La investigación comprende a unas 82 víctimas, por lo que se trata de una de las causas de mayor envergadura de la provincia.
Comienza a tomar forma una causa de lesa humanidad que se constituye como una de las más importantes en la historia judicial de Salta, en virtud de comprender una gran cantidad de víctimas, ya que hasta el momento, se contabilizan 82, según informó La Gaceta de Salta.
El Juzgado Federal N°2 de Salta, Miguel Antonio Medina, resolvió procesar a siete personas que durante la década de 1970 ocupaban importantes cargos en fuerzas de seguridad por privaciones ilegítimas de la libertad, vejaciones y apremios ilegales cometidos en perjuicio de 27 víctimas confirmadas, aunque la investigación comprende a un total de 82 damnificados.
El fallo alcanza a altos mandos de la policía provincial, el Regimiento de Infantería 28 y el Escuadrón 20 de Gendarmería.
Los procesamientos y embargos dictados por el juez federal Miguel Antonio Medina comprenden:
Miguel Gentil: ex jefe de la Policía de la Provincia de Salta.
Virtom Mendíaz: subjefe de la Policía de la Provincia de Salta.
Arturo Madrigal: oficial de policía de la provincia.
Diego Alejandro Varas: alto mando del Escuadrón 20 de Gendarmería de Orán.
Pablo Ramón Caballero: alto mando del Escuadrón 20 de Gendarmería de Orán.
Alfredo Wenceslao Montoya: subordinado de los anteriores y presunto autor material de varios de los delitos investigados.
Ernesto Repossi: segundo al mando en el Regimiento de Infantería Monte 28 de Tartagal.
Respecto de todos ellos, a excepción de Montoya, el fiscal Eduardo Villalba y el juez consideraron que fueron los autores mediatos de los hechos al tener su dominio funcional.
También estuvo imputado hasta su fallecimiento el teniente coronel Héctor Ríos Ereñú, a quien el año pasado el Tribunal Oral Federal de Salta había condenado a prisión perpetua por tres homicidios, entre otros delitos.
En abril del año pasado, la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, había solicitado que se le tome declaración indagatoria a los imputados por esa cantidad de víctimas.
Requisas y persecuciones violentas
En su resolución, Medina afirmó que estos hechos ocurrieron en el norte del territorio provincial, entre los meses de marzo y abril del año 1976 y constan en las numerosas denuncias realizadas por las víctimas y que se fueron acumulando en autos conformando una mega causa.
Los hechos investigados, los pedidos de informes solicitados, declaraciones testimoniales recibidas en distintas sedes y demás medidas de investigación realizadas, reflejan la envergadura de la causa y su complejidad.
La Justicia entiende que las acciones reprochables fueron realizadas mediante la participación de grupos comando, armados, generalmente no uniformados, cuyos integrantes -en la mayoría de los casos- actuaban con sus rostros cubiertos y se identificaban como pertenecientes a alguna fuerza de seguridad, irrumpiendo en forma violenta en los domicilios particulares para requisar viviendas en búsqueda de documentación o bibliografía que no comulgara con el gobierno de turno, para luego llevarse a las personas sospechadas por la fuerza y en raudos operativos, con la evidente impunidad que implicaba la liberación previa de la zona.
En su resolución, Medina sostuvo que “la persecución instaurada habría tenido un claro propósito de tipo político-ideológico, lo que constituye una demostración de las ilegales prácticas represivas materializadas en aquellos años por las fuerzas armadas y de seguridad, como parte de la instrumentación del terrorismo de Estado a través de las cuáles se buscó la eliminación física del oponente a quien se identificaba como ‘delincuente subversivo’”.
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