"Respeto a la división de poderes"El pedido de 500 empresarios y profesionales al Congreso para frenar el juicio a la Corte Suprema

Además, apuntaron que iniciar un proceso de juicio político a los integrantes de la Corte “por no estar de acuerdo con el contenido de sus sentencias, causa no prevista en la Constitución Nacional”, es un desatino institucional y que pone en evidencia a la Argentina negativamente ante los ojos del mundo y pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en el país.

Los firmantes apelaron a la “conciencia y responsabilidad de los diputados para que reflexionen a tiempo, se aboquen a la tarea de abordar los múltiples problemas que aquejan a nuestra población y le eviten a nuestro país un período de turbulencia política injustificada que no contribuye en nada a la solución de dichos problemas”.

El reclamo formal comenzó a gestarse entre cuatro referentes: Juan Vaquer (ACDE), Guillermo Lipera (Idea), Santiago Mignone (PwC) y Alberto Garay (Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires), de acuerdo con diversas fuentes consultadas. Su motivación fue “darle más peso” a las críticas respecto del proceso de enjuiciamiento a los miembros de la Corte, que ya había sido cuestionado por diversas entidades que agrupan al empresariado. La idea fue, en este caso, hacerlo nombres propios.

La idea surgió el sábado pasado a la noche, por teléfono y entre este grupo selecto de amigos, tal como fue relatado a LA NACION. El consenso entre ellos llevó a sumar a otros conocidos: Roberto Murchison (Grupo Murchison), Javier Goñi (Ledesma) y Miguel Blanco (Swiss Medical).

El domingo a la noche, los cuatro originales coordinaron un llamado para dividirse la “agenda de contactos” y comenzar una suerte de telaraña por la cual a cada referido de confianza le ofrecería firmar -siempre a título personal- el documento que fue enviado al Congreso. El único límite fue no invitar a nadie que haya formado parte de algún órgano o partido político, indicaron.

La carta no fue firmada con el cargo empresarial o representativo que tienen quienes adscribieron al texto. De acuerdo con sus impulsores, todos aquellos que fueron llamados quisieron participar, aunque algunos no pudieron por “cuestiones de políticas empresariales”. El acuerdo se “certificaba” enviando el número de documento nacional, con el que se rellenó una planilla de Excel, que llegó a las 500 firmas hoy.

“Todos estamos preocupados por la necesidad imperiosa de lograr mayor calidad institucional en la Argentina. No solo las reglas cambian todos los días y hay una tendencia a no respetar la Constitución, sino que dentro de esto cuesta mucho respetar la independencia del Poder Judicial. Se lo empieza a criticar como si fuera un partido de fútbol”, describió Lipera, uno de los principales impulsores, ante la consulta de LA NACION.

Los empresarios concluyeron que el Gobierno busca embestir contra el máximo tribunal “por no compartir el contenido de dos de sus fallos”: el del Consejo de la Magistratura y el de la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recordaron también que en los últimos meses del último gobierno presidido por Cristina Kirchner, la Corte hizo lugar a reclamos de tres provincias (Santa Fe, Córdoba y San Luis) y, en ese entonces, no se impulsó un juicio político.

Lipera agregó: “No tienen mayoría en el Congreso. ¿Qué es lo que quieren hacer? Degastar a la Corte. ¿Qué tiene que hacer Zaffaroni en el Congreso? Buscan generar descrédito”. De acuerdo con el abogado, la intención fue “jugársela” y “dejar de lado la pasividad”, ya que se juega el “corazón de la democracia”.

“No queremos quedarnos callados. No queremos llorar, sino pensar activamente”, remató. Además, dijo que todavía no se han contactado autoridades ni del Poder Ejecutivo ni del Legislativo.

Además de los ya mencionados, a la carta adscribieron varios nombres fuertes del sector empresario, como Enrique Cristofani, Nicolás Braun, Gonzalo Tanoira, Guibert Englebienne, Luis Bameule, Facundo Gómez Minujin, Cecilia Mairal, Javier Patrón, Alejandro Elsztain, Mariano Bosch, Antonio Estrany y Gendre, Eduardo Braun, Gerardo Cartellone, Carlos Miguens, Juan Llach, Eduardo Caride, Fernando Oris de Roa, Juan Carlos Cassagne, Máximo Fonrouge, Julio Saguier, Arturo Acevedo, Cristiano Rattazzi, Gastón Remy, Claudio Cesario, Verónica Andreani, José Antonio Aranda, Ernesto Arenaza, Alberto Arizu (h), Eduardo Bastitta, Humberto Bertazza, María Cristina Bomchil, Máximo Bomchil, Alejandro Carrió, Santiago del Sel, Alberto Grimoldi, Hugo Daniel Krajnc, César Litvin, Agustín Otero Monsegur, Sofía Pescarmona, Damián Scokin, Enrique Shaw, Pablo Taussig y Gabriela Terminielli, entre otros.

Por otra parte, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) sostuvo, a través de un nuevo comunicado, “la imperiosa necesidad de que en nuestro país se acate plenamente el Estado de Derecho y la división de poderes”. “Iniciar un proceso de juicio político a los miembros de la CSJN por no compartir el contenido de sus sentencias, altera muy negativamente tanto la esencia del pacto constituyente sobre el que se edifica nuestra convivencia, como las perspectivas de crecimiento, de inversiones y de generación de empleo”, destacaron en una carta difundida esta tarde. “En tal sentido, y en las actuales circunstancias, se vuelve imperativo subrayar el respeto a la independencia del Poder Judicial y a las autoridades y sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, agregaron.

Previamente, preocupados por el impacto institucional y el efecto sobre el clima de negocios, empresarios representantes de las principales entidades, integrados en la Unión Industrial Argentina, expresaron masivamente su rechazo a la ofensiva.

“La imagen institucional en el plano internacional es fundamental. No solo por el tema de la deuda en la Argentina, sino por la credibilidad para la inversión que necesitamos para el desarrollo”, dijo a título personal Daniel Funes de Rioja, el presidente de la Unión Industrial Argentina.

El texto completo

CARTA ABIERTA A LOS DIPUTADOS DE LA NACION

Los abajo firmantes, ciudadanos, empresarios y profesionales preocupados por el presente y futuro de nuestra querida Argentina, nos dirigimos en primer lugar a los integrantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados como así también al resto de los diputados de dicha Cámara para que desistan del intento de juicio político a los jueces miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

La Constitución Nacional es el pacto social que une a los argentinos y es el marco en el cual se desenvuelven todas las actividades que se desarrollan en el país. El respeto a la división de poderes y el acatamiento a las sentencias del Poder Judicial son elementos esenciales de dicho marco y fundamentales para que exista y se mantenga la inversión privada y la creación de empleo, único camino para reducir la pobreza que afecta a gran parte de nuestros conciudadanos.

Iniciar un proceso de juicio político a los integrantes de la CSJN por no estar de acuerdo con el contenido de sus sentencias, causa no prevista en la Constitución Nacional, es un desatino institucional que, además de ponernos en evidencia negativamente ante los ojos del mundo, pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en Argentina. ¿Quién va a invertir en un país que cambia las reglas de juego permanentemente y desconoce los fallos de la Justicia?

Por tal motivo, los abajo firmantes apelamos a la conciencia y responsabilidad de los diputados para que reflexionen a tiempo, se aboquen a la tarea de abordar los múltiples problemas que aquejan a nuestra población y le eviten a nuestro país un período de turbulencia política injustificada que no contribuye en nada a la solución de dichos problemas.

De ustedes depende

Buenos Aires, 19 de enero de 2023