Opinión

AnálisisFragmentación e incertidumbre contrastan con la estabilidad económica

Por Sergio Berensztein

“¿Cuándo se pudre todo?”, preguntó un hombre de finanzas impactado por el número de contagios y dudando de la capacidad del gobierno de implementar nuevas medidas restrictivas. La misma pregunta me la había formulado pocos días antes una experimentada legisladora. La Argentina sorprende una vez más: profundiza una crisis pavorosa (estancamiento secular, niveles récord de pobreza y marginalidad, alta inflación, ingresos que se deterioran en términos reales, un Estado enorme, carísimo e incapaz de brindar los bienes públicos esenciales, incluyendo vacunas contra el Covid-19 e incluso testeos suficientes), y sin embargo la sociedad parece dispuesta a tolerar todo.

¿Será la calma que precede la tormenta? En términos políticos, llaman la atención algunos síntomas de una fortaleza relativa. Por ejemplo, luego de que el PBI cayó 10% el año pasado y que su liderazgo fue mancillado por Cristina, Alberto Fernández mantiene una imagen positiva del 40%, 5% más que su vice, de acuerdo con el último monitor de humor social de D’Alessio-Berensztein. No aparecen actores ni fuerzas antisistema que amenacen con desestabilizar un sistema político disfuncional pero resiliente, incapaz de resolver problemas relevantes de la agenda ciudadana.

Lo contrario parece ocurrir en Perú. Goza desde hace tiempo de una estabilidad macroeconómica envidiable y tiene acceso fluido a los mercados. En 2020 sufrió un derrumbe similar al nuestro, pero su performance previa fue superior al promedio de la región: ocho millones de ciudadanos salieron de la pobreza (que se redujo más de 27% en otra década perdida para la Argentina) y se consolidó una clase media. Sin embargo, su sistema partidario está fragmentado, experimenta desde hace tiempo una crisis de gobernabilidad permanente, sus presidentes tienen dificultades para finalizar sus mandatos y aparece una multiplicidad de candidatos con una intención de voto bastante baja y pareja.

Cuando Alberto Fujimori renunció, el 20 de noviembre de 2000 (vía fax desde Japón, luego de que se desmoronó su capricho de quedarse un tercer mandato consecutivo), el país se embarcó en una transición a la democracia sin partidos ni coaliciones mínimamente estables. Esta es una de las razones que explican el peculiar derrotero que vive esa frágil democracia.

En las elecciones presidenciales desde 2001, el candidato ganador perteneció a un partido nuevo o con presencia muy marginal hasta ese momento. El politólogo peruano Carlos Meléndez sugirió que los dirigentes intentan compensar la falta de partidos definiéndose a sí mismos en contra de algo, por ejemplo, del fujimorismo. Luego de un período de fuertes protestas a fines de 2020 tras el juicio político al expresidente Martín Vizcarra, Perú vuelve a las urnas en medio de una doble crisis: la pandemia y la endémica inestabilidad política. El debate para esta primera vuelta gira en torno a dos ejes: izquierda versus derecha y nacionalismo versus globalismo.

Vale la pena analizar a los principales protagonistas. George Forsyth, exarquero de fútbol (jugó para la selección), empresario y concursante de reality shows, ingresó a la política en 2010 por ser una celebridad. Elegido alcalde de La Victoria en 2018, ganó notoriedad por haber “saneado” el municipio con deportes y políticas de mano dura. Se vende a sí mismo como la nueva generación en un momento de frustración generalizada con la clase política. No tiene una base ideológica definida. Las encuestas sugieren que sus seguidores son más bien jóvenes, urbanos, de clase media y en especial mujeres.

Keiko Fujimori (hija de Alberto) perdió por poco en las segundas vueltas de 2011 y 2016. Estuvo dos veces en prisión por presunto blanqueo de donaciones ilegales de campaña de Odebrecht. Su alto nivel de reconocimiento de nombre contrasta con sus calificaciones negativas por parte de buena parte de la sociedad: se la vincula con el autoritarismo y la corrupción de su padre. Existe una base leal a su favor entre votantes de bajos ingresos y conservadores. Favorece políticas promercado y aseguró que Perú necesita una “demodura”.

Yonhy Lescano se desempeñó en el Congreso durante cuatro mandatos entre 2001 y 2019. Considerado populista, llama a desglobalizar la economía y fortalecer la producción peruana, aunque prometió no nacionalizar empresas. Promueve la reescritura de la Constitución para administrar las industrias extractivas y está en contra de continuar con el proyecto minero Tía María. Acusado de acoso sexual en 2019, fue suspendido por el comité de ética del Congreso durante 120 días, aunque luego el caso fue archivado. Recibe apoyos en el sur, una región que tiende a votar por la izquierda. Atrae a conservadores sociales que quieren más ayuda económica del Estado y a votantes que buscan una opción centrista.

Verónika Mendoza terminó tercera en 2016 con el 18% de los votos. Congresista de 2011 a 2016 y antropóloga de formación, habla quechua y es oriunda de Cusco, lo que podría seducir a votantes del interior. Integró el Partido Nacionalista de Ollanta Humala. Tildada de honesta y transparente, busca implementar reformas progresivas en impuestos, salud y medio ambiente y una segunda reforma agraria para apoyar a un sector que, según ella, fue abandonado por el Estado. Al mejor estilo Biden, durante el primer año de su mandato aumentaría la inversión pública en 2% del PBI para cerrar las brechas de infraestructura y crear empleos.

La sorpresa la puede dar el empresario Rafael López Aliaga, un nacionalista de derecha que fue concejal de Lima entre 2007 y 2010. Modificó el nombre del Partido Solidaridad Nacional a Renovación Popular y llevó su color distintivo a azul claro para asociarlo al movimiento provida. Busca inversión privada para los depósitos de litio. Miembro del Opus Dei, critica la agenda de género y está a favor de la cadena perpetua para funcionarios corruptos. Rechaza el apodo de “Bolsonaro peruano” y califica al brasileño de intolerante. Como primera medida, dijo, expulsará a Odebrecht. Acusa al gobierno del actual presidente, Francisco Sagasti, de cometer un genocidio al impedir que las empresas privadas importen vacunas contra el Covid-19.

El general retirado Daniel Urresti fue ministro de Interior durante la gestión Humala. Su partido retiró su postulación para presidente en 2016. Después de una candidatura fallida para la alcaldía de Lima en 2018, fue jefe de seguridad pública en un municipio en las afueras y ganó un escaño en el Congreso en 2020. Hace apariciones frecuentes en los medios, centra su discurso en la seguridad, con un estilo confrontativo, directo y polarizador. Su populismo atrae votantes cansados con la política tradicional.

En 2003 los politólogos Steven Levitsky y Maxwell A. Cameron habían señalado la ausencia de un sistema de partidos políticos en el país. En 2006 hubo 20 candidatos presidenciales (incluidos dos hermanos Ollanta y Ulises Humala). En 2011 y 2016, el número se redujo a 10. Pero como los partidos cambian de nombre o desaparecen mientras surgen otros nuevos, los votantes quedan sumidos en la confusión. Por ejemplo, cuando fue elegido en 2016, Pedro Pablo Kuczynski se había postulado bajo una etiqueta diferente de la de 2006 y 2011. Sin reformas políticas de fondo, los problemas de la política peruana seguirán existiendo. Pero como los presidentes suelen tener minoría en el Congreso, esto parece muy poco probable.

Conclusión con ojos argentinos: sin una economía ordenada es imposible pensar en un proceso de crecimiento equitativo y sustentable o en promover el desarrollo humano. Sin un sistema de partidos estable, con un liderazgo fragmentado y con un aparato estatal débil y a menudo ausente, tampoco.

 

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