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JusticiaLa denuncia contra el juez Diez, prescrita

Federico Diez

Apelarán la decisión de la Justicia sobre el magistrado, acusado de violencia de género.

El 10 de junio, la Sala III del Tribunal de Juicio dictó el auto de sobreseimiento al juez Federico Diez, a quien su expareja denunció por violencia de género, por prescripción de la acción penal. La abogada de la víctima, Josefina Arancibia, dijo que no se tuvieron en cuenta los vaivenes que tuvo la causa y que se apelará la decisión.

Diez fue imputado por «lesiones leves agravadas por la relación de pareja preexistente y por constituir violencia de género y amenazas con arma en concurso real» por hechos ocurridos en julio de 2016.

La Justicia consideró prescrita la acción penal por el delito de lesiones. Desde la Multisectorial de Mujeres, que brinda asistencia jurídica a la víctima, cuestionaron esta decisión y sembraron dudas sobre el accionar de los funcionarios judiciales.

«Se dicto un «sobreseimiento’ que no resulta de haber investigado el hecho y probado la inocencia de Diez. Tampoco resulta de la inexistencia del hecho material del delito… Observamos que la falta de acción por parte de la Fiscalía en el cumplimiento de sus deberes, consistió en no haber impulsado los actos procesales necesarios y suficientes para que no decaiga el derecho de la víctima», plantearon.

Denunciaron reiteradas irregularidades en el manejo de la causa, como que el expediente fue caratulado con el nombre de la víctima como si fuera ella la imputada.

«Uno de los problemas más acuciantes que sufrimos las mujeres en Salta son las dificultades para el acceso a la Justicia en todas las dimensiones que su concepto implica. El Poder Judicial sigue constituyendo uno de los poderes -a pesar de los logros conseguidos- donde es más difícil la transversalización de la perspectiva de género, propuesta por la Oficina Mujer de la Corte de Justicia de la Nación», difundieron.

También destacaron que «la sentencia que sobresee al denunciado, debe ser revisada a la luz de la actuación del fiscal por incumplimiento de sus obligaciones».

Manifestaron que a lo largo del proceso judicial «acceder al expediente se convirtió en una misión imposible», a lo que se sumaron pericias en horarios superpuestos o notificaciones tardías; un auto de elevación a juicio de nueve meses de confección y resoluciones dadas a conocer por prensa del Poder Judicial sin haber notificado fehacientemente a la querella.

Destacaron que hubo una «revictimización» de la denunciante y que, en una provincia en emergencia por violencia de género, los funcionarios y funcionarias deberían haber sido garantes de sus derechos.

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