En los tribunales federales de Comodoro Py, igual que entre la dirigencia política, está aumentando la expectativa alrededor del caso «Amestoy, Silvina Laura, sobre incidente de recurso extraordinario». La trascendencia de este pleito es que, por primera vez, llegaría a la Corte Suprema una controversia que se resolvió con el procedimiento de un juicio abreviado. Es decir, aplicando una reforma del Código Procesal Penal que permite que, en medio de un proceso, el fiscal, el abogado de la defensa y el abogado de la querella se pongan de acuerdo en una pena y una reparación para la víctima. En tal caso, la acción penal quedaría extinguida.
El caso está siendo examinado por el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien podría pronunciarse en estas horas. Una vez que lo haga, deberá resolver la Corte Suprema. La importancia del caso es que muchos jueces, fiscales, imputados y querellantes están esperando la convalidación de ese mecanismo para aplicarlo a casos de mega corrupción en los que participaron múltiples actores. Para que eso sea posible es necesario que los imputados reconozcan su culpabilidad.
El caso Amestoy tiene esa característica. Se trata de una causa por estafas múltiples, con 19 imputados. Diecisiete de ellos aceptaron el procedimiento del juicio abreviado. En cambio, dos siguieron adelante con los juicios, en un intento por conseguir la absolución.
El procedimiento abreviado podría aplicarse a casos como el de los cuadernos de las coimas de Oscar Centeno hasta los juicios de Odebrecht en sus distintas variantes. Una de las ventajas que encuentran algunos imputados es que, si alguien se hace cargo del delito de manera individual, podría quedar fuera del alcance penal la empresa a la que ese arrepentido pertenece o pertenecía. No siempre esa resolución es tan sencilla. Cuando una compañía cotiza en la bolsa, sobre todo es controlada por la Security and Exchange Commission (SEC), puede quedar expuesta a los reclamos de quienes se consideran perjudicados por el delito.
Quienes defienden el juicio abreviado como solución de los mega casos de corrupción en los que incurrió el kirchnerismo y sus cómplices, alegan que es muy edificante resolver las sanciones en corto tiempo. Están también los que esperan que se resuelva el proceso cuanto antes para evitar el juicio oral y público. Algunos jueces, fiscales, políticos o empresarios temen que, en la última instancia del procedimiento, podrían aparecer fisuras por arbitrariedades.
En la Corte hay más de un magistrado que auspicia esta opción. Señalan que el más interesado es Ricardo Lorenzetti. El argumento es, además de judicial, político: consideran que los procedimientos duran décadas y terminan resolviéndose cuando ya nadie los recuerda. La Justicia resulta, entonces, estéril para regenerar la vida pública y castigar a quienes transgredieron la ley.
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