La deuda original del empresario K era de $ 8.000 millones. Pero por intereses y punitorios llega a 1.000 millones de dólares.
En un año Cristóbal López y Fabián De Sousa duplicaron su deuda con el fisco. Según un informe de la AFIP que se presentó ante el juez Julián Ercolini que procesó por defraudación a los dueños del Grupo Indalo, arroja una deuda total de $17.042.509.692, muy superior a los $ 8.000 millones contabilizados en la causa que lo condujo a la prisión al empresario K. Esa cifra se acerca a casi mil millones de dólares.
El organismo recaudador no descarta analizar un plan de pagos con los nuevos administradores del holding, siempre y cuando «se ajuste a las normativas vigentes y sea convalidado por el juez», indicaron fuentes oficiales a Clarín.
Ricardo Echegaray el anterior administrador de la AFIP otorgó de manera «irregular y en forma consistente, sistemática y deliberada» planes de pago -especiales y generales- a Oil Combustibles SA – para poder eludir el pago del Impuesto a los combustibles durante los períodos fiscales de mayo de 2013 a agosto de 2015. Así, la justicia determinó que el ex funcionario K dejó de cumplir «con los deberes inherentes a su cargo», es decir: controlar a López y a sus empresas.
La AFIP kirchnerista, habilitó a López y a De Sousa a no pagar el impuesto al combustible, «en tiempo y forma» y posibilitó que se utilice «indebidamente y en su propio beneficio ese dinero para capitalizar a las demás sociedades del grupo económico» al que pertenecía a Indalo a través de diversos créditos.
Así, el Estado Nacional dejó de percibir $ 5.144.538.391,07 en concepto de capital. Con el correr de los meses, la cifra se incrementó sustancialmente hasta llegar a $ 8.000 millones a marzo de 2016. La cifra no quedó congelada y el Estado hoy reclama el doble de ese valor al empresario preso por administración fraudulenta, por quedarse con dinero del fisco.
Al ser procesado junto a su socio Fabián De Sousa y al ex administrador de la AFIP por fraude, se les trabó un embargo de $ 17.000 millones. El número no es azaroso. El juez Ercolini se basó en un informe que la AFIP que dirige Alberto Abad le entregó tras un pedido del fiscal Gerardo Pollicita: querían conocer a cuánto asciende la deuda actual de los dueños del Grupo Indalo con el Estado y cómo se llegó a dicha cifra.
Según pudo constatar Clarín, la deuda que reclama el fisco es de $17.042.509.692. «Recientemente se cayó el concurso preventivo de acreedores de Oil Combustibles, que de estar vigente la deuda sería de $ 6.000 millones porque habría recibido quitas y beneficios», indicaron fuentes oficiales.
Con la imposibilidad de abrir dicha instancia en el fuero comercial, trámites que fue considerado «fraudulento» por fijar «un domicilio ficticio» de la empresa, la AFIP volvió a contabilizar la deuda.
En el cálculo incidió también, que al Grupo Indalo se le cayeron diversos planes de facilidades de pago, denegados por la situación judicial de López y que ya no podrá -por el procesamiento-, acceder a ninguna moratoria: el mismo mecanismo que durante el gobierno de Cristina le permitió generar la millonaria deuda con el fisco.
Se computaron también intereses y punitorios aplicados a Oil Combustibles SA. Así, la cifra final que Abad acercó al juzgado de Ercolini como deuda actualizada y dinero que reclaman a los dueños de Indalo, es superior a los $ 17.000 millones. El número fue determinante para trabar el embargo final sobre los bienes de López, De Sousa y Echegaray.
La próxima instancia para el Gobierno, es garantizar que el patrimonio del holding «no se desvalorice». El conglomerado económico, cuenta con una inhibición de bienes que impide su venta formal a OP Investment de Ignacio Rosner y Santiago Dellatore, pero no «su funcionamiento comercial, cuentan con activos importantes para hacer frente a la deuda».
La AFIP también entregó un informe al juez, con el detalle de cien empresas que despertaban sospechas porque no se tenía conocimiento de ellas: se trata de firmas de alimentos (20), construcción (12), Inversión (15), Medios de Comunicación (34), Producción (3), Petróleo (6), Servicios (10). El fiscal Gerardo Pollicita no descarta pedir que todas queden inhibidas.
En este escenario, lo primordial es «garantizar la continuidad de las fuentes de trabajo», que las 170 empresas (sólo están inhibidas 70) continúen funcionando comercialmente y sobre todo, «tener mecanismos de pago que garanticen a la AFIP recuperar el dinero que se quedó López», indicaron fuentes oficiales.
Si los representantes de OP como administradores acercan una propuesta para hacer frente a la deuda, el Gobierno no descarta analizarla, «debe regirse por las normas y estar convalidada por el juez», indicaron a Clarín.
La deuda millonario de Cristóbal López con el fisco, se generó al acogerse a planes de facilidades de pago. Para esto Echegaray «tomó intervención en las distintas áreas operativas y centrales» que concedió un plan especial y después dos generales. El interés mensual no superó el 1,9% y los regímenes de cuotas de 30 a 120, se otorgaron sin «mayores controles, ni pedido de documentación, ni mucho menos, inspecciones a las empresas para conocer su situación financiera».
López se financió con sus obligaciones fiscales al acogerse sistemáticamente a planes de pago. Todo fue con una tasa mucho más beneficiosa «que si hubiera seguido los canales normales». Con esa financiación, y a pedido del gobierno de Cristina Kirchner, compró medios como C5N, Radio 10 e Ideas del Sur para apoyar las políticas kirchneristas.
Esto volvió incierto el eventual cobro del impuesto mencionado, algo que no preocupó a la AFIP de Echegaray, pero que la actual gestión busca revertir.
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