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Justicia y políticaEl titular de la Corte convocó para el 29 de septiembre a un acuerdo extraordinario para tratar el caso de los jueces trasladados

Carlos Rosenkrantz, Presidente de la Corte Suprema de Justicia

Tras una reunión de zoom con todos los jueces sin muchos avances, y en uso de sus atribuciones, Carlos Rosenkrantz llamó a tratar el per saltum de Bruglia, Bertuzzi y Castelli.

La definición es lacónica, pero implica un terremoto bajo las alfombras que asordinan el cuarto piso del palacio de Tribunales, donde trabaja la Corte Suprema de Justicia: «he convocado a un acuerdo extraordinario para el martes 29 del corriente mes, para que la Corte Suprema se expida sobre los planteos de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli», anunció el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz.

«La atribución de realizar una convocatoria extraordinaria es una facultad que, como Presidente del Tribunal, me confiere el artículo 71 del Reglamento para la Justicia Nacional y que ha sido empleada en algunas ocasiones», aclara el juez, que viene intentando en vano acelerar los tiempos para que la Corte decida si ratifica su propia resolución en la que avaló el traslado de los tres camaristas o, en un giro que costaría explicar, ahora los anularía.

«La Corte tiene la responsabilidad, en casos como este, de dar certidumbre a la ciudadanía sobre el trámite que se impondrá a los planteos de los jueces involucrados. Como dije hace una semana, la Corte tiene la autoridad final cuando está en juego la constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado», aclara Rosenkrantz, que viene siendo apuntado como supuesto responsable da la evidente inacción del tribunal ante el avance del kirchnerismo para desalojar a Bruglia y Bertuzzi de la Cámara Federal porteña y a Germán Castelli del Tribunal Oral Federal 7, que debe juzgar nada menos que la causa de los Cuadernos de las Coimas.

La resolución tiene un significado político mucho más que jurídico: el martes 29, la Corte deberá tratar el pedido de per saltum con el que los jueces desplazados intentaron evitar esa movida. El tribunal puede rechazarlo, admitirlo y, en un extremo de productividad incongruente con lo que hizo hasta ahora, incluso resolverlo dándole una respuesta a los jueces, al Senado y a toda la sociedad.

Si ocurriese eso, y la decisión fuera dejar a Bruglia, Bertuzzi y Castelli en los sillones que ocuparon legalmente hasta la semana pasada, el conflicto de poderes que viene asomándose desde que el kirchnerismo y el gobierno activaron su guerra contra los jueces que investigaron la corrupción K quedaría formalmente planteado.

«Tenemos, como en otras circunstancias de la vida institucional argentina, la enorme responsabilidad de decidir», argumenta Rosenkrantz para justificar su golpe sobre la mesa.

Con las atribuciones como presidente de la Corte recortadas al máximo luego de la súbita movida con la que en 2018 logró reemplazar a Ricardo Lorenzetti en ese cargo, Rosenkrantz venía sometido a una pinza de presiones simultáneas: mientras la opinión pública -acicateada también por uno de sus colegas cuyo pensamiento se refleja sin cuestionamientos en un portal de noticias- lo señalaba como responsable de una pasividad intolerable ante el avance K para barrer a tres jueces que investigaron a Cristina, Tribunales el juez no lograba reunir los tres votos necesarios para tomar una resolución. Este martes, logró perforar momentáneamente el techo de ese laberinto.

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