Por Ernesto Tenembaum
El miércoles por la noche, el ministro de Economía Martín Guzmán concedió su primera y única entrevista en “A Dos Voces”, el programa emblema de la señal de noticias del grupo Clarín. Guzmán es, básicamente, un académico: tal vez por eso se esmeró en usar un tono didáctico para explicar los primeros pasos de su Gobierno. Repasar lo que dijo aquella noche, en medio de tanto vértigo, es útil para entender qué es lo central de lo que ocurrió en los primeros diez días de “fernandismo”.
Guzmán vinculó la ley de Emergencia con la inminente negociación con los acreedores externos. “Cuando uno va a una conversación de esa naturaleza tiene que mostrar que tiene un programa, que puede establecer un sendero fiscal y externo que sea consistente con el cumplimiento de los nuevos compromisos que se asumen. Si esta ley no estuviese sería muy difícil para el país poder tener las condiciones que necesita para poder tener una política de deuda adecuada”.
Luego explicó su enfoque sobre los problemas fiscales de la Argentina. “Hay un compromiso con equilibrar las cuentas y con tener un sendero que sea consistente con la recuperación de la economía…no se puede aumentar el déficit fiscal. Estamos siendo responsables. Sabemos que hoy en día la Argentina no tiene financiamiento…Nosotros no vamos. a salir a hacer una expansión fiscal brutal, financiada por el Banco Central”.
En limpio, los primeros pasos del Gobierno están dirigidos a poner en marcha un plan que busca el equilibrio fiscal, para ganar credibilidad ante los acreedores externos. Esa presentación recibió elogios inesperados. “Es un gobierno ortodoxo heterodoxo. En este contexto, es lo mejor que podíamos esperar”, le dijo a sus clientes Miguel Ángel Broda, el histórico gurú de la city. “Las primeras medidas alejan claramente la idea de que Fernandez encabeza un gobierno populista. Eso es positivo”, consideró Lucas Llach, ex vicepresidente del Banco Central en la gestión de Mauricio Macri.
Así las cosas, el gobierno de los Fernández ha comenzado a rodar con una primera obsesión: el equilibrio fiscal. Así, parece consolidarse un consenso cada vez más amplio en la política argentina. Macri y Fernández arrancaron muy distinto: uno bajó retenciones al asumir y el otro las sube; uno subió tarifas, el otro las congela por un tiempo; uno eliminó innecesariamente el impuesto a la riqueza, el otro lo repone; uno encaró el problema económico a tontas y a locas, el otro intenta una dificultosa articulación de medios y fines, uno privilegió las jubilaciones altas mediante la “reparación histórica” y el otro empezó priorizando las más bajas. Son claras las diferentes prioridades. Pero la obsesión por el equilibrio fiscal trasciende esas diferencias.
“Equilibrio fiscal” es una expresión que parece virtuosa hasta que la sociedad empieza a entender lo que significa en términos concretos. Un ejemplo de ello es lo que está ocurriendo con las jubilaciones. En sus primeros pasos como Presidente, Alberto Fernández demolió en cuestión de segundos la ley de movilidad jubilatoria, que aseguraba que en 2020 todos los jubilados recuperarían gran parte del poder adquisitivo perdido en los últimos dos años. A cambio de eso, otorgó una compensación temporaria a quienes perciben menos de 19 mil pesos por mes.
La decisión de voltear la movilidad jubilatoria se justifica en una matemática estricta. Si se aplicara la la ley derogada, en 2020 las jubilaciones subirían más del cincuenta por ciento. Si, al mismo tiempo, el Gobierno pretende alinear precios y salarios alrededor del 35, y la economía ni crece ni cae, el aumento de la recaudación debería ser, también, cercano a esa cifra. ¿Cómo pagar, en ese contexto, un crecimiento mucho mayor del principal rubro del gasto estatal cuando la recaudación crece mucho menos?
El problema es que las sociedades no siempre entienden, y no tienen por qué hacerlo, de matemáticas. El Gobierno anunció medidas paliativas para las familias indigentes con niños menores a seis años, y para jubilados con ingresos menores a 19.000 pesos. Hay poco o nada para el resto porque, como explicó el ministro, no hay recursos para una política fiscal expansiva. Es necesario tranquilizar la economía para que esta empiece a moverse para hacer lo suyo, dice. Que es como decir que el cielo debe esperar. ¿Se podrá tranquilizar la economía? En ese caso, ¿empezará a crecer? ¿Tendrá paciencia una sociedad que ha tenido demasiada paciencia en la última década?
El paquete de medidas aumentó fuerte el costo de los viajes al exterior de un sector significativo de la clase media, anunció que será imposible ahorrar en dólares por largo tiempo, aumentó las retenciones al sector agropecuario, que tiene una historia reciente de conflictos con el peronismo. Por donde se lo vea, no es un arranque para ganar amigos. Cada sector, entonces, hace lo que sabe hacer: presionar. Los jueces, la clase política completa, los sindicatos docentes, los científicos, las empresas mineras y los gobernadores financiados por ellas, los ruralistas, tironean cada uno para su lado. Mientras, el decil más rico extrema su imaginación para que sus fortunas no tengan que pagar los nuevos impuestos.
Es un país donde nadie quiere perder nada. Ese detalle, precisamente, es el que lo ha llevado a dónde está. Pero nadie abandona fácilmente el único método que conoce. El gobierno necesitará mucha paciencia y una extremada sensibilidad para encontrarle una salida al laberinto que ahogó a todos sus predecesores y convencer a cada uno de la necesidad de ceder un poco.
Uno de los elementos que suelen ser necesarios para que los problemas no se agraven es que quien implementa un plan de este tipo no rife su autoridad. Esta semana estuvo a punto de pasar eso, cuando el oficialismo aprobó un proyecto que mantenía los privilegios para políticos y jueces. La marcha atrás de la Casa Rosada parece haber desactivado ese escándalo. ¿Cómo influirá en esta dinámica la avalancha de decisiones judiciales que mejoran la situación de personajes claramente vinculados a la corrupción, o a organizaciones mafiosas como las barras bravas del fútbol? En función de acuerdos previos, el Presidente, los jueces e incluso el liderazgo opositor parece caminar peligrosamente hacia un régimen de impunidad, como si tal cosa no tuviera ningún costo. ¿Por qué alguien aceptaría pagar impuestos si los responsables de un sistema corrupto por el que se fugan esos impuestos quedan libres en tiempo récord?
En el comienzo del camino, Alberto Fernández se enfrentará día a día a dilemas terribles. En los dos últimos meses del año la inflación se arrimará el 10 por ciento, y eso con el dólar y las tarifas planchadas. ¿Qué hacer con el dólar? ¿Pisarlo y generar otra vez un explosivo escenario de atraso cambiario o dejarlo correr y alimentar otro pico inflacionario? La economía es una ciencia endiablada y en la Argentina está enloquecida. Aumentar retenciones puede ser virtuoso en términos fiscales pero desalentar, al mismo tiempo, el crecimiento de las exportaciones necesarias para recaudar dólares. Aumentar las naftas estimula la producción de hidrocarburos, necesaria para ahorrar o conseguir dólares, pero ahoga a la sociedad y alimenta la inflación. Promover el consumo alivia a un país, siempre y cuando no ocurra que ese consumo fagocita los dólares imprescindibles para evitar una nueva crisis. Y así hasta el infinito. De las justas respuestas a todas estas preguntas, depende el destino del país. ¿Alguien las tendrá?
Nadie resuelve en una semana problemas tan graves como los que afectan a la Argentina. Ni en un mes. Ni en un año. Pero, aun si las cosas se hacen bien, esas demoras inevitables pueden generar ansiedad, incomprensión y fastidio.
Para empezar, bajó el riesgo país. Es algo, en comparación con lo que venía sucediendo. “Cuando el mercado aprenda lo que es Alberto Fernández, las expectativas van a ir mejorando. Tenemos un plan para que la cosa sea consistente. Y eso se está viendo”, pronosticó el flamante ministro de Economía. Toda una expresión de deseos. Y una definición filosófica.
Por Ernesto Tenembaum para Infobae
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