La justicia ordinaria explicó que al tratarse de un acuerdo binacional de interconexión eléctrica entre Argentina y Bolivia, no tenían competencia, sin embargo envió al fuero correspondiente el resultado de toda la investigación.
Luego de que el 23 de febrero se denuncie el robo de una antena de alta tensión en Aguaray valuada en 30.000 dólares y con una magnitud de daño de cuatro millones de pesos, la justicia penal se declaró incompetente y será la justicia Federal quien tome las riendas del caso.
Fue el juez Héctor Fernando Mariscal Astigueta quien hizo lugar al pedido del fiscal de Salvador Mazza Amado Cazón, que explicó no podía avanzar más en la causa porque se trata de un acuerdo binacional de interconexión eléctrica entre Argentina y Bolivia.
Sin embargo se sabe que cuatro imputados que permanecen detenidos, se habrían llevado 279 caños, que ya fueron secuestrados tras el robo millonario. La antena de alta tensión, de 40 metros de altura, formaba parte del acuerdo binacional de interconexión eléctrica entre Argentina y Bolivia.
De los informes se desprende que el personal policial tomó conocimiento que los propietarios de una ladrillera ubicada en el paraje Virgen de la Peña tenían en su poder hierros similares a los de la antena.
Al llegar al lugar los efectivos policiales fueron recibidos por un hombre que manifestó trabajar como changuero, quien informó sobre los nombres de los propietarios del lugar. También observaron que las bases para sostener maquinaria estaban construidas con hierro galvanizado y presentaban un código alfanumérico con el logo de una antena.
Ninguno de los propietarios pudo justificar la procedencia de los materiales y solo uno de ellos adujo que fueron comprados por dos mil pesos a unos paisanos de Yacuy. En total, 279 caños fueron secuestrados con hierros color gris galvanizados, con código alfanumérico y logo de la empresa damnificada.
Teniendo en cuenta las denuncias, testimonios, informes policiales, imágenes fotográficas, inspecciones oculares y elementos secuestrados, el fiscal penal Armando Cazón entendió que los elementos fueron suficientes para imputar provisionalmente a cuatro personas por la comisión del delito de robo calificado en grado de coautores, quienes permanecen detenidos.
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