Desde iniciar a su amigo Báez en el negocio vial hasta la concentración económica de obras en Santa Cruz, y su direccionamiento en favor del contratista K, con pérdidas para las arcas del Estado.
Poco después de las 12, en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, se inició el juicio contra Cristina Kirchner por el direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez. Luego de tomar asistencia a los 13 imputados, se comenzó con la lectura de la acusación donde la frase predominante fue «organización criminal» creada con el fin de «sustraer fondos públicos».
En la última fila, la ex Presidenta sigue la lectura observando su celular junto a su abogado Carlos Beraldi. Tres filas más adelante, Julio De Vido y Lázaro Báez, sentados uno al lado del otro, prestan atención a un documento que los señala como parte de una misma «maniobra de corrupción «.
En este expediente, el juez Julián Ercolini procesó a la ex Presidenta, a Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Nelson Periotti (entre otros ex funcionarios) y a Lázaro Báez por asociación ilícita y defraudación al Estado, por haber favorecido al grupo Austral con 51 contratos viales por 46.000 millones de pesos, «plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles». Por ello, se habla de un «direccionamiento» a favor del conglomerado del empresario K.
La acusación que el secretario del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) comenzó a leer consta de 600 páginas y corresponde al escrito de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.
Los fiscales entendieron que la investigación no se encuentra «en soledad», sino que se trata de la «causa madre» de un grupo de investigaciones que involucran a la ex Presidenta, como Hotesur SA, Los Sauces SA y otros expedientes, como también aquel en el que Cristóbal López es investigado por no pagar a la AFIP 8.000 millones de pesos del impuesto a los combustibles.
La «operatoria criminal»
Desde el Gobierno anterior y diversos «organismos estatales vinculados a la obra pública, se «montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz», lo que representó la contratación del Estado «en favor de Lázaro Báez» por más de 46.000 millones de pesos».
Negocios para Lázaro Báez
La fiscalía sostuvo que se configuró un esquema «de beneficios exclusivos» para Báez. Así, el dueño del Grupo Austral se convirtió en el «empresario de obra pública vial más beneficiado» por las «gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner». A los ex presidentes se los apunta como los responsables de «diseñar la maniobra» y de «erigir a su amigo personal» como contratista del Estado.
La «operación criminal» fue, según los fiscales, el medio que utilizaron los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, para «pervertir su función» y utilizar el Estado para «enriquecerse a costa del trabajo de la comunidad».
Una maniobra con cuatro etapas
Todo contó con cuatro etapas: la inmersión del amigo y socio presidencial en el negocio de la construcción vial, la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional (en el ministerio de Planificación Federal), la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en el sur, y el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de «beneficios exclusivos y permanentes en favor de Báez en detrimento de las arcas del Estado».
Los «jefes» de la asociación ilícita fueron -según la imputación- el matrimonio Kirchner, y en el rol de organizadores participaron Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner como parte del ministerio de Planificación Federal. También, el ex Administrador de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, el «amigo personal y socio comercial de los ex Presidentes, Lázaro Báez a quien beneficiaron espuriamente», entre otras personas.
La justicia determinó que hubo una etapa posterior al «apoderamiento de fondos públicos destinados a la obra pública» y fue el destinado «al reciclaje de las ganancias ilícitas derivadas del anterior y de otros hechos ilícitos».
Desde una faceta privada, los ex Presidentes buscaron »convertir en lícitos fondos de origen ilícitos”. Esto fue posible gracias al «esquema de reciclaje» que se utilizó para «instrumentar maniobras de lavado de activos a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades». Para ello, se usaron empresas de Báez y de Cristóbal López, «canalizaran fondos hacia los ex mandatarios y sus hijos». Esta secuela de la investigación que comenzó a juzgarse este martes se analizó en las causas «Hotesur» y «Los Sauces», cuyo juicio oral unificado comenzaría antes de fin de año.
Como parte del punto tres, se leyó en la Sala que en definitiva «Santa Cruz, lejos de ser beneficiaria de una legítima política del gobierno federal, fue el escenario escogido para el obrar mancomunado ilegal de un grupo de funcionarios que comandados por los titulares del Poder Ejecutivo Nacional, utilizaron la propia burocracia estatal para proveer los fondos a dicha provincia, para que una vez allí, llegara a manos de Lázaro Báez, que como particular los recibiría para luego, ya fuera de la esfera pública, el dinero iniciara distintos caminos, entre ellos, un camino de retorno hacia los ex presidentes y sus hijos».
Y como cuarta instancia de la maniobra se planteó que el proceso de adjudicación «configuró una puesta en escena orientada a simular en los papeles una supuesta competencia entre oferentes que en la realidad no existía, lo que permitía, por un lado, cumplir con el requisito de multiplicidad de ofertas y, por el otro, aumentar el costo de la obra vial a través de cotizaciones superiores al presupuesto oficial».
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