Opinión

Análisis El caso Báez transmite el peor mensaje judicial y agranda la imagen de impunidad del poder

Por Eduardo AulicinoLa excarcelación se explica como resultado de consideraciones judiciales puntuales. Pero es parte y nuevo ejemplo de tramas que perfilan largos procesos de final incierto. El recorrido del protagonista completa el cuadro: un nombre emblemático de la era K

La excarcelación de Lázaro Baéz –sujeta a una fianza millonaria- impacta por el protagonista, por sus socios, por las causas que arrastra y por la reiteración de un circuito fatigante para cualquier sociedad. Repite de algún modo una trama conocida, cuyo último hilo no parece discutible en sí mismo: en esta oportunidad, la decisión de la Cámara Casación que ordenó esa medida. En todo caso, asoma como parte de una historia repetida, con prisiones discutibles y hasta censurables, y tiempos eternos que transforman en espejismos las sentencias firmes, es decir, la justicia. Dicho de otro modo, el foco es insuficiente si resulta restringido a una decisión específica de un tribunal. La sucesión de hechos, en cambio, suele mostrar el oscuro juego de piezas judiciales y políticas.

Hay cuestiones concretas en la decisión que la Cámara de Casación impuso ayer al Tribunal Oral Federal 4. En la práctica, revirtió el rechazo a un pedido de la defensa, que la fiscalía había considerado. Esa salida fue allanada además por la ausencia de la Unidad de Información Financiera en una instancia decisiva. No sólo eso. Para completar, todo remite otra vez a la discusión sobre los fundamentos, alcances y límites de las prisiones preventivas.

Desde el lado público, el protagonista supera por mucho este caso, un capítulo o desprendimiento de la causa por la Ruta del dinero K. Báez también es eje o coprotagonista de otras investigaciones con trámite judicial tan denso como lento. Se destacan las causas Hotesur, Los Sauces y obras públicas, sin contar algunas otras en el fuero penal económico. Un amplio espectro, vinculado al poder del kirchnerismo y que salpica o involucra directamente a Cristina Fernández de Kirchner y su familia.

Difícil entonces analizar una sola entrega judicial, y más aún una sola medida de una Cámara, descolgada del contexto. El impacto social, incluso más que la lectura política, podría superar largamente ese límite, con un titilar en zona de riesgo: la imagen de impunidad del poder alimenta malestares y hasta debates según el color partidario, pero también suma un goteo inquietante sobre el más genérico terreno de la antipolítica.

El problema puntual que terminaría derivando en la prisión domiciliaria –a raíz de otra causa- repone el necesario debate sobre el dictado de prisiones preventivas. Es sabido que esa medida, que debería ser acotada a la posibilidad de riesgos para las causas –peligro de fuga o de entorpecimiento del proceso judicial, con interpretaciones dispares-, tiene también límites temporales, que fueron largamente sobrepasados para Báez. Ese sería el argumento central, según explican allegados a la defensa y argumentan en medios del oficialismo.

Parece claro que el rechazo a las prisiones preventivas sólo adquiere fuertes dimensiones cuando se trata de causas de potentes vínculos con la política y más aún con el poder. Del mismo modo, es visible que muchos casos sobre corrupción se mueven acompañando los vaivenes de la política. En ese contexto, con actores oscuros –entre ellos, servicios de inteligencia, asociados desde hace décadas a movimientos de jueces federales-, las prisiones preventivas se pueden transformar en condenas de facto, elementos a la vez para tratar de poner en duda el andamiaje de algunas causas.

Pero la discusión trasciende la letra de las leyes y la jurisprudencia, porque hay otros aspectos que también operan de hecho: el principal de ellos es el manejo de los tiempos. Corre también para el ejemplo de Báez.

La causa de la Ruta del dinero K arrancó en 2013. Fue trabada todo lo que se pudo durante la gestión de CFK, se movió en una etapa del gobierno macrista y ahora está frenada, a la espera de una solución para reanudar de manera virtual las audiencias del tribunal oral. Es llamativa hasta por una cuestión de recursos la serie de últimos aplazamientos. En resumen: ya se consumieron siete años, falta la resolución en el ámbito del TOF y luego seguramente el juego de reclamos ante las instancias superiores.

Los tiempos son entonces inciertos. Este caso derivado de aquél y que puso otra vez a Báez en el foco nacional lleva algo menos, cuatros años. Y la prisión preventiva unos meses más. Por mucho, motivo suficiente para reclamos. En ese largo caminar, también cambió el marco político, con otras excarcelaciones ruidosas y una escalada de CFK y sus allegados para frenar o desarmar su propio y complejo frente judicial.

Lo dicho: el análisis político no puede ceñirse a un solo aspecto del problema. Los errores o maniobras en la aplicación de medidas procesales son una parte. Un renglón saliente pero no único es la aplicación de prisiones preventivas. Pero del mismo modo, la dilación de los pasos judiciales representa un problema grave: una salvación mientras pasan los años lejos de las cárceles.

Los dos elementos combinados animan un juego desgastante visto desde fuera del poder y del ambiente político más agrietado. Ese es un dato, que a veces condensa disgusto social. Nada para despreciar en estos días de agotamiento global por la cuarentena.

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