Opinión

Análisis El juicio que desnuda los negocios ocultos de la obra pública

Por: Hugo Alconada Mon

Once años después de radicada la primera denuncia, comenzó el juicio oral en la llamada «causa Vialidad», que registra como acusados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a su exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, a su exsecretario de Obras Públicas, José López, y a la plana mayor de la Dirección Nacional de Vialidad entre 2003 y 2015.

¿Qué acusación afrontan? Haber integrado una asociación ilícita que movió las palancas del Estado nacional para, de manera delictiva, favorecer al presunto testaferro de los Kirchner, Lázaro Báez, con al menos 52 obras públicas que le costaron más de $ 46.000 millones a las arcas públicas.

Horas antes de sentarse por primera vez en el banquillo de los acusados, Fernández de Kirchner afirmó por Twitter que ella nunca debió ser parte de este juicio oral. «La citación de hoy se trata de una denuncia efectuada por el gobierno de Mauricio Macri sobre obras públicas viales llevadas a cabo enteramente en la provincia de Santa Cruz. No se trata de una denuncia original sino de un refrito de denuncias desde el año 2008, armadas por diputados de la Coalición Cívica, en las cuales Comodoro Py se declaró incompetente en el año 2011 y la justicia de Santa Cruz las sobreseyó por inexistencia de delito».

«Para que se entienda: se trata de licitaciones de obras públicas viales realizadas por un órgano provincial que depende del ministerio de economía y de la gobernación de la provincia», afirmó Cristina. «Jamás tomé intervención alguna en los expedientes administrativos que se realizaron por cada una de estas obras».

Por el contrario, ¿qué plantearon los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, la unidad antilavado (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA), convalidó el juez federal Julián Ercolini, en primera instancia, y la Cámara Federal de Apelaciones?

Según sintetizó el juez Ercolini al elevar el expediente a la instancia oral, el entonces presidente Néstor Kirchner habría montado una «estructura» con funcionarios de su confianza que Cristina Fernández mantuvo en sus cargos al asumir la Presidencia en 2007 y que durante años cometieron «múltiples irregularidades, todas destinadas al favorecimiento» de Austral Construcciones y otras empresas constructoras de Báez como Kank y Costilla, Gotti Hermanos, Loscalzo y Del Curto y Sucesión de Adelmo Biancalini.

«Se destaca -precisó Ercolini- que el Grupo Báez no habría cumplido con el tiempo pautado en la mayoría de los contratos de obra pública vial que se le atribuyeron, que se le concedieron sucesivas prórrogas que aumentaban su valor vigente y que, en razón de ello, el Estado nacional debió desembolsar sumas dinerarias por encima de los montos contratados; también, un aumento sistemático del precio presupuestado mediante la concurrencia de varias empresas del mismo grupo y la falta de competencia en las licitaciones; todo lo cual le habría ocasionado un perjuicio patrimonial, que fue posibilitado a través de la estructura funcional organizada para cumplir con los fines perseguidos por la asociación en cuestión».

Por eso, dentro de esa presunta trama, la expresidenta quedó bajo sospecha de actuar como coautora de los delitos de administración infiel agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública, reiterada en 49 oportunidades, en concurso real con asociación ilícita en la que habría actuado como jefa.

¿Por qué se sospecha que habría intervenido como jefa de la banda criminal? Según los fiscales Pollicita y Mahiques, porque «fue quien -junto a Néstor Kirchner-, ideó, instauró, organizó y sostuvo la asociación ilícita investigada, y desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional controló el correcto cumplimiento del rol de los restantes miembros, sin rendir cuentas ni solicitar permiso a ninguno de los otros integrantes de la organización».

¿Un ejemplo concreto? Según los fiscales, como Presidenta firmó un decreto que facultó a la cúpula de Vialidad «para que hiciera uso de los fondos extra presupuestarios del fideicomiso (.) y fuera utilizado por los funcionarios para pagar obras asignadas a las empresas de Báez, todo ello, pese a las recomendaciones en contrario de las Direcciones de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación y Economía; y usó las facultades de sus subalternos -ministro, secretario y administrador general- para direccionar más fondos de sus respectivas carteras, con el fin de beneficiar a Lázaro Báez y sus empresas».

¿Qué habría implicado para Báez ese trato favorable de la administración kirchnerista? Según los fiscales, «fue beneficiario de un canal exclusivo de pago anticipado, cobró más rápido los certificados de pago extendidos por el Estado, solicitó y obtuvo anticipos financieros sin cumplir los requisitos legales exigidos, recibió certificados por obra no realizada o que no se adecuaba al plan de trabajos y fue beneficiario de un flujo de dinero multimillonario que le garantizó ser el único contratista de obra pública en el país al que no se le adeudaba un solo centavo al finalizar el mandato de su socia Cristina Elisabet Fernández».

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