El escándalo reventó con denuncias cruzadas por la posesión de una finca en Rivadavia Banda Sur.
La esposa del intendente de esa localidad, Leopoldo Cuenca y el apoderado legal de Tierras Vascas, entre otros, están imputados por diversos delitos, entre ellos «usurpación, robo calificado, amenazas con armas, turbación de la posesión y retención indebida». Esta semana, la fiscal penal de Pichanal, Sofía Fuentes, llevará a cabo una inspección ocular en la propiedad, según informó Que Pasa Salta.
Las actuaciones penales de la Fiscalía de Pichanal se derivan de un litigio iniciado en el fuero civil por superposición de límites entre las fincas, Las Botijas y Las Colmenas II (Juzgado Civil y Comercial de Orán, jueza Cristina Barbera, Tierras Vascas contra Guerra Romero Fidela y otros s/acción real negatoria, Expediente Nº 17.387/2007).
Las distintas intervenciones de la fiscalía penal se iniciaron el 10 de julio del año pasado, a partir de una denuncia radicada por el intendente, Leopoldo Cuenca, según informó el sitio Fiscales Penales Salta.
La misma, según lo informado desde la Fiscalía de Pichanal, se radicó en el Destacamento de Rivadavia Banda Sur. En la misma se dio a conocer que personas de la empresa Tierras Vascas ingresaron ilegalmente a la finca Las Botijas, de propiedad del intendente, ubicada a 30 kilómetros de la localidad de La Unión.
En otra denuncia, Lorenzo Elías Porcel, empleado de Cuenca, sostuvo que trabaja en la finca del intendente. Indicó que residía en una vivienda, ubicada a unos 4 kilómetros del portón de acceso.
Explicó que el 9 de julio salió a visitar unos familiares y que al regresar, en horas de la noche, el candado del portón había sido cambiado. Agregó que igualmente ingresó y llegó a su casa, donde se despertó al día siguiente, enterándose mediante una nota de los supuestos usurpadores, quienes le exigían que se retire de la propiedad.
Posteriormente, informó que tuvo un encuentro con tres sujetos, quienes lo intimaron a que se marche de la propiedad, ya que si no lo hacía no sabían que podía pasar con el mismo. Indicó que sólo pudo llevarse su caballo, ya que el resto de sus pertenencias había desaparecido.
Ante esta denuncia, la fiscalía ordenó a la policía local realizar una inspección en la propiedad, oportunidad en la que se identificó a Diego César Mazzucheli, quien dijo ser apoderado legal de la empresa Tierra Vasca, como así también reveló que en la propiedad se hallaban Carlos Alberto Quinteros, José Eduardo Montenegro y Rafael Rodolfo Sales, quienes realizaban tareas de ganadería para la firma que representa.
A partir de esta diligencia, y otras medidas más, la fiscalía citó el 24 de octubre de 2017 a Mazzucheli, Quinteros, Montenegro y Sales a fin de realizar la correspondiente audiencia de imputación a los mismos por los delitos de «usurpación y robo calificado».
El 5 de diciembre de 2017, Mazzucheli prestó declaración indagatoria ante el Juzgado de Garantías 1, mientras que Quinteros lo hizo recién el 6 de abril pasado. Respecto a Montenegro y Sales, los mismos aún no pudieron ser localizados para poder formalizar la imputación, puesto que presentaron domicilios en las provincias de Tucumán, Santiago del Estero y Salta.
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