La compra fue recomendada por Gonzalo Calvo, un ex secretario de Seguridad de la Municipalidad de Almirante Brown. Igual que la jefa administrativa del Ministerio, ya había trabajado allí en la gestión de Alicia Kirchner.
El funcionario que pidió la compra del aceite, el azúcar y los fideos por los que se pagaron sobreprecios en el Ministerio de Desarrollo Social había sido investigado por corrupción hace un año, mientras era funcionario de la Municipalidad de Almirante Brown.
El requerimiento de la compra de insumos para distribuir en los sectores más vulnerables a raíz de la emergencia del coronavirus fue hecho por la Secretaría de Articulación de Política Social a cargo de Gonzalo Calvo. Calvo asumió en diciembre pasado.
Según confirmaron a Clarín tres fuentes independientes entre sí, se trata del mismo funcionario que renunció hace un año a la secretaría de Seguridad de Almirante Brown tras ser filmado por una cámara oculta donde presuntamente le cobraba coimas a una empresa de seguridad privada.
Tras la difusión de ese video en Facebook, Calvo dejó su cargo en ese municipio del conurbano bonaerense, en marzo del año pasado.
Fuentes cercanas al intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, dijeron que, tras la denuncia, el propio Calvo se presentó a la UFI de Lomas de Zamora a cargo del fiscal Pablo Rossi y que el municipio le abrió un sumario administrativo.
«Por lo que tenemos entendido, el fiscal no pudo constatar la existencia de delito», dijeron las fuentes. Y el sumario municipal se cerró.
En aquel momento, Calvo les dijo a sus jefes del municipio que efectivamente la persona que aparece en el video era él, que no recordaba cuándo había tenido lugar esa conversación ni quién había sido el hombre con el que se lo ve hablando.
«De este monto había a cuenta esto, el cincuenta… y te traigo el resto», le dicen a Calvo en una oficina, mientras su interlocutor le muestra unos papeles.
«Sí, acá dice dos y era tres… se hizo el boludo. Decile a Claudio que se hizo el boludo», contesta el funcionario en ese video, que dura poco más de dos minutos.
El presunto pedido de coimas habría sido a la empresa de seguridad privada «Líderes». En el municipio dijeron que esa empresa no tuvo contratos con la comuna y que el video que comprometía a Calvo «se había filmado dos o tres años atrás».
Aún así, el intendente Cascallares lo echó: el 25 de marzo del año pasado anunció el reemplazo de Calvo por la nueva secretaria de Seguridad y Justicia, Paula Eichel.
Antes de eso, Calvo ya había trabajado en el Ministerio de Desarrollo Social en la gestión de Alicia Kirchner y Carlos Castagneto, igual que la actual secretaria de Gestión Administrativa de la gestión de Arroyo, Cecilia María Lavot. De Lavot depende la Dirección de Compras y Suministros que autorizó los pagos.
Lavot es abogada y fue apoderada de la agrupación política kirchnerista Kolina, que lideraba precisamente Alicia Kirchner.
Estos ex funcionarios de Alicia Kirchner y Castagneto volvieron ahora al ministerio nombrados por el mismo decreto presidencial 69/2019 del 23 de diciembre pasado. El ministro Arroyo había asumido 13 días antes.
En las Resoluciones 150 y 156/2020 del Ministerio de Desarrollo Social la Secretaría de Calvo es la que «requiere» la compra de 1,7 millones de botellas de un litro y medio de aceite mezcla para ser distribuidos junto a otros alimentos en la emergencia por el coronavirus.
Cuando la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) avisa que el precio oficial es de $131,02 (aunque en algunos supermercados cuesta aún menos) la Secretaría de Calvo insiste: «no obstante exceder los valores…, en atención a los compromisos asumidos frente al coronavirus COVID-19, resulta imprescindible contar con el insumo… motivo por el cual esa Secretaría considera meritoria la justificación de excedencia…». Es decir, cómprese igual, aún sabiendo que se está pagando un sobreprecio: entre $157,80 y $166,58 cada botella de aceite, en lugar de los $131 recomendados.
Lo mismo sucede con el azúcar, insumo para el que la Secretaría de Articulación de Política Social pide 2,6 millones de kilos. La SIGEN informa el precio testigo: $58,49. El Gobierno sólo consigue 680.000 paquetes y los paga $74,97 y $75,20.
Ante la diferencia de precio, el funcionario Calvo argumenta nuevamente: «No habiéndose obtenido una mejora de oferta por parte de las firmas requeridas, la Secretaría de Articulación de Política Social informa que resulta imprescindible contar con el insumo cuya adquisición tramita…, y que considera meritoria la justificación de excedencia en razón de ser sumamente necesario para este Ministerio».
Otra vez: la SIGEN advierte que se pagará más pero la Secretaría de Calvo insiste en que la necesidad lo justifica. Y el Ministerio lo compra.
Este es el enfoque político que luego llegó a la cumbre del gobierno: que las compras se hicieron igual por la necesidad de enviar los alimentos y no se consiguieron precios mejores.
«Yo creo en la honestidad de Daniel Arroyo, quien dispuso abrir una investigación dentro del Ministerio para ver qué pasó. Él tuvo el dilema de alimentar a la gente o pagar esos precios, y eligió alimentar a la gente», dijo el presidente Alberto Fernández este lunes, en TN.
La investigación interna incluyó a los ex funcionarios de Alicia Kirchner que volvieron a manejar la primera línea del Ministerio por debajo de Arroyo. Así, el ministro echó a Calvo. Falta determinar si los que quedan de aquella gestión conservan o no vinculaciones con las empresas proveedoras desde sus tiempos de ex funcionarios en el mismo Ministerio donde están ahora.
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