Fueron unas 30 firmas, a las que la Municipalidad les pagó $121 millones.
Cuando el 14 de enero se realizó el allanamiento en el Centro Cívico Municipal, en un principio, llamó la atención que los efectivos de la Policía Aeroportuaria se llevaran computadoras. El tema era que -de acuerdo a lo que informó ahora la Justicia Federal- se comprobó que con la IP de una máquina que estaba en el CCM se emitieron facturas a nombre de unas 30 empresas para que las pague la comuna, según informó El Tribuno.
«Además se comprobó que otras 26 empresas facturaron al municipio desde esa misma IP (de la misma comuna) por un importe total de $121.645.342 (desde el 1/2017 al 8/2018). Y que dichas firmas en el mismo período facturaron a la Municipalidad incluyendo otras IP, por un total de $ 422.238.276. En la actualidad la AFIP se encuentra abocada al análisis del perfil de esas empresas habiendo comprobado que algunas estarían dotadas de capacidad para operar y otras no, lo que generó fiscalizaciones respecto de estas últimas», señaló la resolución que emitió la Justicia Federal, en el marco de la investigación que se lleva adelante por la utilización de facturas apócrifas, que tiene a la cabeza de las maniobras al empresario Matías Huergo.
Sobre este punto, la investigación de la AFIP demostró que un análisis de facturas emitidas tanto por la empresa Dal Borgo como Norte Áridos permitió detectar que ambas libraron sus facturas de una misma IP, la cual correspondía a la Municipalidad de Salta. Pero, además se comprobó que otras 26 empresas facturaron al municipio desde esa misma IP por un importe total de $ 121.645.342 (desde el 1/2017 al 8/2018). Y que dichas firmas en el mismo período, facturaron a la Municipalidad incluyendo otras I.P., por un total de $ 422.238.276.
Para dar con esta situación los investigadores comenzaron a cruzar llamadas telefónicas que realizaba Huergo y, a partir de los diálogos que tenía, entrelazaron con pagos que recibieron distintas firmas, por medio de las cuales se triangulaban los manejos.
Desde la comuna siempre se señaló que -en el allanamiento- se les había requerido información sobre cuatro expedientes de obras de iluminación que realizó Secsa y Arcadio en la ciudad, en el marco del Plan del Bicentenario. En su momento se informó, que justamente esos cuatro contratos fueron otorgados a estas empresas como contratación directa, ya que habían presentado la «oferta más conveniente» para el municipio.
En la resolución que dio a conocer la Justicia ayer, se pone el ojo sobre uno de estos contratos y detalla que en la notebook que se le secuestró a Huergo habla del archivo denominado «Certificado N§1 – 300 Farolas.xlsx» se detectó que en la pestaña «Cer2» se confeccionó «Certificado Parcial de Obra N´ 2» de la Obra: Provisión e instalación de 300 farolas coloniales ornamentales – Expte 008706/SG/17 – O.C. 0049/2017 el que arrojaba un saldo a pagar de $ 754.000.
«Cabe señalar que este formulario coincide con el que se encuentra adjuntado en lo aportado por la Municipalidad, destacando las personas que suscribieron el certificado: Juan Martín Romero por Secsa y el Ing. Miguel A. Uraga en carácter de director de Obras Eléctricas de la comuna», dice la resolución. Y luego asegura que esta última persona figuraba en una planilla de quienes habrían recibido pagos.
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