Opinión

Análisis El Gobierno denigra la política de derechos humanos

Por Eduardo van der Kooy
La administración kirchnerista privilegia los intereses geopolíticos de la coyuntura. Para no condenar a Maduro y Ortega usó el argumento de la no intromisión. Debería esmerarse más para explicar lo que parece inexplicable.

Las relaciones internacionales del gobierno de Alberto Fernández reflejan con transparencia dos fenómenos que se repiten en el plano interno. El peso ideológico determinante que ejerce Cristina Fernández; la incapacidad de los sectores peronistas del Frente de Todos para hacer prevalecer posturas más moderadas. Racionales y acordes, en muchos casos, con antecedentes que le permitieron a la Argentina ganarse un lugar en el mundo sobre temas específicos. Uno: la defensa de los derechos humanos.

La claudicación, al margen de máscaras circunstanciales, se manifiesta en la región en dos situaciones. Circula por otro andarivel el pedido de una investigación a Israel por los recientes episodios bélicos con la organización terrorista palestina, Hamas. Se trata de los atropellos en Nicaragua, donde el mandatario Daniel Ortega y su poderosa mujer, Rosario Murillo, encarcelan a líderes opositores que pretenden confrontarlos en las elecciones de noviembre. La resistencia, además, a eludir cualquier condena contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, sobre quien pesa la acusación de 8.292 ejecuciones extrajudiciales, 131 asesinatos y más de 12 mil prisiones arbitrarias.

El Gobierno se negó este martes a firmar en la ONU una declaración conjunta de 59 países contra el clan Ortega. De nuevo decidió plegarse a México, convertido casi en el único anclaje de fuste que encuentra el gobierno de Alberto. Sus otros socios son Bolivia, Venezuela y, a futuro, probablemente Perú, ni bien se confirme la victoria electoral del maestro rural Pedro Castillo. La Argentina mantiene diferencias con todas las naciones de origen del Mercosur (Brasil, Uruguay y Paraguay). También con Chile, Ecuador y Colombia.

El informe sobre la situación nicaragüense fue elaborado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la ex presidente socialista de Chile, Michelle Bachelet. También ha sido la encargada de elaborar aquel trabajo lapidario sobre Venezuela, que Alberto supo avalar en sus tiempos iniciales como Presidente. En las últimas horas mencionó incluso excesos en Formosa durante la pandemia. Que el ministro Felipe Solá tradujo como un elogio.

La postura adoptada en Ginebra fue similar a la tomada días antes en la Organización de Estados Americanos (OEA). En ese momento se explicó que la reticencia argentina había estado acicateada por la mala relación que mantiene con el Secretario General de esa organización, el uruguayo Luis Almagro. Su papel fue decisivo para la declaración de fraude en Bolivia, donde Evo Morales pretendió, sin suerte, obtener un cuarto mandato consecutivo en 2019. Tuvo revancha un año después con su discípulo, Luis Arce. El desencuentro ocurre ahora en la ONU por los derechos humanos, cuya figura saliente es Bachelet. No se trataría de problemas personales. En todo caso, con posturas contradictorias con la historia que no pasan inadvertidas ni en la OEA ni en la ONU.

La decisión de no condenar a Nicaragua en la OEA produjo derivaciones. El primero en advertirlas fue el embajador en Washington, Jorge Argüello. También recogió tal malestar el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, durante una visita a EE.UU. que culminó en una cena con el ex presidente Bill Clinton. La postura abstencionista del Gobierno por Nicaragua desentona con las declaraciones de Massa. El ex alcalde de Tigre dijo que es “inadmisible” la existencia de presos políticos.

A raíz de aquel malestar, el gobierno argentino ensayó una suerte de parodia. De nuevo en sociedad con México, decidió “llamar en consulta” a su embajador en Managua, Daniel Capitanich. Una manera improvisada de intentar pararse ante la mirada del mundo en un supuesto carril equidistante. No hay tal: le negativa a suscribir la declaraciones de la ONU denuncia que la administración kirchnerista privilegia los intereses geopolíticos de la coyuntura por encima de la defensa irrestricta de los derechos humanos. Asunto que va denigrando.

La contundencia del último informe de Bachelet tornó más complicada la posición argentina. “Desde hace más de tres años este Consejo –narró la ex presidente chilena- ha analizado en profundidad la crisis de derechos humanos, social y política que afectan a Nicaragua. Lamentablemente debo informar que no se ha dado cumplimiento a la casi totalidad de la recomendaciones formuladas por mi Oficina al Estado de Nicaragua. Esta crisis no sólo no presenta visos de ser superada, sino que se profundizó de manera alarmante”.

Repitiendo los pasos dados cuando sucedió la abstención en la OEA, la Argentina hizo conocer su postura en una carta que divulgó la embajada en Ginebra. En la misiva manifestó su preocupación por la detención de figuras opositoras en Nicaragua. Así como por las continuas denuncias de graves violaciones a los derechos humanos. En sustancia, casi lo mismo que suscribieron 59 países en la declaración de la ONU. ¿Por qué razón, entonces, la abstención? Para evitar un alineamiento político explícito que no complace a Cristina ni al kirchnerismo.

El argumento de la no intervención
En el caso de la ONU como con anterioridad en la OEA, el gobierno argentino recurrió a la misma justificación. Solo la hizo pública en la primera oportunidad. Fue cuando el embajador en aquel organismo, Carlos Raimundi, en sintonía con México, expresó su desacuerdo con los países que “lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas dejan de lado el principio de no intervención en los asuntos internos”.

La justificación suena extremadamente débil para un Gobierno, el de los Fernández, que no ha vacilado con intromisiones en otros países. Varias de ellas, sorprendentes, originadas por la pandemia. Dejando de lado esta crisis trágica, sobran los ejemplos. Alberto ha dicho públicamente que en Uruguay extraña a José Mujica y Tabaré Vázquez, este ya fallecido. El mandatario es ahora el dirigente blanco Luis Lacalle Pou. Antes de las elecciones constituyentes en Chile, proclamó la necesidad de la unidad de la izquierda para intentar derrotar a la derecha. Sebastián Piñera, el actual presidente, pertenece a esa franja política.

En el peor momento de la crisis en Colombia instó a terminar con la violencia institucional del gobierno de Iván Duque. La violencia era generalizada. El kirchnerismo envió a Bogotá una misión observadora que encabezó el titular de la CTEP, Juan Grabois. Sólo a este dirigente católico las autoridades colombianas no lo dejaron ingresar. Por irregularidades en su documento. La Cancillería emitió una nota de protesta.

El Gobierno debería esmerar más sus argumentos para explicar al mundo aquello que, demasiadas veces, parece inexplicable.

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