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9.000 hectáreasGreenpeace denuncia desmonte ilegal en una finca salteña de un familiar del jefe de Gabinete de la Nación

Cuatro topadoras acabaron con 9.000 hectáreas de bosques protegidos.

Las topadoras siguen marchando. Greenpeace dio a conocer que se desmontaron casi 9.000 hectáreas en la finca Cuchuy, de Salta. La finca Cuchuy es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, según publico La Gaceta de Salta.

Para denunciar el hecho, difundieron este video, grabado en la misma finca: 

Desde el grupo ambientalista señalaron que esa estancia fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I – rojo y II – amarillo, que no permiten desmonte. Sin embargo, su dueño solicitó al gobierno provincial el cambio de zonificación de gran parte de la misma a la Categoría III – verde para poder deforestar 8.962 hectáreas (la superficie de media ciudad de Buenos Aires). Y el gobierno provincial lo autorizó, aunque la ley nacional no lo permitiía.

Greenpeace documentó el desmonte que las cuatro topadoras están realizando a tan sólo 10 kilómetros de la comunidad wichi Corralito, cuyas familias quedaron encerradas entre varias fincas que fueron deforestadas en los últimos años.

“Somos nuevamente testigos de la impunidad con la que grandes terratenientes violan la Ley de Bosques y deforestan donde no está permitido con la complicidad de los gobiernos. Estos bosques, además de concentrar muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la farmacia de varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.

Los activistas ya habían recorrido esa zona en 2014 y, por frenar un desmonte en ese momento, algunos ambientalistas fueron detenidos.

Según Greenpeace, “la destrucción de esos bosques afectará seriamente la subsistencia de las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José, y Chaguaral, cuyas familias en 2012 denunciaron ante las autoridades salteñas que empresarios de la zona los presionan para que les permitan seguir desmontando a cambio de cederles algo de tierra”.

“Necesitamos que el Congreso de la Nación sancione en forma urgente una Ley de Delitos Forestales que penalice los desmontes ilegales e incendios intencionales y a los funcionarios que los faciliten”, insistió Giardini.

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