El TOF 5 tenía en curso una pericia que había pedido la propia ex presidenta para demorar el arranque del juicio. Y confirmaba irregularidades con sus empresas.
Este mes los peritos de la Corte Suprema de Justicia especializados en Casos de Corrupción y Defraudación contra la Administración Pública iban a entregar las conclusiones finales de una pericia pedida por Cristina Kirchner sobre la inmobiliaria Los Sauces SA, una de las empresas de su familia sospechada de haber sido usada como vehículo para lavar dinero. El informe parcial ya había expuesto pagos de alquileres sin respaldo documental, falta de fondos para adquirir algunas propiedades, una contabilidad «con falencias» y registraciones contables inexactas. Esa información no fue tenida en cuenta por dos jueces, pero sí fue remarcada por el fiscal Diego Velasco y la jueza Adriana Pallioti, que votó en minoría contra el sobreseimiento de la vice.
Una vez constituida Los Sauces SA, la firma comenzó a adquirir propiedades: «más de 23.897 metros cuadrados por 3.087.000 dólares en pocos años», sostuvo la fiscalía. Las operaciones «fueron constantes en el tiempo» y el derrotero de «alquileres ficticios» devino en un procesamiento por lavado de dinero y por lo cual se intervino la compañía. Para los jueces Adrián Grunberg y Daniel Obligado, sin embargo, hubo «inexistencia de delito», y decidieron sobreseer a todos los acusados sin la realización del juicio oral.
Según la defensa, el informe preliminar de esa pericia exponían que los pagos que la inmobiliaria de los Kirchner recibió de Valle Mitre SRL (de Lázaro Báez), Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia SAIC (de Cristóbal López) «estaban bancarizados y fueron efectuados mediante cheques o transferencias bancarias».
Ese razonamiento es erróneo, entendió la jueza Pallioti. «El informe constituye apenas un examen parcial, circunstancia no menor, pues, impide que sea efectivamente analizado y ponderado en forma exhaustiva para arribar a un juicio conclusivo en cualquier instancia», dijo la magistrada.
Más específicamente la jueza Pallioti recordó que los resultados del informe parcial sobre Los Sauces SA, «fueron duramente objetados por el Fiscal General al momento de expedirse en dictamen» en el que pidió la realización del juicio oral.
Los peritos explicaron que no contaron con toda la documentación contable y libros diarios de Los Sauces, necesarios para completar la tarea pericial. “Resulta a las claras que la información consignada en dicho estudio pericial no brinda un anclaje probatorio serio y contundente como para lograr el dictado de un sobreseimiento a una causa judicial de semejante envergadura y precisamente”, había dicho el fiscal Diego Velasco.
La inmobiliaria de la familia Kirchner -valuada por los interventores judiciales en 953.281.600 pesos- siempre fue dueña de nueve propiedades. Nunca comercializó otros inmuebles por fuera de esos. Hasta 2015 tuvo dos inquilinos que al representar el 86% de la facturación, garantizaron ingresos por 25,6 millones de pesos: esa fue la suma que abonaron por los contratos de alquiler Lázaro Báez y Cristóbal López.
Los peritos intervinientes fueron siete: uno oficial -Abel Brito-, tres por la fiscalía -Aída Konig, Nicolás Scher y Magdalena Rúa- y otros tres de parte; Sergio Freidzon, Bibiana Paletta, José Luis Ganenceiran.
Antes de volcar sus conclusiones, por el momento parciales, los especialistas señalaron que “el alcance de las tareas ejecutadas a los fines de responder el presente cuestionario pericial contable se ha visto limitado”, por la falta de documentación completa de la inmobiliaria.
La compra de los inmuebles que alquilaron López y Báez, como otros que son ocupados por la familia Kirchner, fueron un punto central en la pericia, que debía establecer si Los Sauces tenía los fondos suficientes para adquirir esas propiedades.
Al analizar la compra de los departamentos más costosos, los de Puerto Madero, los peritos oficiales y los de la fiscalía indicaron que “Los Sauces no contaba con los fondos suficientes para cancelar los anticipos» y el origen de los fondos “está registrado con más de un mes de posterioridad a través de aportes irrevocables en efectivo realizados por Cristina y Néstor Kirchner a la sociedad”.
El terreno baldío ubicado en Río Gallegos, sobre el cual los Kirchner nunca decidieron construir, está valuado en 312.500 dólares. La pericia consignó que “quedó documentada la compraventa del inmueble (…) por un importe de U$S 97.000, y a su vez aprobada por el Acta de directorio Nº 12” pero que “no se puede determinar el origen de los fondos para tal operación inmobiliaria, ya que de la lectura del Libro Diario Nº 1 de Los Sauces S.A., no se visualizó registro contable alguno relacionado con la compra de este inmueble”.
Otro ejemplo: la hostería La Aldea de El Chaltén -que administró Báez hasta 2013- se le asignó un valor de 108.413.000 pesos, y según la pericia por ella se pagaron 200.000 pesos. Para ese entonces Los Sauces tenía en el banco 42.073 pesos. “La empresa apalancó financieramente a través del endeudamiento con una entidad bancaria, ya que la sociedad no disponía de recursos propios (generados por su actividad comercial), como así tampoco aportes irrevocables o préstamos de los socios de sus firmas”.
Las empresas de Báez
Durante la pericia, y a pedido de Lázaro Báez, se analizaron los pagos de sus empresas a la familia Kirchner. Con un total de unos 7 millones de pesos, la suma fue abonada con cuatro de sus empresas: Valle Mitre ($ 2.836.724), Kank & Costilla ($1.999.431), Loscalzos y Del Curto ($1.691.580) y Austral Construcciones ($ 323.915). Así, el Grupo Austral representó el 23,33% de lo cobrado por Los Sauces entre 2009 y 2015.
Valle Mitre SRL, inquilina de Los Sauces SA, en simultáneo explotaba otra firma de los Kirchner, Hotesur SA, dueña del hotel Alto Calafate. Báez les garantizó, entre 2009 y julio de 2013, ingresos por 27.592.110 pesos. equivalente al 54% de los ingresos de Alto Calafate.
Cuando los peritos analizaron los alquileres con la inmobiliaria, aclararon que “la documentación incorporada resultó insuficiente para dar respuesta acabada al punto pericial”. Entonces, se indicó que el alcance de las tareas se vio limitado por no contar con “la mayoría de los contratos de locación celebrados entre Los Sauces S.A. y sus clientes, como tampoco con la totalidad de las facturas emitidas por la Sociedad. La mencionada ausencia de documentación impidió informar, en algunos casos, la causa que diera origen a la facturación detallada”.
Contabilidad con falencias
Los peritos determinaron que había reiteradas falencias en la contabilidad de Los Sauces. Según el informe esto se vio en “la existencia de asientos globales mensuales de los movimientos bancarios en el Libro Diario N° 1 de la Sociedad, circunstancia que no permitió asociar en muchos casos, en forma directa, cada acreditación bancaria con la correspondiente registración contable de la cobranza”. Sumado a estos aspectos, no se contó “con la totalidad de las órdenes de pago emitidas por los clientes de Los Sauces S.A. a la mencionada sociedad”.
Así, se indicó que sólo se pudieron “vincular algunas de las acreditaciones con las facturas emitidas a Los Sauces” por parte de empresas de Lázaro Báez, con la siguiente salvedad: “en las cuentas bancarias (de la inmobiliaria) se detectaron varias acreditaciones originadas en pagos efectuados por Valle Mitre que no pudieron ser vinculadas con cada una de las facturas que cancelaban”. Los mismo ocurrió con Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto.
Irregularidades con Cristóbal López
El fiscal Diego Velasco recordó que el informe parcial arrojó más irregularidades que también incluyeron los pagos formulados por el dueño del Grupo Indalo. La empresa Inversora M & S (de la que era empleada Romina Mercado, sobrina de Cristina y ex directora de Los Sauces) pagó un total de 13.896.672 pesos.
Al analizar varios pagos se consignó: “se verificaron acreditaciones correspondientes a la firma Inversora M&S que no pudieron ser asociadas con la factura que cancelaban”. En otros casos, hubo importes “que no pudieron detectarse en el extracto bancario”. Otros pagos no se pudieron vincular con “ninguna factura”.
Alcalis de la Patagonia, otra firma de López, pagó a Los Sauces 4,66 millones de pesos. Así, en total, las empresas del Grupo Indalo pagaron estos años 18,6 millones a la ex Presidenta en concepto de alquileres.
En estos casos, los peritos señalaron que “se verifican acreditaciones correspondientes a Alcalis de la Patagonia que no pudieron ser asociadas con la factura que cancelaban».
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