Opinión

Análisis Hacete motochorro. Es barato

Por Luis Novaresio

Jair Steven Jurado Mora tiene 24 años. Hace tres meses y un poco se vino a la Argentina. Vive en la habitación 11 de un hotel de calle Mitre al 4300 de la Capital Federal. Nunca regularizó su situación migratoria por lo que formalmente está “ilegal” en el país.

El 22 de enero del año pasado, Jair iba en una moto junto con otro delincuente y, a diez cuadras de donde vive, le arrebataron su celular a Magalí V, de 18 años, en plena Avenida La Plata al 100, a metros del Parque Rivadavia y a plena luz del día. Jair se quiso dar a la fuga. Un motochorro más con celular en su botín escapando por las calles porteñas. Un policía de la ciudad advirtió el hecho y lo persiguió. Jair quiso fugarse hasta que se estampó contra un Fiat Siena que estaba estacionado en Querandíes y Rawson.

El juzgado que quedó a cargo de la causa es el Tribunal correccional y criminal número 62 a cargo de la doctora Patricia Susana Guichandut. Allí se recibió el informe de que Jair, además de robar en la Argentina, está en libertad condicional en Colombia por haber cometido un hurto calificado agravado, con una pena de 4 años y 10 meses de prisión. Habría, además, un proceso abierto en su contra por presunta violencia de género que aún espera su instrucción y corroboración.

Hace 5 días, la magistrada le concedió la probation a Jair, acusado de robo en grado de tentativa y le impuso una multa por el daño causado de 700 pesos y lo dejó libre. Más sencillo: no se lo juzga por el robo, se lo deja en libertad y se le impone menos de veinte dólares para reparar el daño de robar un celular que cuesta no menos de 600 dólares. Jair, eso sí y a pedido de la jueza, deberá abstenerse de tomar drogas y alcohol y regularizar su situación de residente legal en cinco días. ¿Está ilegal, roba y pedimos que se tramite la residencia? Así es.

La fiscal Dora Olivieri, en representación de la sociedad, aceptó la probation y pidió que se apruebe todo. La doctora Olivieri se queda conforme con lo actuado.

Para lucir a tono con la época que vivimos deberían utilizarse adjetivos.”Escandalosa decisión de jueces que fallan a favor de motochorros”, podría ser un buen título. “Hay que usar la mano dura, aprender de Trump y Bolsonaro y echarlo del país”, es la otra opción para jugar desde la vereda de enfrente. Convencidos de que son momentos en donde hay que sustantivar la realidad antes que adjetivarla, uno propone, apenas, algunas preguntas.

¿Es fascista, trumpista o bolsonarista proponer que un residente ilegal que delinque en suelo argentino debe ser expulsado sin más del país? Un argentino que delinque en Colombia, ¿es expulsado?

La fiscal de la causa Dora Olivieri, ¿sospecha que representa a la sociedad que paga sus impuestos para satisfacer su estipendio convalidando la idea de liberar al residente ilegal que roba un celular y se lo “pena” con 700 pesos? Esta pregunta intentó ser hecha por este cronista a la propia servidora pública (con perdón: estoy convencido que los magistrados son servidores públicos y no herederos de las monarquías absolutas ya casi totalmente abolidas salvo en escasos califatos, sultanatos o teocracias) que, gracias a su amable prosecretario, informó que no habla con los medios de prensa amparada en el inciso xjz de la ley veintidosmilquicientosarasa.

No importa que el acuerdo esté homologado, que los fiscales no prejuzgan y su palabra no entorpece el proceso penal y que la obligación de dar cuenta de sus actos como servidora pública la estudiamos en Instrucción Cívica en cinco años (división b, bachiller físico matemático, en el caso de este cronista). No habla con los medios. Y punto.

La jueza Patricia Susana Guichandut, ¿asume como dar a cada uno lo suyo (me juego a que en primer año de la facu la doctora aprendió esa misma definición de justicia atribuida a Ulpiano) su decisión de dejar dejar libre al motochorro con antecedentes en su país y valorar en 20 dólares el monto de reparación del daño?

¿Qué le pasará por la conciencia a una señora investida con la tarea de la justicia cuando firma una resolución en la causa 4648 de este año diciendo: “Aceptar la suma de setecientos pesos en concepto de reparación del daño para lo cual se le hará saber a la damnificada (a la piba Magalí de 18 años que le afanaron el celular) a fin de comunicar el importe ofrecido en tal concepto para que acepte o no (…) si no, será donada a una institución de beneficencia (una monada)?”.

Pregunta colateral. ¿Qué tal con el dueño del Fiat Siena que tuvo la irresponsable idea de andar en Querandíes y Rawson cuando Jair se escapaba de la cana y lo chocaron?

La jueza solo habla por sus sentencias, dijeron desde su despacho a este insistente cronista ya en modo molesto profesional. La jueza, devota de las prácticas ya vetustas hacia fines del siglo XIX, asume tácitamente que presidentes de la Corte como Ricardo Lorenzetti y otros magistrados son demasiado locuaces con esa práctica tan extraña de conceder reportajes y entrevistas.

Una última pregunta a quien esto escribe: ¿El caso Jair es el más importante en la inseguridad de nuestro país como para darle semejante dimensión? ¿No estás siendo pesado con el tema y te ensañás con un pibe colombiano que se afanó un celular? Claro que Jair no determina el standard de inseguridad jurídica de nuestro país. Pero la excusa de que un mal peor acecha y queda impune apena licúa la voluntad de combatir cualquiera de los males. Y, por fin, creer que es xenofobia proponer que un inmigrante ilegal que delinque no sea tratado igual que nuestros abuelos y padres que vinieron a poner manos y lomo laburando con dignidad y dentro de la ley es escupir nuestro pasado y, sobre todo, nuestra inteligencia que se resiste a caer en la fascista idea de las grietas pseudo ideológicas

Fuente: Infobae 

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