El organismo dice ahora que hubo una “persecución” contra el empresario K que es juzgado por evadir $8.000 millones a través de Oil Combustibles.
El organismo que dirige Mercedes Marcó del Pont desistió de formalizar sus acusaciones contra Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray en el juicio por la presunta defraudación a la administración pública por la deuda multimillonaria de Oil Combustibles SA con la AFIP durante el último gobierno de Cristina Kirchner. Hace un mes, gracias al fisco el empresario K, logró rescatar a la petrolera de la quiebra.
Este jueves inician los alegatos en el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) integrado por los jueces Andrés Basso, Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos, donde los tres acusados por maniobras defraudatorias son los dueños del Grupo Indalo y el ex titular de la AFIP durante la gestión kirchnerista.
Horas previas a la audiencia de mañana, la AFIP informó que se retira como querellante en el caso y como consecuencia directa, durante la instancia del alegato que le correspondía para la jornada de mañana se remitirá a lo planteado en la resolución que firmó Mercedes Marcó del Pont.
Fuentes oficiales señalaron a Clarín que «las irregularidades encontradas permiten desistir de la querella». Las acusaciones van dirigidas a la administración del organismo recaudador durante la gestión de Mauricio Macri, que fue denunciante en el caso que condujo a prisión en tres ocasiones a Cristóbal López y a De Sousa.
La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, «dispuso el desistimiento del organismo de la querella en la causa penal que tiene como principales imputados a los accionistas de la empresa Oil Combustibles», se informó oficialmente. La decisión está fundada en «la evidencia interna (auditorías y sumarios disciplinarios) y externa (denuncias administrativas y requerimientos judiciales) que dan cuenta de graves hechos de corrupción administrativa, basados en abusos de autoridad y desvíos de poder».
La resolución firmada por la actual titular de la AFIP, argumenta que «la matriz de los hechos acontecidos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 tienen un rasgo común: la finalidad de persecución y hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos”.
En contraposición a ese planteo, la acusación fiscal con la que se inició el juicio, sostiene que existió una «maniobra de corrupción por la cual desde la AFIP, los funcionarios encargados de administrar las rentas de la Nación, encabezados por el titular del organismo Ricardo Echegaray, defraudaron a través del ITC de modo sistemático, deliberado y permanente al Estado Nacional, en beneficio de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, ocasionando un perjuicio a la administración pública superior a los 8 mil millones de pesos».
La Justicia determinó que los planes de facilidad de pago otorgados por la AFIP al empresario K le permitieron no pagar el impuesto mencionado para que lo “utilizaran indebidamente y en su propio beneficio”. Ese dinero, según la Justicia, se destinó a capitalizar a las demás sociedades del grupo Indalo. “Ello, en perjuicio de las arcas del Estado que dejó de percibir la suma de $ 5.144.538.391,07 en concepto de capital”.
Cristóbal López siempre sostuvo que los planes de pagos fueron concedidos «bajo la normativa vigente en el fisco» y que la deuda no superaba los 650 millones de pesos cuando inició el debate oral. La justicia sostuvo que lejos de cumplir con sus obligaciones fiscales, el dueño del Grupo Indalo se «financió con dichos fondos para incrementar su conglomerado de medios».
Avalando la tesis de la persecución política que Fabián De Sousa denunció en la justicia federal, la actual gestión el desistimiento de la querella en la causa «constituye una decisión de responsabilidad institucional de las autoridades políticas de la AFIP al no legitimar la persecución, el hostigamiento y las arbitrariedades acontecidas durante el gobierno anterior, que fueron identificadas y documentadas desde diciembre de 2019».
A esto debe sumarse otro dato que destacaron fuentes oficiales: Oil Combustibles logró hace un mes -gracias al aval de su principal acreedor, la AFIP-, levantar la quiebra de la petrolera por avenimiento, un proceso a través del cual se evita la liquidación de la compañía y se llega a un acuerdo de pago con sus acreedores. Este miércoles, de hecho, hizo el primer pago
El 11 de agosto la jueza comercial, María Soledad Cazzasa, resolvió el levantamiento de la quiebra, indicando que daba por concluida dicho proceso sobre Oil Combustibles al haber obtenido la conformidad de sus acreedores y así, el avenimiento. Se hizo en el marco de este proceso, una reserva de fondos por 5.275.440.107,27 pesos para juicios laborales, incidentes, honorarios, reservas por impuestos, entre otros.
Esta quiebra por avenimiento que obtuvo López deja sin efecto el pedido que había hecho la AFIP de la gestión macrista, para que la quiebra se extienda al Grupo Indalo y a las personas físicas, es decir sus dueños. De esta manera, fuentes judiciales explicaron a Clarín que no corre riesgo «el grupo de medios que se encontraba vinculado a Oil Combustibles».
Fue un proceso en etapas. En plena pandemia, Cristóbal López se acogió a la moratoria fiscal que impulsó Alberto Fernández. Hoy, según pudo saber Clarín, la empresa petrolera inactiva desde 2018, pagó la primera de las cuotas del plan de facilidades de pago.
Cuando el oficialismo convirtió el proyecto en Ley, la oposición rechazó acompañar la medida, haciendo foco en la deuda de Oil y en que se trata de una empresa con la quiebra dictaminada desde mediados de 2018 y completamente inactiva. «Buscan un plan de facilidades de pago para cancelar la totalidad de sus deudas tributarias verificadas en el concurso (6.739.449.633 pesos), en la quiebra (1.507.702.128 pesos) y pendientes de resolución (3.548.496.183 pesos)», dijeron entonces.
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