los jubilados y pensionados que tienen cobertura del PAMI, desde la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Salta presentaron una acción de amparo para intentar que la administración local de la obra social dé respuestas a su afiliados ante la pandemia de la COVID-19.
El Defensor del Pueblo, Federico Núñez Burgos, detalló a El Tribuno que el amparo fue presentado el lunes y recayó en el Juzgado Federal N§ 2 de Salta, a cargo del juez Miguel Medina.
Con la acción judicial se pretende que la dirección salteña del PAMI, en manos de Verónica Molina, «brinde información de acceso público sobre el protocolo implementado con sus afiliados ante la sospecha o confirmación de cursar la enfermedad».
También para que «adecue la operatoria de contratación de proveedores, especialmente clínicas y sanatorios, de manera que sus afiliados cuenten con una atención sanitaria acorde a la urgencia». Y «presente un plan de coordinación y acción al comité operativo de emergencia de la provincia para casos de urgencia».
«La provincia está atravesando un momento sanitario muy crítico por la pandemia y el PAMI no realizó una adecuación de su atención para este contexto», dijo Núñez Burgos.
Consideró que la obra social de los jubilados y pensionados, quienes están entre la población más vulnerable frente a la pandemia, debería dejar el sistema capitado, que determina un monto fijo de atención para prestadores ya asignados, y liberar a los afiliados a que se puedan atender en cualquier clínica y no únicamente en las prefijadas.
En la capital salteña solo existen tres lugares donde reciben a personas con cobertura del PAMI: el Sanatorio Modelo, Cruz Azul y el hospital Militar. Entre los tres sanatorios no llegan a las 150 camas disponibles para los jubilados.
Fuentes jerárquicas del PAMI y de las clínicas privadas que atienden a afiliados de esa institución nacional confirmaron días atrás en off a este diario que ya hubo casos en los que se tuvo que rechazar a personas de los sanatorios por no tener lugar para atenderlos.
«Cuando empezó la pandemia, en abril, las obras sociales en general y el PAMI en particular empezaron a achicar sus prestaciones significativamente y entendíamos que esto tenía que ver con la necesidad de adecuarse a lo que iba a suceder cuando el virus comenzara a circular con mayor intensidad como está sucediendo ahora. Hoy nuestra provincia está atravesando por un momento muy complicado de urgencia sanitaria y cuando los afiliados del PAMI van a buscar ser atendidos se encuentran con que la obra social no realizó una adecuación real de sus prestaciones», afirmó el titular de la Defensoría del Pueblo.
«El PAMI tiene la misma cantidad de camas de internación que tenía antes de la pandemia, pero la demanda de ahora es mucho mayor», criticó.
Otra línea de acción
El Defensor del Pueblo dio a conocer que a su oficina llegaron decenas de denuncias de vecinos por la falta de atención del PAMI y otras obras sociales y prepagas. Los reclamos no solo fueron por desatenciones en cuanto a la enfermedad del coronavirus, sino también por otras patologías que tampoco recibieron el tratamiento adecuado.
«Eso nos llevó a presentar, hace dos semanas, un pedido de informe a la Superintendencia de Servicios de Salud para conocer cuáles son las empresas de medicina prepaga y obras sociales que redujeron su prestación y si estaban autorizadas para hacerlo, porque los afiliados siguen aportando como si el servicio fuera normal», contó el funcionario.
Adelantó que de acuerdo a la respuesta que obtenga por parte del organismo nacional preparará alguna acción judicial.
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