Por Fernando Laborda
La reciente derrota del oficialismo ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de admitir el per saltum presentado por los tres jueces removidos de sus cargos por el Senado de la Nación y las reacciones de algunos voceros del gobierno de Alberto Fernández frente al fallo hacen temer una batalla de mayor intensidad si el máximo tribunal finalmente dispone que los magistrados en cuestión permanecerán en los tribunales donde fueron trasladados durante la gestión de Mauricio Macri.
Basta con repasar las declaraciones de las últimas horas del secretario de Justicia, Juan Martín Mena, quien criticó abiertamente el fallo. Este funcionario de estrecha confianza de Cristina Kirchner no dudó en afirmar que los miembros de la Corte Suprema están tratando de fijar una agenda política, que son «influenciables» y que se hicieron eco de «presiones» de ciertos medios de comunicación, de la oposición política y de la gente que salió a las calles.
Aunque Mena aseguró que el Gobierno «no va a elegir y trasladar jueces discrecionalmente», algunas aclaraciones que formuló ante las requisitorias periodísticas pueden ser interpretadas como verdaderas amenazas de lo que podría hacer el Poder Ejecutivo Nacional si prosperara la restitución de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli en los cargos de los cuales fueron removidos por el Senado y por un decreto del presidente Fernández.
El secretario de Justicia recalcó que el Presidente evitó tomar facultades que la Constitución le otorga en relación con la Corte y optó, en cambio, por convocar a una comisión de expertos que propondrá alternativas para el mejor funcionamiento del más alto tribunal de la Nación. Si bien subrayó que Alberto Fernández «no apeló a una herramienta discrecional» al ser consultado sobre cambios que pueda impulsar en la Corte el primer mandatario, una lectura de ese mensaje permite entrever que en el Gobierno no se descarta nada. Y como para generar ese clima, sentenció: «Observo un deterioro muy grande en el funcionamiento de la Corte. Perdió prestigio jurídico».
La determinación de los cinco miembros de la Corte a la hora de declarar admisible el per saltum no solo enfadó sino que sorprendió al Presidente y a sus principales operadores judiciales. El pronóstico que más se escuchaba en el Gobierno era que, en el peor de los casos, el máximo tribunal solo se abocaría al caso sobre el traslado de los jueces una vez que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal se pronunciase sobre el particular.
Propios y extraños reconocen que el Presidente cometió un serio error político con las imprudentes e inoportunas declaraciones formuladas en vísperas de una decisión trascendental de la Corte
Nadie en el Gobierno podría descartar de plano un fallo de la Corte favorable a Bertuzzi, Bruglia y Castelli, sabiendo que en la hoy célebre acordada 7, emitida por ese mismo tribunal el 11 de abril de 2018, tres de los jueces que hoy siguen integrando el cuerpo, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, ya se han pronunciado sobre el fondo de la cuestión, en el sentido de que, con relación al supuesto traslado de magistrados federales para desempeñar funciones de la misma jerarquía dentro de la jurdisdicción federal, con igual o similar competencia material, mediando consentimiento del magistrado respectivo, «no es necesaria la instrumentación de un nuevo procedimiento de designación, conforme las exigencias del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional».
Independientemente del fallo que vendrá en las próximas semanas sobre el fondo de la cuestión, aun hoy sobrevuela en los despachos oficiales el interrogante sobre por qué los miembros de la Corte decidieron meterse de lleno en el asunto sin siquiera esperar el trámite que estaba teniendo en el fuero contencioso administrativo federal.
Las explicaciones oficiales que desparraman distintos funcionarios y voceros del oficialismo es que los miembros del más alto tribunal fueron influenciados por las manifestaciones callejeras. Algo que dio lugar al dirigente albertista Leandro Santoro a preguntarse: «¿Qué es esto de decir que la Corte escuchó la movilización popular? ¿Y si nos movilizáramos nosotros?».
No obstante, no faltan otros hombres del oficialismo que se preguntan si la destemplada crítica pública que formuló el presidente de la Nación al juez Carlos Rosenkrantz en particular y al máximo tribunal en general el lunes último, cuando se preguntó «¿Qué es lo que está buscando el presidente de la Corte?», pudo haber predispuesto negativamente a los cinco integrantes de ese cuerpo. Días antes también había cuestionado al Poder Judicial por no implementar la ley Micaela, pese a que la Corte Suprema creó la Oficina de la Mujer, en 2009, y llevó a cabo muchas acciones para combatir la violencia de género. Un hecho que le valió la réplica de Elena Highton de Nolasco.
Hoy propios y extraños reconocen que el presidente Fernández cometió un serio error político con esas imprudentes e inoportunas declaraciones, formuladas en vísperas de una decisión trascendental de la Corte. Demostró una falta de timing inhabitual en un dirigente que, antes de llegar a la jefatura del Estado, fue un consabido operador político.
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