Así lo sostuvo el abogado, Luis Segovia, representante legal de Carla Morales y Juan Carlos García, quienes denunciaron al cura, Emilio Lamas, por el delito de abuso sexual.
El pasado 3 de octubre, el Ministerio Público Fiscal allanó el Arzobispado de Salta, pero la noticia se conoció el viernes 11, ya que la jueza, Mónica Faber, decretó la reserva de las actuaciones.
Peritos del CIF que participaron del allanamiento, procedieron al secuestro del expediente eclesiástico del proceso canónico que debió afrontar Emilio Raimundo Lamas en el seno de la Iglesia por abuso sexual, según informó Fm 89.9.
Luis Segovia, abogado defensor de Carla Morales y Juan Carlos García; quienes denunciaron a Lamas de los delitos de abuso sexual, precisó que el allanamiento “fue histórico” y suplicó a la Iglesia “colaborar a fin de llegar al esclarecimiento de la causa”.
En otra línea, Segovia destacó la disposición del Tribunal de Juicio. “La jueza entendió que la defensa de las víctimas estaba en desventaja al momento de ofrecer la prueba” e indicó que “luego de reiterados pedidos que no fueron respondidos por el Arzobispado, se dispuso el allanamiento en la sede de la Ciudad de Salta.
“Para la sociedad era dañino saber que instituciones como la iglesia, tienen privilegios” dijo el letrado quien finalmente destacó que “la Justicia entendió que el Arzobispado debe colaborar como cualquier otra institución y que su derecho canónico no le brinda un derecho especial”.
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