El juez Raúl Flores pidió a las partes que presenten pruebas hasta este jueves al mediodía, luego de lo cual resolvería sobre la denuncia de usurpación.
Productores agropecuarios entrerrianos realizaron este miércoles una movilización bajo el lema “Fuera Grabois de Entre Ríos”, en la Ruta 12 y acceso a Santa Elena, en reclamo del respeto a la propiedad privada tras la denuncia que hizo el ex ministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere.
Al anochecer, luego de denuncias cruzadas de agresiones y supuestas amenazas de muerte, el juez Raúl Damir Flores dio plazo a las partes para que presenten pruebas hasta el mediodía de este jueves, en la oficina de Gestión de Audiencias de La Paz, luego de lo cual resolvería.
Los chacareros se movilizaron con camionetas y tractores hacia el establecimiento «Casa Nueva», campo que está usurpado por un grupo del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), liderado por el dirigente social Juan Grabois, con el fin de exigir que “los usurpadores se vayan”.
Dentro del campo, junto con los miembros del MTE está Dolores Etchevehere, quien mantiene un conflicto por la propiedad del lugar con su madre y sus hermanos, entre ellos el ex ministro y ex presidente de la Sociedad Rural Argentina.
«El desalojo que el fiscal de turno debe solicitar al juez es seriamente vista como una complicidad silenciosa teniendo ya las pruebas que fundamenten el pedido», dijo en un comunicado la Filial de Crespo de Federación Agraria Argentina, una de las entidades que impulsó la protesta.
Los productores continuaron durante el día y la noche fuera del campo usurpado esperando una respuesta judicial sobre el desalojo, en medio de un despliegue policial importante, y se turnarán por grupos para mantenerse en vigilia al menos hasta este jueves al mediodía, a la espera de definiciones del magistrado.
«Expresamos con voz fuerte que no vamos a aprobar que la usurpación sea permitida en Entre Ríos», remarcaron los manifestantes.
El conflicto se inició el jueves de la semana pasada, cuando Dolores Etchevehere, hermana del ex ministro, anunció el “Proyecto Artigas”, que en asociación con el MTE que lidera Grabois ocuparía tierras, como el establecimiento rural “Casa Nueva”, en el departamento entrerriano de La Paz, eje del conflicto.
Hasta el momento, las fuerzas policiales y judiciales no han desactivado la toma, a pesar de que se hicieron denuncias por violación de la propiedad privada de Las Margaritas SA, el nombre de la sociedad que integran la madre de los Etchevehere y tres de sus hijos, quienes aseguran que su hermana ya cobró su herencia y no es titular de las propiedades familiares.
Leonor Barbero Marcial de Etchevehere, la madre los cuatro hermanos en conflicto, tomó posición a favor de los tres varones (Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego) y en un video afirmó: «No entiendo, por qué hasta el momento, la Justicia no ha respetado la propiedad privada del mismo modo que nosotros estamos respetando los bienes y propiedades de Juan Grabois. Y no admitimos ni efectuamos donaciones de bienes ajenos».
La familia también hizo circular otros mensajes, uno de los cuales asegura que «Dolores vivió siempre de los recursos económicos de sus progenitores y al poco tiempo del fallecimiento de su padre, en 2009, vendió a su madre todas sus acciones de SA Entre Ríos y Etchevehere Rural, percibiendo por ellas importantes recursos económicos».
“La propiedad privada es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución, violarla no sólo configura un delito sino que además altera la paz social”, remarcaron.
Pidieron enfáticamente una pronta actuación de la Justicia y solicitaron al Poder Judicial provincial “que actúe de manera inmediata y con la severidad que las circunstancias justifican frente a la denuncia radicada en la fiscalía de localidad de La Paz, ya que estas personas siguen en el establecimiento de nuestra propiedad, usurpando la misma”.
Mientras, los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa requirieron información sobre las propiedades al Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Paraná; al Juzgado de Transición de Carlos Ríos, a la Dirección de Personas Jurídicas y al Registro de la Propiedad.
Según la Procuración General de la Provincia, “los fiscales están trabajando a full con esa causa. El sábado citaron a declaración informativa (una suerte de indagatoria) a las personas identificadas en el ingreso al campo, entre ellos Dolores Etchevehere y el abogado Facundo Taboada. Pero no se presentaron. Están tomando testimoniales y recibiendo y estudiando prueba documental muy extensa. Cuando tengan los elementos suficientes pediremos audiencia con el juez para pedir las medidas que correspondan”.
Grabois defendió este miércoles la ocupación de campos en Entre Ríos por parte de integrantes del MTE, pero aseguró: «Odio las tomas».
Ante las protestas de chacareros que se movilizaron, sostuvo que «hay que distinguir las situaciones» de tomas de tierras en el país y remarcó que el conflicto en Entre Ríos está «vinculado a una disputa hereditaria».
Apoyo de las entidades rurales
Diferentes productores rurales entrerrianos, como también dirigentes nacionales de las entidades de la Mesa de Enlace, se pronunciaron en defensa de la ley y la propiedad privada.
Desde la Mesa de Enlace de Entre Ríos solicitaron “se extremen desde el Estado todas las acciones y medidas que lleven tranquilidad a la sociedad, poniendo como norte irrenunciable la seguridad jurídica y de las vidas de las personas, de sus propiedades y un estricto respeto por la ley y el estado de derecho”.
Dijeron que “no es intención de esta Mesa profundizar en los casos concretos ni en las cuestiones judiciales de cada uno de ellos. Simplemente queremos condenar todo tipo de toma de tierras, campos o viviendas que se realice, sean cuales fueran las motivaciones, ya que es imprescindible defender la ley y la Constitución Nacional antes de dar cualquier otro tipo de debate”.
Luego argumentaron que “resulta un despropósito y un precedente injusto y peligroso convalidar las usurpaciones como camino de resolución de las enormes falencias que ha presentado el Estado a la hora de la saldar las deudas sociales. Despojar por la fuerza de sus bienes a sus dueños es un ejercicio de pereza intelectual y un reconocimiento de incapacidad manifiesta de la política”.
Y concluyeron: “Son horas de preocupación y de zozobra. No debemos caer en la trampa de aceptar que, si los perjudicados son productores, el Estado intente desentenderse de los hechos pretendiendo que ello sea un conflicto entre privados, cuando es evidente que estamos ante el avasallamiento de derechos otorgados por nuestra Carta Magna, ya que las usurpaciones organizadas claramente violan el artículo 17 de la misma que protege al principio de la propiedad privada”.
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