Con 31 votos a favor, dio un primer paso para llevar a nueve los miembros del tribunal.La emergencia sociosanitaria declarada en el norte provincial se coló en el debate.
La Corte de Justicia de Salta tendrá nueve integrantes. La Cámara de Diputados de la Provincia dio ayer en una sesión extraordinaria el primer paso para que eso ocurra y el Senado hará lo propio el martes próximo, según se descarta desde el oficialismo, también fuera del calendario legislativo.
Como se preveía, hubo un debate caliente en lo que terminó en la aprobación mayoritaria (31 votos afirmativos contra 16 negativos y una abstención) del proyecto del gobernador Gustavo Sáenz para ampliar de siete a nueve la cantidad de jueces y juezas del máximo tribunal de Justicia.
Si bien el documento de propuesta para modificar la ley orgánica del Poder Judicial que enviaron desde el Ejecutivo a la Legislatura carece de una fundamentación escrita, los diputados oficialistas se encargaron de argumentar que la ampliación de la Corte traería mayor agilidad e institucionalidad al ejercicio de la Justicia. También se dijo que los dos nuevos magistrados que se designarán serán mujeres para lograr una «equidad» en la composición del cuerpo, aunque esa aspiración se podría subsanar también nombrando a una jueza en el cargo que dejó Guillermo Posadas.
Por parte de la oposición la postura que más se mencionó fue el «costo» que tendría la incorporación de dos jueces ($40 millones anuales según el kirchnerista Frente de Todos).
Sobre ese punto, desde la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados intentaron subsanar la crítica con la emisión de un dictamen para agregar un artículo al proyecto en el que se establece que la ampliación de la Corte no debería afectar las partidas previstas para el Poder Judicial.
La oposición puso en relieve que el tratamiento de este tema judicial no es prioritario ni urgente en medio de la crisis sociosanitaria que impera en el norte provincial. Por ejemplo, la médica y diputada Gladys Paredes (del Partido de la Victoria) aseguró que con los fondos que se requerirá para los dos nuevos jueces se podría nombrar a 100 agentes sanitarios.
El flamante presidente de la Cámara Baja, Esteban Amat, presidió su primer debate del año y la tuvo complicada con el diputado radical Héctor Chibán, quien de manera insistente y pese a los reclamos de la nueva autoridad fijó su postura a los gritos en contra de los temas que se trataron en la sesión extraordinaria de ayer por encima del DNU provincial que declaró la emergencia en el norte.
El diputado Claudio del Plá, del Partido Obrero, habló que se trata de un proyecto de «blindaje» judicial para el poder de turno. Quien coincidió con ese concepto fue Gladys Moisés, del oficialista bloque Salta tiene Futuro.
«Como el proyecto no establece cuáles son los fundamentos, nosotros tenemos que conjeturar y eso nos lleva a que el único fundamento válido que tiene el proyecto es nombrar a jueces afines al Gobierno provincial, para que le garanticen un alineamiento político incondicional y una futura impunidad en el caso de que sea menester», disparó la legisladora.
Asimismo, hubo varios cuestionamientos al accionar de la Corte de Justicia en distintos fallos. «No es una cuestión de cantidad sino de calidad», se repitió en varias alocuciones.
Pese a la insistencia de las autoridades de la Cámara Baja, no se pudo evitar que varios diputados hablen fuera de programa sobre la crisis en el norte.
Se aprobó la moratoria
El primero de los tres proyectos de ley que envió el Ejecutivo que trataron ayer los diputados fue la implementación de una moratoria para deudas tributarias provinciales con la que el Gobierno local estima recaudar $300 millones. La iniciativa fue aprobada por mayoría (con solo el rechazo del Partido Obrero), aunque con cuestionamientos a algunos artículos.
El planteo que mayor consenso tuvo entre los legisladores al proyecto de la moratoria fue el que realizó el diputado olmedista Carlos Zapata para excluir de los beneficios de condonación de las multas por deudas con la Provincia a empresas penadas por emitir facturas truchas y a los evasores crónicos de impuestos.
Diputados del norte provincial agregaron a ese pedido de exclusión a las constructoras que cobraron adelantos para obras del trunco Fondo de Reparación Histórica y nunca terminaron sus trabajos (vale decir con la vista gorda de funcionarios y legisladores de turno). Finalmente, el planteo de minoría no fue votado.
A pagar con la AFIP
El proyecto que se aprobó sin demoras fue el de creación de un régimen simplificado para que los monotributistas paguen el impuesto provincial de Actividades Económicas que les corresponda cuando abonen sus cargos con la AFIP.
Así se delega en el organismo nacional, con mayores recursos de fiscalización y de presión hacia los contribuyentes, el cobro del tributo local. Para entender mejor la medida, sirve de ejemplo la forma de percepción de tributos municipales a través de la boleta de Edesa.
De igual modo, con el nuevo régimen que se incorporará al Código Fiscal, se invita a los municipios a cobrar gravámenes comunales con la AFIP.
Según reveló el diputado del oficialismo y titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Ricardo Javier Diez Villa, en la Provincia se estima la incorporación de unos 6 mil contribuyentes monotributistas al cobro por Actividades Económicas que hasta ahora no aportan al fisco salteño.
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