Análisis El kirchnerismo redobla el relato para disimular las derrotas

Por Eduardo van der Kooy

Comprueba que las cosas ya no son como antes de las elecciones de 2021. Y tras el retroceso dentro del Frente de Todos que implicó su revés en el Congreso por el acuerdo con el FMI, busca iniciar un “plan político de recuperación”.

El kirchnerismo ha empezado a brindar señales acerca de su intención de iniciar un “plan político de recuperación”. Implica que su reciente derrota en Diputados y el Senado, que avalaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), le habría generado un claro retroceso en el Frente de Todos. Inadmisible para esa fuerza que se asume vanguardista.

Los K tuvieron poca fortuna durante el proceso negociador que Martín Guzmán encaró con el organismo financiero. El pedido de prorrogar los pagos por más de 10 años fue denegado. También la posibilidad de reducir las comisiones que la Argentina paga por su préstamo. Ambas cosas forman parte de los reproches que llueven todavía sobre el ministro de Economía. Cristina Fernández y Máximo Kirchner presumen que el académico de la Universidad de Columbia nunca les habría dicho toda la verdad.

Desde el momento en que besó la lona, el kirchnerismo hizo tres cosas. Utilizó el Día de la Memoria para buscar una reposición dentro de la coalición oficial. Con críticas expuestas al FMI y algunas admoniciones llamativas. El diputado Máximo le dijo a Alberto Fernández: “Lo que se haga debe ser con la gente adentro”. Cripticismo en estado puro.

La vicepresidenta pretendió acelerar en el Senado el proyecto del Consejo de la Magistratura. La ley que rige en la actualidad, otra obra de Cristina, caducará a mediados de abril de acuerdo con un fallo de la Corte Suprema que la declaró inconstitucional. Como broche, el kirchnerismo resolvió impulsar otro proyecto para gravar bienes en el extranjero (inmuebles o dinero) que nunca habrían sido blanqueados. Ni en la moratoria del 2008, de la cual sacó provecho el empresario K Lázaro Báez, ni en la del 2017, que usufructuó una parte de la familia de Mauricio Macri.

A cada paso, el kirchnerismo comprueba que las cosas ya no son como antes de los reveses en las PASO y las legislativas de 2021. El proyecto sobre la Magistratura debió regresar a Comisión. La sesión prevista para esta semana fue cancelada. Un aliado clave del FDT, el senador rionegrino Alberto Weretilneck, puso palos en la rueda. Convalidó la idea de apartar a la Corte Suprema de la integración del próximo Consejo. Como contraparte, reclama la posibilidad de incorporar como consejeros a jueces y abogados de cada distrito judicial. Para, según su óptica, federalizar al organismo.

Sin su respaldo, el oficialismo no llega a los 37 votos que requiere la mayoría en el Senado. Aunque no habría sido un rebelde solitario. Otros senadores oficialistas objetarían aspectos del dictamen que hasta este martes parecía listo para su tratamiento en el recinto.

Alberto Fernández avaló el proyecto de Cristina Kirchner para que la deuda con el FMI sea pagada con fondos ocultos que los argentinos tengan en el exterior.

Detrás de ese fracaso no estaría comprometida la épica que el relato kirchnerista siempre necesita para enmascarar los déficits políticos y de gestión. La integración de la Magistratura posee innegable importancia institucional. Lejano del gran público y árido también para la feligresía que le responde.

Otra cosa es la aventura de proponer que la deuda con el FMI (¿el total o a medida que se produzcan los vencimientos?) sea pagada con los fondos ocultos en el exterior que los propietarios argentinos nunca decidieron blanquear. “La plata de los ricos”, según el decir triunfal de un camporista de la primera línea.

El Gobierno (este y los anteriores) cae siempre en el mismo error. La fuga de capitales posee como motor la gigantesca desconfianza que acicatea desde hace décadas la política nacional. El Presidente y Cristina podrían tomar nota de una estadística reciente. En los dos primeros meses del 2022 se fueron del país más de US$300 millones. Tres veces más que en 2021.

El proyecto está plagado de curiosidades y contrasentidos. En los hechos, podría representar un blanqueo de bajo costo. Prevé que los dueños deberían abonar el 20% de esos activos en dólares si lo hicieran en los seis primeros meses de la entrada en vigencia de la hipotética ley. Se estiraría hasta un 35% y un 50% si fuera hecho con posterioridad. No se menciona, que se sepa, la aplicación de la Ley Penal Tributaria que no sólo habilitaría la incautación total de los patrimonios. Dispararía la chance del encarcelamiento.

Una pregunta inevitable caería sobre el papel de la AFIP. Que comanda Mercedes Marcó del Pont​. ¿Cuál ha sido su papel estos dos años y medio frente a los evasores? Podría aducirse, tal vez, la falta de herramientas para detectarlos. Vale recordar que la Argentina integra el acuerdo multilateral aprobado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en 2014 de intercambio automático de información sobre cuentas financieras. Más de 120 países se acoplaron desde su creación.

Aquel proyecto pronostica beneficios a quienes colaboren con la AFIP en el descubrimiento de los tesoros escondidos. La doble vara K de siempre. Se negaron a votar la Ley del Arrepentido para dilucidar causas de corrupción. La siguen cuestionando de manera sistemática. En especial, desde que sirvió para dar vida judicial al escándalo de los “cuadernos de las coimas”, que tiene embretada a la vicepresidenta. Ahora estarían dispuestos a consagrar casi la “Ley del Delator”.

Cristina Kirchner se reunió el lunes con el embajador de EE.UU., Marc Stanley. Le pidió apoyo para su polémico proyecto de crear un impuesto sobre los bienes en el exterior sin declarar.

Otra flagrancia consistiría en que el proyecto no hace ninguna distinción sobre el origen del dinero. ¿Podrían parangonarse los evasores y lavadores de activos provenientes del terrorismo o del narcotráfico con aquellos que lo acumularon de manera lícita?

No pareció una casualidad, en medio de semejante despliegue de humo épico, que Cristina haya divulgado la idea del plan en una conversación que mantuvo en el Senado con el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley. El kirchnerismo supone que en ese país estaría cobijada la mayor parte de las fortunas de connacionales a las cuales el Gobierno pretende acceder.

Nuestro país firmó con Washington, en ese terreno, un convenio de reciprocidad en 2017. Estaba Macri. Pero EE.UU., para facilitar la información, se rige por la Ley de Cumplimiento Fiscal relativa a cuentas en el Exterior (FATCA) que establece normas de rígida confidencialidad. Compartible con “administraciones serias”. ¿Lo sería la Argentina?

Quizás en los tuits que sucedieron a la reunión entre Cristina y Stanley pueda descubrirse alguna huella. La vicepresidenta enumeró los temas tratados. Subrayó el proyecto para gravar las fortunas clandestinas. El embajador destacó el buen clima del diálogo, abogó por nuevos encuentros y resaltó el encanto de “los chocolates patagónicos”.