Denuncias penalesEl Gobierno, en silencio y sin reacción ante el escándalo de los hisopados en Ezeiza

Pese a que ya se acumulan, al menos, tres denuncias penales, los diferentes organismos públicos con jurisdicción en el aeropuerto no se han involucrado para resolver la situación
La regulación espasmódica es casi un sello de la administración de Alberto Fernández. Dicho de otra forma, ante un determinado asunto que tenga impacto en los medios -lo que no se muestra no existe para la Casa Rosada-, una regulación para cruzar la cobertura. Sin embargo, más allá de la premura para imponer una barrera paga en el ingreso al país por Ezeiza, desde que LA NACION reveló el escándalo de los hisopados el Gobierno permanece quieto, callado, sin reacción y claro está, sin asumir ninguna responsabilidad.

Por ahora, sólo hay una auditoría que mandó a hacer el Ministerio de Salud cuando, mediante una investigación periodística, tomaron conocimiento de lo que sucedía en la principal puerta de ingreso desde el exterior que tiene el país. Al menos, una buena para el mundo de la comunicación: en la cartera que conduce Carla Vizzotti consultan los medios. Pese a semejante irregularidad, que debió ser detectada mucho antes por Claudia Viviana Maides, directora nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, un organismo que depende de Subsecretaría de Calidad, Regulación y Fiscalización del ministerio de Salud, nadie habló en público. Apenas se hizo una auditoría el día de la publicación cuyos resultados aún no están disponibles.

Más allá de la responsabilidad que le podría caber a Vizzotti, Sanidad de Fronteras está bajo el organigrama que maneja Alejandro Salvador Costa, identificable como la segunda voz en aquella memorable conferencia donde se anunciaron contagiados y muertes de la mano de las trenzas antigravedad de la Payasa Filomena.

“La Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras realizó el 30 de abril una inspección en los laboratorios Labpax y Sanity Care, encargados de efectuar los testeos por COVID-19 a pasajeros internacionales en el predio del Aeropuerto Argentina 2000. La inspección consistió en verificar los procesos de trabajo para la toma de muestras y procesamientos, como así también en la fiscalización de las tareas administrativas que allí se realizan. Se hizo una inspección tanto del centro de testeo como del centro médico de Sanity Care y se evaluó todo el proceso de hisopado y traslado de muestras. También se les requirió documentación societaria, habilitaciones sanitarias e inscripción de bioquímicos y profesionales que se allí se desempeñan”, fue la escueta respuesta del Ministerio de Salud ante la consulta de LA NACION. Fue la respuesta ex post del Estado.

Atrás quedaron aquellas fotos oficiales cuando raudos y diligentes del 30 de marzo, cuando Vizzoti y los ministros de Transporte, Mario Meoni, y del Interior, Wado De Pedro, recorrían las instalaciones de Ezeiza “para controlaron el operativo de testeo”, de acuerdo a lo publicado por la comunicación oficial en la página Argentina.gob.ar. Nadie se reconoce en aquellas fotos.

En el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) también miraron para otro lado. “El organismo regulador no participa ni tiene responsabilidad en la selección del prestador ni establece el costo final para el usuario aeroportuario, toda vez que las actividades industriales, comerciales y de servicios del Grupo A de aeropuertos del Sistema Nacional de Aeropuertos se realizan bajo exclusiva responsabilidad del concesionario Aeropuertos Argentina 2000 y en este caso particular, bajo las directivas de las autoridades sanitarias de carácter nacional”, contestaron.

Sin embargo, el Orsna no está al margen de la situación. De hecho, el fallecido ministro de Transporte, Mario Meoni, envió una nota al regulador donde daba instrucciones claras respecto de los trámites para cumplimentar la obligación. “Tengo el agrado de dirigirme a Usted a fin de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios necesarios para que, de forma articulada con los operadores de los aeropuertos que presten servicios a vuelos internacionales, se garantice -a costo del pasajero- la realización de la prueba para SARS-CoV-2 al arribo al país. Dada la situación de excepcionalidad por la cual se solicita la práctica de los test para SARS-CoV-2, y frente al gran volumen de estudios que se realizarán, se entiende que corresponde priorizar a aquellos prestadores que estén en condiciones de realizar los estudios a un costo menor al vigente para el mercado particular”, dijo Meoni al director del Orsna, el santiagueño Carlos Pedro Mario Aníbal Lugones Aignasse. Todos miran para otro lado ahora.

Aquella resolución administrativa, firmada por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que estableció que era obligatorio el test de antígeno a cada pasajero que ingrese al país por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, fue un ejemplo de esa manera de imponer soluciones generales ante una situación particular. Una reacción reflejo frente a los estudios falsos que detectaron en una agencia de turismo que comercializaba viajes de estudiantes al exterior. Ante los test falsos que puede hacer cualquier “vivillo”, habrá pensado Cafiero, los realiza el Estado.

Pero resulta que el Estado no los hizo, sino que se formó un laboratorio trucho con dos monotributistas para que presentaran el servicio vital para que no ingresen nuevas cepas de coronavirus, muchas de ellas más contagiosas.

Finalmente, tampoco hubo palabras de la Dirección Nacional de Migraciones, un organismo que depende del Ministerio del Interior que maneja De Pedro, pese a que sí se escuchó la voz oficial cuando se dio el caso del pasajero positivo que ocultó su contagio al llegar a Ezeiza.

Mientras tanto, Labpax, factura. Quienes llegan a la estación pagan 2500 pesos y ya no esperan apenas un par de unos minutos para conocer el resultado ya que el nuevo orden estableció, al menos, respetar los 15 que dice el prospecto del test. La resolución del tema aún no tiene responsables. Y por cada día que pasa, las monotributistas recaudan. Ya llevan unos 20 millones de pesos desde que LA NACION contó el caso, mientras el Estado mira para otro lado.